La Concertación debe explicaciones (XLIV)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país por qué en 1990 el gobierno de Aylwin y los parlamentarios de la coalición aceptaron una propuesta de Renovación Nacional que, en la práctica, buscaba extender la amnistía de 1978 a 1990.

En efecto, RN planteó el 11 de abril un proyecto de ley de “reconciliación nacional” en que se reconociera la verdad (“reconocer la verdad significa reconocer que hubo violencia y terrorismo político, que hubo represión, exceso de represión y abusos de derechos humanos”), se hiciera un gran mea culpa nacional (“en el cual todos los chilenos reconozcan que fuimos responsables de esos hechos”) y luego se desestimaran las responsabilidades penales (“en hechos de esa magnitud, poco sacamos con establecer responsabilidades individuales de carácter penal”) (El Mercurio; 12-4-1990).

El proyecto contó con la aprobación del presidente del PDC Andrés Zaldívar: “Entiendo que RN busca el establecimiento de la verdad y la justicia” (La Epoca; 19-4-1990). En la misma línea, José Joaquín Brunner (PS-PPD) concordó con el escamoteo de la justicia, al señalar que un “nunca más” requería necesariamente de: “1) Conocer la verdad con todos los desgarros que para la sociedad seguramente entrañará; 2) reparar socialmente a las víctimas, y 3) concordar en que, conocido ese pasado que nos separó tan profundamente, la condición del futuro es otorgarnos mutuamente la reconciliación y, con ella, la paz civil y política” (La Segunda; 19-4-1990).

Lo mismo hizo el presidente Aylwin en su Mensaje del 21 de Mayo al decir que “la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible –conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia – y después venga la hora del perdón” (La Nación; 22-5-1990). Obviamente, todas las cosas se hacen “en la medida de lo posible”, por lo que al efectuar ese añadido se quería decir que había que conformarse con poco o nada al respecto, lo que así fue entendido por la generalidad de la población.

En definitiva, la derecha logró en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara la aprobación de un acuerdo de enormes disminuciones de penas (“Acuerdo Marco”) que, de modo aparentemente equitativo, favorecía igualmente a quienes habían cometido graves violaciones de derechos humanos y a los que habían efectuado delitos con fines subversivos con anterioridad al 11 de marzo de ese año. Sin embargo, como las penas para los delitos cometidos por agentes de la autoridad eran significativamente más bajas que para los perpetrados por particulares, y como estos últimos habían ya cumplidos largas penas de cárcel (con los agravantes de no haber tenido un debido proceso y de haber sufrido atroces torturas en las primeras fases de su detención) la aparente equidad escondía una profunda injusticia. Además, al rebajarse en dos grados las penas para delitos como “violencias innecesarias con resultado de muerte” (tipificación usual para los homicidios de agentes de la autoridad), estos habrían quedado sin pena alguna de cárcel. El propio Andrés Allamand ha reconocido lo anterior al señalar que “de la pluma de (Ricardo) Rivadeneira surgió un documento denominado Acuerdo Marco”, el que “lograba un equilibrio entre la necesidad de avanzar en la reconciliación y el deber de administrar justicia. ¡Era ni más ni menos una extensión de la amnistía!” (La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999; p. 259).

Por cierto, dicho acuerdo contó con la entusiasta aprobación del presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien lo calificó de “gran acuerdo” y de “un paso importante en el proceso de reconciliación y de la reparación, como asimismo en la eliminación de una de las causas eventuales del terrorismo” (La Epoca; 9-6-1990). Sin embargo, tuvo el rechazo inicial del diputado, destacado defensor de los derechos humanos y hermano del Presidente, Andrés Aylwin. De acuerdo a Ascanio Cavallo, fue tanta la presión que se ejerció sobre él que “se vió prácticamente forzado a suscribirlo”. Así, durante una reunión convocada por el presidente Aylwin en La Moneda, “el debate sobre el proyecto que se estudia en el Parlamento es áspero, pero toma ribetes violentos cuando el Presidente se va de la sala. En ese instante el diputado Schaulsohn acusa a Andrés Aylwin de poner arsénico al Gobierno de su propio hermano con su oposición al acuerdo-marco. Aylwin no responde, pero constata con amargura la soledad de su situación” (La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; p. 42).

Afortunadamente, desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, el acuerdo no llegó a ser ley. La frontal oposición de las organizaciones de defensa de estos derechos se vio acompañada por un hecho que remeció la conciencia nacional: el descubrimiento, a comienzos de junio, de fosas comunes de personas que habían sido ejecutadas en Calama luego del golpe militar. De acuerdo al propio Allamand, “el Acuerdo Marco fue suscrito en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a mediados de junio de 1990: además de los parlamentarios de RN y la UDI, firmó toda la Concertación. El Presidente de la República –anticipando el previsible efecto en la izquierda- ordenó al ministro Cumplido que sólo lo aceptara si había unanimidad. Y la hubo. Todo estaba bajo control. O casi todo. Porque precisamente en ese momento se produjo un horrendo hallazgo: en Pisagua fueron descubiertas fosas con restos de ejecutados. La exhibición de esas imágenes en la televisión produjo consternación nacional y reacciones políticas: el PS se descolgó del acuerdo y el PDC se dividió. A los pocos días, toda la Concertación abandonaba el Acuerdo Marco”. Y dolidamente rememora Allamand: “La primera oportunidad para resolver los complejos problemas de derechos humanos se había desvanecido” (Ib.; p. 260).

Es decir, que hubo consenso entre toda la elite concertacionista y de la derecha en extender virtualmente la amnistía de 1978 a 1990. El que no fructificara se debió al impacto de la visión de hechos horrendos cometidos por la dictadura, pero de hechos que todos los parlamentarios de la Concertación estaban muy concientes y de los que nadie quería acordarse. Y, por cierto, no hubo ningún mea culpa de la dirigencia concertacionista que tan tristemente había estado a punto de consagrar una impunidad prácticamente total por las más graves violaciones de derechos humanos de la dictadura.

Por Felipe Portales

Junio 19 de 2012

Publicado en El Clarín