Juan Bilbao, Julio Ponce, y nuestro mercado de cartón

Cada vez que se conoce la noticia sobre un asalto o algún atentado en la Araucanía, un conjunto de autoridades políticas salen exigir que se termine con la denominada “puerta giratoria de la delincuencia”, pidiendo el máximo de las sanciones legales para los responsables

Por Director

26/01/2015

Publicado en

Columnas

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mauriciodaza

Cada vez que se conoce la noticia sobre un asalto o algún atentado en la Araucanía, un conjunto de autoridades políticas salen exigir que se termine con la denominada “puerta giratoria de la delincuencia”, pidiendo el máximo de las sanciones legales para los responsables. Sin embargo estas mismas personas guardan un revelador silencio, o matizan fuertemente sus opiniones, cuando los imputados son personas vinculadas con ellos mismos, con sus pares o con sus financistas, tal y como ocurre en el impresentable caso de Martin Larraín o en el caso de los dueños del grupo Penta y los políticos que aparecen financiados por éstos; por nombrar sólo algunos. Este mismo fenómeno se da cuando se revelan graves delitos de naturaleza económica y que afectan a nuestro mercado de valores.

 

Hace un par de semanas se ha conocido la demanda presentada contra del empresario chileno Juan Bilbao, en una Corte de Nueva York, por la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos, conocida también como SEC, entidad equivalente a nuestra Superintendencia de Valores y Seguros. Esta acción se funda en la infracción a las normas sobre uso de información privilegiada en el mercado de valores .

 

Juan Bilbao no sólo es conocido por ser uno de los pocos chilenos que viajan regularmente a África para desarrollar su macabro hobby consistente en matar elefantes y otros animales de caza mayor, sino que principalmente se le reconoce en su papel de empresario y por ser director de importantes empresas, tales como Consorcio Nacional de Seguros, Entel S.A.,  Paz Corp S.A., y Watt´s S.A. entre otras.

 

Lo que llama la atención de este caso es lo burdo de las operaciones que se imputan, y el hecho que nuestras autoridades no hayan podido detectarlas y menos fiscalizarlas de manera efectiva.

 

Se afirma que con fecha 10 de marzo de 2014 Juan Bilbao habría conocido en una sesión de directorio de la empresa CFR Pharmaceuticals, conocida también como Recalcine S.A., que existía una oferta por la compra de esta compañía hecha por un importante  laboratorio extranjero denominado Abbott Pharmaceutical. Cabe destacar que Recalcine S.A. es una empresa cuyos títulos se transan tanto en Chile como en Estados Unidos.

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Usando, en su propio beneficio esta información reservada, la cual conoció en el directorio donde participó, dos días después ordenó comprar en Estados unidos títulos de Recalcine por una suma superior a los 14 millones de dólares, bajo la probable expectativa de que en el caso de que Abbott concretara su oferta, esas acciones subirían de precio en forma sustantiva, lo que finalmente ocurrió, obteniendo una ganancia de prácticamente el doble de lo que pagó por acción.

 

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que Juan Bilbao se habría contactado con su histórico socio y compañero de casería, Tomas Hurtado, para que también comprara un paquete de acciones de Recalcine en Estados Unidos, y realizara otra millonaria “pasada” a través del abuso de información privilegiada.

 

Como se puede apreciar, estamos frente a un caso que parece sacado de un manual básico sobre infracción a la ley de valores y uso de información privilegiada. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿porque alguien, como Juan Bilbao, que tiene una fortuna avaluada en 500 millones de dólares, seria capaz de cometer un acto tan burdo para ganar 10 millones de dólares?

 

Quizás uno de los elementos que explica lo anterior es la convicción de impunidad con la cual muchos actores de nuestro mercado de valores actúa, lo que no les permite ver que se trata de una situación la cual no se repite en otros mercados más desarrollados, como el estadounidense. Es así como a diferencia de lo que podría ocurrir en Chile, Juan Bilbao arriesga ser condenado a devolver los 10 millones de dólares de ganancia ilícita que habría obtenido, además de pagar mutas de entre 80 y 100 millones de dólares, sin perjuicio de que la justicia ya congeló las cuentas y fondos de Bilbao y Hurtado en Estados Unidos. Además, en el caso que la SEC levantara cargos penales, los imputados podrían ser condenados a una pena de hasta 9 años de cárcel y multas superiores a los 1.000 millones de dólares, caso en el cual cobraría especial importancia el tratado de extradición suscrito entre Chile y Estados Unidos, y el cual fue recientemente ratificado por nuestro Congreso.

