La sumisión de Informe Especial es un ataque a los movimientos sociales

Han sido semanas difíciles para el Movimiento Estudiantil, que ha visto en las últimas manifestaciones públicas un alto nivel de represión por parte de Fuerzas Especiales hacia los miles de manifestantes que se han congregado en las calles para exigir un nuevo sistema educativo que sea inclusivo, gratuito y de calidad. Dicho nivel de violencia llegó a su punto más grave el pasado 21 de mayo, jornada de protesta que terminó con el compañero de la Universidad Católica y padre de una niña, Rodrigo Avilés, internado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso luchando por su vida, luego de que un chorro de agua fuese lanzado a quemarropa de manera premeditada por Carabineros.

Es frente a esto, que el canal Televisión Nacional de Chile (TVN) invitó a distintos cercanos, amigos, compañeras y compañeros del militante de la Unión Nacional Estudiantil (UNE) con tal de “tematizar aspectos de la represión en Chile”. Lo que posteriormente sería transmitido por el programa Informe Especial, como dice el comunicado de la misma militancia. A lo largo del programa, a diferencia de lo que se les planteó a las y los compañeros de la UNE, se pudo observar cómo el canal estatal se encargó de limpiar la imagen de Carabineros de Chile y junto a esto, criminalizar a los Movimientos Sociales, contribuyendo una vez más a la ola de odiosidad que el pasado 14 de mayo terminó con la muerte de los estudiantes Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán a manos de una persona como tantas otras, que a través de la doctrina ha naturalizado que la propiedad privada está incluso por sobre la vida misma.

La falta de información veraz y el manejo según los intereses de quien la emite, es una falta grave a la ética periodística que no sólo ha cometido TVN a través del reportaje realizado por Informe Especial, sino que también lo han hecho los distintos Medios de Comunicación en Chile de manera sistemática. Y es que el reportaje emitido por el “Canal de todos los chilenos” pasa por alto que la acción cometida contra el compañero Avilés no es una acción particular de un “pitonero”, sino que es una política de Estado proveniente de la época más negra de nuestra patria y que ha sido validada en esta mal llamada democracia. No es difícil dilucidar que esta acción responde a una doctrina institucional, cuando nos damos cuenta que nuestras fuerzas de “orden público” son unas de las más militarizadas de la región.

Lo que observamos hace unos días en Informe Especial no viene más que a ser el fiel reflejo del rol que han jugado los distintos Medios de Comunicación este último tiempo: ejercer el control social, limpiando la imagen de quienes apuestan por mantener el Status quo en nuestro país. Esta posición dócil por parte de los Medios de Comunicación frente a quienes ostentan el poder es una tradición que se instauró con la dictadura Militar de Pinochet, quien se encargó a través de distintas restricciones

legales, de acallar cualquier posicionamiento en contra de militares o civiles que estuvieran en las esferas de poder. Con el retorno a la democracia los periodistas recuperaron ciertos derechos, principalmente por presiones internacionales. Pero estos avances no han sido significativos a la hora de democratizar los Medios de Comunicación. De hecho, hay una alta monopolización que también se ha traducido en una concentración ideológica de los mismos.

Ante lo ocurrido en las últimas semanas, no basta sólo con repudiar el precario trabajo que realizó Informe Especial y el rol que han venido jugando los distintos medios frente a los movimientos sociales, es necesario abrir el debate al resto de la sociedad sobre las condiciones de la libertad de expresión, la concentración de la propiedad y el derecho a la información en nuestro país, cuestionándonos como esto afecta en la ampliación de nuestra tan reducida democracia. Con estas discusiones maduradas y con la claridad política que ello conlleva, deben ser los estudiantes y trabajadores de las comunicaciones en conjunto con el resto de la sociedad, quienes exijan al Estado políticas públicas que aseguren el derecho a la información, pluralidad y democracia en los medios, además de nuevas y mejores condiciones para sus trabajadores.