La insoportable banalidad del mal

¡Insólito! Héctor Carreño, el ministro de la Corte Suprema que durante años mantuvo el control absoluto de todos los tribunales de Familia del país, reconoció que efectivamente tuvo en sus manos antecedentes que hacían, al menos, presumir que doce niños estaban siendo víctimas de abusos sexuales en hogares del Sename, a los que habían sido enviados como “medida de protección” por los mismos tribunales de Familia bajo su jurisdicción y que, por sí y ante sí, decidió archivar estos antecedentes por considerar que “iniciar una investigación habría sido inconducente”.

¿Desde cuándo un juez de la Corte Suprema tiene atribuciones para decidir cuándo vale la pena investigar posibles abusos sexuales a niños y cuándo no? ¿No es acaso una atribución exclusiva del Ministerio Público el decidir cuándo y hasta dónde hacerlo?

En un intento por justificar lo injustificable, el juez Carreño argumenta que un supuesto fracaso de la investigación iniciada por el Ministerio Público casi un año después sería la mejor prueba de lo “inconducente” que resultaba tal investigación

¿Olvida el señor Juez, que la investigación a la que alude aún no concluye y que, según ha trascendido, parte de la dificultad para terminarla ha sido justamente lo tardío de la denuncia y el hecho de que Sename aún no entrega todas las encuestas requeridas por el Ministerio Público, ya que algunas de ellas estarían supuestamente “extraviadas”?

¿Olvida también, el señor Juez, que, dado que el mismo reconoce que advirtió de estos potenciales abusos al director del Sename, Rolando Melo, le dio tiempo más que suficiente a esta persona para egresar y/o trasladar a los niños que declaraban estar siendo abusados en el Sename?

Mal puede entonces justificar lo “inconducente” de una investigación que él mismo con su conducta, a lo menos negligente, cuando no derechamente encubridora, contribuyó a dificultar.

Luego, argumenta que el anonimato de las declaraciones de los niños hacía imposible una investigación, pero, si así fuera ¿Cómo se explica que varios de los 400 niños que respondieron la encuesta anónima han sido de hecho ubicados e interrogados por el Ministerio Público?

Por otra parte, si es tan cierto que la investigación no tenía ningún fundamento ¿Cómo explica el señor Juez que hechos públicos estos antecedentes, debido a filtraciones a la prensa, se apresuró a concurrir a presentarlos al Ministerio Público? ¿O quiere decir que, súbitamente, los antecedentes ahora públicos, se hicieron relevantes y potencialmente conducentes?

Es claro, el señor Juez fue capturado in fraganti ocultando antecedentes al Ministerio Público y, como un ladrón que corre a impulsivamente a ocultar evidencia, se apresuró a presentar la denuncia que meses atrás se negó a realizar.

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Se le acusa también de haber impuesto un sistema ilegal de presiones a los jueces de Familia, que en la práctica los forzaba a fallar causas de Protección de Niños/Niñas y Adolescentes en un plazo que no daba cuenta de la complejidad de estos casos (120 días fue el “plazo” que fijó basado en sabe Dios qué criterios).

El juez Carreño, de nuevo, reconoce que efectivamente así fue y que mediante verdaderos “bonos de producción” y amenazas de sanciones administrativas, logró “permitir superar el caótico estado de crisis e inoperancia en la que se encontraban los tribunales de Familia”.

Lo que no dice el señor Juez es que el costo de esta “solución”, lo pagaron miles de familias y miles de niños que, en verdaderos ‘juicios express’, terminaron en hogares del Sename, donde encontraron los mismos abusos sexuales y malos tratos que intentó fallidamente ocultar de la acción de la Justicia.

Como patética evidencia de este funcionamiento perverso, el Informe de Unicef sobre la situación de la infancia en América Latina y El Caribe deja constancia de que Chile, después de Haití, ostenta las tasas más altas de institucionalización de niños en la región y la tasa más alta de mortalidad en estos hogares (75 niños muertos hasta el 2013; nos sigue Costa Rica, con siete casos).

Es claro que apurar causas por la vía de enviar niños al Sename en juicios express no fue tan “virtuosa” como autoindulgentemente señala el juez Carreño en su declaración.

No conforme con el abismante desparpajo con que reconoce su conducta, a lo menos negligente, el señor Juez remata su declaración amenazando con “atenerse a las consecuencias” a quienes hemos denunciado su impropia conducta. Desliza que, a su juicio, las acusaciones que hemos realizado en su contra constituyen “injurias y calumnias”.

¿Olvida el señor Juez que la figura de injurias y calumnias no aplica cuando una figura pública es cuestionada por la ciudadanía? ¿O es que acaso el señor Juez pretende que los ciudadanos nos abstengamos de cuestionar a los Poderes del Estado por temor a sus réplicas?

Pues bien magistrado Carreño, desde aquí le digo que sus amenazas no nos intimidan y que, si es necesario, recurriremos a tribunales internacionales de Derechos Humanos para conseguir que su conducta, a lo menos negligente en el cuidado y protección de miles de niños vulnerados y frágiles, sea condenada.

Porque lo que Usted le hizo a miles de niños chilenos, simplemente no tiene nombre.

Por Rodrigo Daniel Paz Henríquez

Médico Psiquiatra – Perito Forense
Presidente Corporación Sofini