 

Lo anterior contrasta con la inexistencia en nuestro país de multas que sean proporcionales a los montos que se obtienen producto de estos fraudes, lo que hace que quienes operan en el mercado de valores chileno puedan tomar la decisión de cometer toda clase de ilegalidades bajo la convicción de que, en el eventual caso de ser descubiertos, sólo tendrán que pagar con una fracción de lo que ganaron con su actividad ilícita. Esto resulta especialmente patente si se considera que en el caso Cascadas, que constituye el mayor fraude al mercado de valores en la historia de nuestro país, las multas aplicadas a Julio Ponce Lerou sólo alcanzaron  un poco más de la mitad del monto que habría ganado a través de un esquema fraudulento, a partir del cual obtuvo durante años importantes ingresos a costa de los accionistas minoritarios de sus empresas, entre los cuales se encuentran las Administradores de Fondos de Pensiones. Pero si esto no fuese poco, hace algunos días el propio Ponce fue nombrado como presidente de Norte Grande S.A., que es una de las empresas que habría usado como parte de este esquema fraudulento, y que transa sus valores en bolsa, aún cuando se trata de una persona multada por la Superintendencia de Valores y Seguros, y en contra de quien existe un causa criminal en curso; todo lo cual sería impensable en un país desarrollado.

 

Por otra parte la bolsa de comercio no ha estado a la altura de las circunstancias, si se considera que frente al caso cascadas decidió no iniciar procesos sancionatorios ni aplicar suspensiones, para lo cual se justificó reproduciendo argumentos que parecen sacados del computador de alguno de los abogados defensores de los sancionados en este caso, entre quienes se encuentra Leónidas Vial, quien fue su vice presidente además de ser uno de los dueños de la principal corredora del país, Larraín Vial, y donde paradójicamente se desempeñaba como uno de sus directores el ya señalado Tomas Hurtado, socio de Juan Bilbao, quien también es perseguido por la autoridad norteamericana.   Con lo anterior se pone en tela de juicio la actuación de una Bolsa que opera bajo un modelo de autorregulación fundado en normas e instancias que, en casos extremos, parecen responder más al interés  particular de determinadas personas consideradas como cercanas, que a la necesidad de resguardar el adecuado funcionamiento de nuestro mercado de valores en un contexto de igualdad y transparencia.

 

Asimismo, se puede observar como personas que se han desempeñado como parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, al dejar la institución, pasan a formar parte de los directorios de las empresas que antes fiscalizaban, y viceversa;  sin que existan mayores restricciones en esta materia. Es así como uno de los casos más emblemáticos es el de Alejandro Ferreiro, quien de ser Superintendente de Valores y Seguros y ex Ministro de Economía, pasó a ser director de una de las sociedades cascadas de Julio Ponce Lerou, justo durante el periodo en que operó el esquema fraudulento por el cual se aplicaron las multas más altas en la historia de nuestra superintendencia. Lo más sorprendente de todo esto es que el propio Ferreiro, después de su paso en las empresas de Julio Ponce Lerou, pasó a ser presidente  del consejo para la transparencia.

 

Modificar la ley de valores para establecer multas ejemplares que superen las ganancias que los infractores hayan obtenido con sus conductas ilícitas; fortalecer y perfeccionar el funcionamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros; establecer medidas que impidan que personas sancionadas puedan seguir operando en el mercado de valores; poner termino a la puerta giratoria entre los organismos reguladores y los regulados; perfeccionar los procedimientos legales a fin de que las sanciones penales establecidas por estas conductas se puedan castigar de manera efectiva; y generar un marco de regulación vinculante a través de normas legales para el funcionamiento de las bolsas de valores en nuestro país.

 

Estas son las medidas  necesarias para enfrentar a quienes a través de sus conductas, han dañado de manera grave la transparencia y credibilidad de nuestro frágil mercado de valores.

 

 

 

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