La pera madura

¿Renovación Nacional y la Democracia Cristiana han propuesto algo en verdad? Porque levantaron algunas esperanzas, y hay quien se alegra de que al fin aparezca algo que huele a cambio: Después de todo, si Chile viviera como lo plantean ellos -un sistema semiparlamentario, mecanismo electoral proporcional, iniciativas ciudadanas de ley, plebiscitos, elección popular de autoridades regionales, límites de tiempo a los mandatos- esto se parecería a una democracia, y nadie sabe dónde estarían personajes como Ignacio Walker y Carlos Larraín.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, afirma que la propuesta no tiene otro propósito que el de tratar de montarse en la ola que formó el movimiento estudiantil en 2011. El abanico de cambios propuesto es tan vasto, afirma, que equivalen a nada: Un debate como el de crear la figura del primer ministro podría tomar diez años, por lo que bien pudiera ser una treta para inmovilizar todo. En cambio -agregó pragmático- cambiar el sistema binominal no requiere de tales ejercicios. Y antes de eso, cambiar el párrafo de la Constitución que da números fijos de parlamentarios por distrito.

Al rector de la universidad Diego Portales, Carlos Peña, le llama la atención el tono vaticano en que se fundamentan las propuestas, que no es otra cosa que la católica tradición de generar culpas: El afán individualista y cortoplacista de los chilenos requiere de nuevos mecanismos de poder más participativos. O sea, si nos cae algo de democracia, es porque somos pecadores. La DC y RN, dice Peña en su columna de El Mercurio, son grupos conservadores que se sienten bien uno al lado del otro.

A los dirigentes estudiantiles de la Confech, por su parte, no les preocupa tanto la propuesta RN-DC como el avance que ha tenido en el Congreso la «Ley Hinzpeter», que se contradice con todos los propósitos democráticos enunciados por Walker y Larraín. Porque los estudiantes y los movimientos sociales se están preparando para un año de movilizaciones, que se siente ya en el ambiente veraniego, y el Gobierno y su soporte social -los empresarios- están preocupados -o tal vez asustados- de que todo se salga de madre.

Más o menos así lo dejó ver en entrevista a la cadena noticiosa HispanTV el abogado y ex senador de RN Miguel Otero -verdadero redactor de la Ley que lleva el nombre del Ministro del Interior- para quien la protesta es legítima siempre que no se corte el tráfico, no se tiren piedras, no se suspendan las clases, no se ocupen establecimientos, ni se destruya ni altere nada, y sobre todo, que no se toque a un sólo carabinero. Otero trabaja para la Cámara de Comercio y por tanto sus aprensiones pueden ser apenas de naturaleza práctica, ya que él se asume a sí mismo como un «liberal» de viejo cuño.

Y así, mucha gente propone leyes y grandes reformas, y muchos más opinan, menos el hombre del 23 por ciento. Ya para qué, ¿no?

En 1986 se evidenció en Chile que la dictadura no se sustentaría por mucho más tiempo, y el Departamento de Estado norteamericano convocó a las «fuerzas democráticas» a darle otra forma al sistema antes de que la protesta popular alcanzase otros niveles y generara expectativas mayores que la de sólo sacarse de encima la figura opresiva de Augusto Pinochet. Fue la fórmula que triunfó y sigue vigente hasta hoy.

Como ahora, en 1986 en el régimen había quienes comprendían aquella necesidad, y quienes pensaban que con algunos asesinatos, torturas y desapariciones de personas podría controlarse la cosa. Hoy conviven -en el Gobierno y la llamada oposición- quienes se dan cuenta de que hay que soltar un poco la cuerda, y otros que piensan que con la amenaza de más represión el miedo reponga la calma social que permite esquilmar tranquilamente al país.

La declaración de Larraín y Walker no habla para nada de reducir los niveles represivos que han hecho notorio en todo el planeta el verdadero sistema político de Chile, lo que podría abrir espacio tanto a un debate más genuino como, al menos en parte, a la disidencia civilizada que tiene en mente el abogado Otero. Es legítimo sospechar -por su trayectoria- que la Concertación no tiene la menor intención de renunciar a las herramientas represivas que permiten sofocar violentamente la protesta social y, a la vez, pasar por defensores de la democracia y el estado de derecho.

Camila Vallejo se quejó en una entrevista al diario madrileño El País de que el pueblo chileno le está dejando a los estudiantes la tarea de precipitar una situación de cambios, en vez de salir a la calle y jugársela. Es una vieja historia, como se evidenció el 11 de septiembre de 1973, y luego en la etapa final de la dictadura. Bien lo saben Walker y Larraín: Esta promesa de cambios, más una buena ley represiva, podrían bastar para demorar las cosas y permitir que la coalición Concertación-Alianza vuelva al poder en 2014 para seguir como antes del «cambio».

O bien no, y puede que haya candela.

Por Alejandro Kirk

Periodista

El Ciudadano Nº119, primera quincena febrero 2012