La Concertación debe explicaciones (XIII)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué sus políticas económico-sociales han generado una aguda precarización laboral y una sobreexplotación de los trabajadores. Males que se combinaron durante el gobierno de Bachelet con un profundo deterioro –paliado a fines del período y compensado con subsidios- de la movilización colectiva diaria del trabajador de Santiago.

En efecto, ya a fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, la Encuesta Laboral de la Dirección del Trabajo señalaba que el 35% de los trabajadores disponía de empleos temporales suministrados por contratistas o producto de contratos temporales efectuados de manera directa por las empresas. Y que la tendencia a la flexibilización de la fuerza de trabajo iba en aumento ya que en el último año solo el 24% de las contrataciones eran de carácter indefinido; el 32% “a plazo fijo”; el 39% “por obra o faena” y el 5% de servicios “a honorarios”. Además, que solamente el 25% de las contrataciones a plazo fijo eran renovadas al término del plazo. (Ver Helia Henríquez Riquelme – Las relaciones laborales en Chile: ¿Un sistema colectivo o un amplio espacio para la dispersión?; en Paul Drake e Iván Yaksic (Compiladores) – El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa; Edic. Lom; 1999; pp. 108-9)

Asimismo en el crucial sector minero, de acuerdo a un estudio efectuado por la OIT sobre su evolución entre 1985 y 1996, los trabajadores subcontratados habían subido entre ambas fechas de 3.174 a 34.737 (1000%), en circunstancia que los puestos de trabajo nuevos habían crecido solo en un 22%. (Ver Henríquez; p. 110)

Posteriormente, de acuerdo a datos del seguro de desempleo extractados en 2005, Manuel Riesco concluyó que de los nuevos empleos “la mitad de los empleos en Chile dura menos de cuatro meses y más del 93% dura menos de un año” y que “la actual legislación laboral permite a los empresarios, ni más ni menos, hacer contratos por menos de cuatro meses prácticamente sin pagar ningún tipo de leyes sociales y sin ninguna obligación especial de parte del empleador” y que “muchos son subcontratados a empresas proveedoras de mano de obra que los emplean bajo esas condiciones”. (Manuel Riesco – Trabajo y previsión social en el Gobierno de Lagos; en Hugo Fazio y otros – Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edic. Lom, 2005; pp. 59-60)

Por otro lado, y pese al alto crecimiento anual de la economía chilena durante la década de los 90, solo en 1999 los salarios reales recuperaron el nivel previo al golpe de 1973. Sin embargo, dicho crecimiento fue menor al del Producto Interno Bruto (PIB), tanto entre 1993 y 2000 (36%, en relación al 46% del PIB) como entre 2000 y 2004 (7% y 16% respectivamente) (Ver Riesco; p. 61); lo que confirma la regresión de la distribución del ingreso durante los gobiernos concertacionistas señalada en el capítulo IX de esta serie.

A su vez, en un estudio efectuado en 2006 en base a datos de la Dirección del Trabajo, de Mideplan y de la OIT, Marcel Claude concluía que a la fecha existían más de de 300.000 personas subcontratadas; que el 70% de los trabajadores con jornada parcial no cotizaban en el sistema provisional; que solo el 17% de quienes laboraban sin contrato era cotizante; que el sector informal representaba el 38% de la fuerza laboral; que el 80% de los empleos se generaban en la micro, pequeña y mediana empresa, siendo que sus ventas representaban el 20% del total y menos del 4% de las exportaciones; y que solo el 17% de los trabajadores asalariados se encontraba afiliado a un sindicato. (Ver Marcel Claude – El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 160)

Además, de acuerdo a dicho estudio, el 76,6% de la fuerza laboral no había terminado la educación secundaria; el 72% era semi-calificada o no calificada y solo el 10% había recibido capacitación. Asimismo, aquel concluía en que Santiago era la ciudad de importancia donde más se trabajaba en el mundo, con 2.244 horas anuales promedio y que la mayoría de las denuncias llevadas a la Justicia del Trabajo permanecían más de seis meses sin sentencia. (Ver Claude; p. 160)

Por último, de acuerdo al mismo estudio, el 93% de las personas que eran contratadas no duraba más de un año en sus nuevos puestos de trabajo; el 38% de los trabajadores no recibían de sus empleadores el beneficio de la alimentación y el 16% no almorzaba todos los días. (Ver Claude; p. 161)

A lo anterior hay que agregar el verdadero sufrimiento experimentado por gran parte de los trabajadores de Santiago durante mucho tiempo debido a la extrema irresponsabilidad de los gobiernos de Lagos y Bachelet en diseñar y llevar a la práctica desastrosamente un nuevo sistema de locomoción colectiva: el Transantiago. Un sistema que concentró la propiedad de los microbuses en pocos grandes grupos económicos y que vieron contractualmente garantizadas pingües ganancias. Y que, al mismo tiempo, fue diseñado a espaldas de los usuarios, de tal modo que en muchos casos ni siquiera contemplaba ¡la pasada de la locomoción por hospitales o policlínicos! Además, que fue implementado inicialmente con un número de buses ¡inferior en miles a las reales necesidades! y sin la infraestructura ni los dispositivos tecnológicos requeridos para su correcto funcionamiento…

Por Felipe Portales

19 de octubre de 2010