La seguridad ciudadana y el gatillo fácil

El uso de la violencia ha sido un asunto central en estos días. El Presidente padece un nuevo rechazo de la opinión nacional debido al empleo de la violencia pública para controlar el movimiento social de Aysén. Por otra parte, un sargento de Carabineros, de sus fuerzas especiales, es muerto en incidentes no esclarecidos después de una diligencia judicial en la comuna de Ercilla de la Araucanía. Para variar no hay imputados conocidos. Además, en la Pintana, San Joaquín, Santiago, otro carabinero es muerto en extrañas circunstancias por agentes de la Policía de Investigaciones.

Según la encuesta de opinión elaborada por ADIMARK para el pasado mes de marzo, el Presidente Piñera tuvo el más bajo respaldo a su gestión, el 29%, y el más alto rechazo, el 64%, entre la población desde el mes de agosto, cuando el mal manejo del asunto estudiantil hizo caer su respaldo al 27%, del cual se fue recuperando hasta levantarse nuevamente el pasado mes al 33%. El presidente Piñera mal aconsejado por Roberto Méndez Director de ADIMARK (¿o lo sería por el Ministro Longueira, su gran mediador con la UDI y los sectores más duros de la política nacional?), pagó las consecuencias de tomar su recomendación de usar en contra del movimiento social de Aysen la mano dura, la represión como monopolio de la violencia por el Estado, so pretexto de que la mayoría de la población teme a las movilizaciones y sus eventuales desordenes y desmanes. Lo anterior es falso según las propias encuestas recogidas por la empresa del mismo señor Méndez. La nación respaldó las demandas del pueblo de Aysen en un 82%, solamente el 11% está en desacuerdo, y el 57% con su forma de hacerlo, lo que es desaprobado por el 37%. En cambio, la aprobación al Gobierno en el manejo de este conflicto fue del 22% y la desaprobación del 70%. Los ministros políticos sufrieron caídas peores y más precipitadas que el Presidente, donde las más significativas son de Hinzpeter, Interior, de 52% a 43%; Chadwick, Secretaria General de Gobierno, vocero, de 57% a 43%; Larroulet, Secretaria General de la Presidencia (negociador de Aysen) de 60% a 45%. Cayeron mucho más que el Presidente pero aún están mejor evaluados que él por sus conciudadanos.

Los sectores radicalizados del movimiento mapuche, en sus luchas por recuperar las tierras que le fueron usurpadas por los conquistadores españoles y luego por el Estado de Chile, se han caracterizado por el empleo del uso la fuerza contra las cosas, destruyendo e incendiando equipos, instalaciones, plantaciones e inventarios para conminar a sus propietarios a abandonar esos territorios. Esos movimientos mapuches han sido rigurosamente cuidadosos en no emplear nunca la violencia contra las personas, hasta ahora no habían causado ni lesiones ni muertes, es por esto que no podían ser acusados de terrorismo, sino que solo de sabotaje. La práctica sistemática de causar daños y no lesiones le ha dado una gran legitimidad nacional e internacional a las luchas del pueblo mapuche. Pero, ahora los niños mapuches comentaban molestos que: “a nosotros nos han matado tres, en cambio los nuestros sólo ahora han matado uno”.

La investigación acuciosa de los hechos acontecidos en relación a un allanamiento por orden judicial en la comunidad mapuche Wente Winkun Mapu en Ercilla, que condujeron a la muerte violenta del sargento Hugo Albornoz no sólo es necesario para el esclarecimiento judicial de los hechos, determinar las responsabilidades y sancionar los culpables. Además, es de la mayor necesidad política esclarecer si ese homicidio es un hecho casual producto de las circunstancias del enfrentamiento, lo que ni justifica ni exculpa la autoría de esa muerte, lo cual no supone el uso de la violencia con un fin político. O se trata de un asesinato producto de una provocación para deslegitimar a los sectores mapuches radicalizados y justificar el empleo de la violencia oficial en su contra, lo cual es un hecho político de la mayor gravedad. O se trata de un acto deliberado de sectores radicalizados de la causa mapuche de emplear el terrorismo para obligar al Estado a negociar las exigencias de los pueblos originarios, lo cual configura un estado virtual de guerra. Sin embargo, ninguna organización ha revindicado esta acción. No obstante, a esas hipótesis se agrega la denuncia de los dirigentes mapuches de que se trataría de un montaje para encubrir un hecho de “fuego amigo” por el cual el sargento Albornoz murió a consecuencias de disparos efectuados por sus propios compañeros.

En el caso del carabinero Miguel Faundes muerto en la Pintana en un enfrentamiento entre agentes de Carabineros e Investigaciones, ambas instituciones y el fiscal a cargo de las investigaciones construyen la tesis de la legítima defensa por ambas partes, tanto por las víctimas como por los victimarios. Aquí la pregunta no es ¿Quién disparó primero? La pregunta que deber ser hecha es: ¿por qué se intervino sin mostrarse ni conminar a otro a hacerlo? Aquí se ha hecho presente el grave síndrome del gatillo fácil, la tesis de la legítima defensa de ambas partes sólo legitima esta práctica atentatoria contra la seguridad ciudadana. Lo que hubo por ambas partes fue una sobre reacción en un procedimiento mal planeado y peor ejecutado: una patrulla de dos carabineros de civil y armados, en un vehículo no institucional es denunciada por sospecha, estando en espera o descanso es intervenida por una patrulla de seis agentes de Investigaciones por sorpresa, sin identificarse ni conminar a la identificación a los intervenidos. Aquí operó la lógica de dispare primero y pregunte después. Por otra parte, en Chañaral, Atacama, en circunstancias aparentemente accidentales muere el cabo de Carabineros Luis Vera de un disparo hecho por un compañero de la misma institución. O sea, otro caso más de “gatillo fácil”.

Finalmente, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC ), que mide la situación de seguridad ciudadana según la experiencia, actitud y expectativa de la población nacional a partir de su victimización por hechos delictivos de mayor connotación social, por primera vez desde que se está aplicando hace ocho años, indica una aumento del más del 10% entre los años 2010 y 2011, tanto entre las personas individuales,11,8% de personas que padecieron algún delito, como al conjunto familiar –victimización vicaria- 31,1% de hogares que algún miembro lo padeció. Dicho sea de paso ese indicador pone al país entre uno de los mas seguros del mundo. Siendo el control de la delincuencia la principal oferta social de la Alianza, esta medición es otro traspié para su Presidente, tanto más cuanto que, se supone que el crecimiento económico, la disminución del desempleo, el aumento de la inversión y del ingreso son factores determinantes para el control social de la delincuencia, incluso se afirma que hay escasez de trabajadores. Si en estas condiciones hay aumento de la delincuencia, después de ocho años de disminución consistente, entonces, los empleos creados son de mala calidad y peor pagados. Asimismo ese crecimiento económico está cada vez peor distribuido entre el trabajo, el capital y los cazadores de las rentas sobre los recursos naturales. Del mismo modo la aprobación v/s desaprobación a la gestión económica del Gobierno fue 42% – 54% y en seguridad ciudadana el escenario es pero aún, 19% -79%.

Dado que el problema de la renta de los recursos naturales es el principal tema regional y nacional de este país, recordar que la renta es la retribución al uso de un bien que no puede ser producido por el hombre.

Iban de Rementería

Red Chile de Reducción del Daño.