La sustentabilidad, un concepto para privatizar el mar

Hablar de sustentabilidad a la hora de legislar sobre nuestros  recursos naturales, es algo políticamente correcto sin embargo se ha tornado en un concepto mañoseado inescrupulosamente al referirse solo a la conservación de los ecosistemas. Se ha igualado el concepto de sustentabilidad al de conservacionismo dando paso a una serie de errores en la generación de leyes. Un caso emblemático es la ya conocida ley de pesca o ley Longueira tendiente a la privatización de las zonas de extracción marítima.

El concepto de sustentabilidad se remonta hacia 1987 con el informe Brundtland definiendo la sustentabilidad como  la búsqueda por satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Posteriormente tras múltiples instancias internacionales en materia medioambiental se llega al concepto actual de sustentabilidad que refiere al equilibrio entre tres elementos que propician el desarrollo, estos son: El cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar social. Es decir, el concepto de sustentabilidad une lo ambiental con lo social, ya que no puede existir solo conservación si eso no implica bienestar social, entendiendo ello como la equidad en el reparto de los beneficios que brindan los recursos naturales. Con todo, los legisladores insisten en hablar de sustentabilidad cuando se trata realmente de conservación, poniendo en riesgo aún más la sustentabilidad del país.

Hoy por hoy el argumento de la falta de conservación, creída insustentabilidad que se busca cambiar ha sido un potente trampolín para llevar adelante iniciativas de privatización que supuestamente defenderán y protegerán aún más nuestro medio ambiente en la medida en que esa supuesta privatización o repartija de la torta de recursos permita “regular” por parte del estado, pero no administrar lo que a todos los chilenos pertenece. Sin embargo, la privatización trae consigo la mercantilización de los recursos naturales, poniendo aún más en riesgo la supuesta sustentabilidad que los legisladores dicen defender, entrampando gravemente la discusión hacia una desestatización irresponsable. El país deja de ser dueño de su territorio y lo enmarca vulnerable a las especulaciones financieros. ¿Quién puede limitar a un privado de explotar algo que le pertenece? ¿Quién realmente controla la extracción de los recursos naturales? ¿Cómo se limitaría al mercado de tomar decisiones ambientalmente incorrectas? ¿Quién realmente defendería el patrimonio nacional?

Con todo algunos legisladores creen que la sustentabilidad viene aparejada de la privatización, que supuestamente el mercado arreglará mágicamente las reglas del juego, que creando algunos comités de científicos pagados por las mismas industrias pesqueras van a controlar la voracidad del mercado. El supuesto orden que traerá la privatización y la mercantilización de recursos pesqueros no será sino otro despelote que terminará beneficiando a los siete reyes del mar chileno.

Javier Zárate

Sociólogo

(c) Magíster en Gestión y Planificación Ambiental