La política pública respecto a la investigación y el posgrado

El pasado martes 8 de agosto, en una Sesión Informativa del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) se dieron a conocer los criterios, procedimientos y calendarios para que las y los estudiantes interesados(as) en estudiar un posgrado puedan postularse para optar por una beca de estudios.

Los criterios están determinados fundamentalmente por las normas nacionales. En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.

La comunicación de CONAHCYT hizo énfasis en el cambio de la política pública encaminada a reforzar el desarrollo de los estudios de posgrado en todas las disciplinas. Este cambio resulta notable si atendemos a las cifras derivadas del diagnóstico realizado por este organismo.

Actualmente, los programas de posgrado ofrecidos por instituciones privadas constituyen el 63% del total y corresponde el 37% a las instituciones públicas.

En 2006, la matrícula en programas de posgrado privados era del 48% y en 2022 del 64%, o sea que tuvo un incremento del 16%.

En cambio, en 2006 los programas de posgrado públicos cubrían el 52% y en 2022 disminuyeron al 36%, o sea 16 puntos menos.

Otro dato relevante es que el 70% de los posgrados ofrecidos por instituciones públicas cobran o cobraban cuotas y el 75% de los programas actualmente inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados lo hacían también.

Por otra parte, ha habido un incremento del 48% en los programas de posgrado inscritos en el Sistema Nacional de Posgrado con respecto a 2017; y en 2023 se ha asignado un presupuesto de 13 mil 139 millones de pesos al programa de becas de posgrado.

Lo que me parece más importante de esta comunicación es el acento puesto por CONAHCYT en el propósito de hacer cumplir el mandato constitucional respecto a la gratuidad de la educación.

Como ya lo hemos señalado, la política privatizadora de la educación pública llevó a la situación retratada por las cifras anteriores. Pero las medidas instrumentadas por el actual gobierno nos hacen pensar que efectivamente se está en el camino de hacer de la educación superior impartida por el Estado un derecho y no un servicio por el que se cobra una cuota o colegiatura.

Podemos darnos una idea del abuso cometido por las instituciones públicas de educación superior cuando se nos aclara que en el acuerdo establecido por CONAHCYT con ellas se deben ajustar a un máximo de la duodécima parte recibida por el becario anualmente y que no puede ir más allá de los 14,000 pesos para maestría y 18,000 para doctorado. Imagínense cuál es el nivel de cuotas cobradas por los posgrados de instituciones públicas, que de públicas muy poco tenían.

El concepto de beca es claramente el de manutención, aunque se deja en libertad al estudiante de trabajar o no. De esta manera, los recursos públicos en forma de beca no ingresarán en forma de cuotas o colegiaturas a la institución pública ni privada.

Otro punto importante de la comunicación de CONAHCYT es la categorización de los posgrados inscritos en el Sistema Nacional de Posgrado. Las categorías I y III corresponden a los posgrados pertenecientes a las instituciones públicas. La categoría I incluye a los posgrados con orientación a la investigación y la III incluye a los posgrados profesionalizantes. Ambas tienen garantizada la beca para sus estudiantes, aunque en el caso de los posgrados profesionalizantes estos deben tener un enfoque de incidencia real en los problemas estructurales de la sociedad y deben estar vinculados con las instituciones sociales.

Este requisito se aclara un poco más si atendemos a las áreas de interés público definidas por la Junta de Gobierno del CONAHCYT en función de la agenda nacional. Estas áreas son siete y en orden de prioridad están la Salud Humana, el Arte y la Cultura, La Preservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente, las Ingenierías y Tecnologías, las Ciencias Sociales, la Educación y la Administración Pública.

Aunque se señaló que la asignación de becas estará regida por las áreas de interés público en el caso de los posgrados profesionalizantes, nos queda la duda de si no serán también un criterio para asignarlas en el caso de los posgrados con orientación a la investigación. Lo lógico es que no sea así, puesto que esto iría en contra de la libertad de cátedra y de investigación consagradas igualmente en el artículo tercero constitucional.

Por: Guadalupe Grajales

Foto: Archivo El Ciudadano

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