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La violencia: política de Estado en Chile

Las imágenes de nuestro compañero Pedro Aguilera, presidente del Centro de Estudiantes del liceo Manuel Barros Borgoño, siendo brutalmente golpeado por fuerzas especiales de Carabineros durante la última protesta convocada por el movimiento estudiantil han sido claramente impactantes. No sólo por lo brutal, sino que también por la juventud del golpeado, sólo 17 años de edad. A partir de ese momento las distintas organizaciones estudiantiles, políticas e incluso organismos internacionales como la UNICEF se pronunciaron en contra de la represión ejercida por la policía ese día, que incluyó el inédito –y violento- ingreso a la tomada Casa Central de la Universidad de Chile.

Pero la discusión se ha mantenido de manera difusa, apuntándose a veces a Carabineros por los procedimientos utilizados, y otras veces, las menos, al gobierno por defender la labor realizada por las fuerzas de seguridad. Lo que hay que entender, sin embargo, es que lo que ha sucedido no es una casualidad, ni es responsabilidad única de la policía, es una práctica constante del Estado chileno y es responsabilidad de las fuerzas políticas del bloque en el poder.

Tanto los gobiernos de la Concertacion como el de Sebastian Piñera han utilizado la represión violenta como la herramienta de excelencia para defender los estrechos límites que tiene el actual modelo ante las demandas y movilizaciones sociales. No es algo que haya aparecido durante los últimos 3 años, se remonta al acuerdo realizado entre las dos alianzas políticas para iniciar la transición a la democracia, y ha tenido innumerables demostraciones prácticas a lo largo de los años.

Por citar ejemplos no tan lejanos, durante la década pasada fueron numerosos los casos de violencia callejera que se desataron debido a la represión policial en contra de organizaciones sociales de masas que iban levantándose de a poco a medida que el espíritu de la transición comenzaba a diluirse. Los comités de allegados y sin techo así como los deudores habitacionales, destacaron en los diversos intentos de tomas de terrenos que se realizaron. Las imágenes de marzo del 2006, con dos intentos de toma en Peñalolen, permiten ilustrar de manera clara el ejemplo, así como las decenas de testimonios disponibles al alero de las movilizaciones de ANDHA Chile. Fueron cientos los pobladores que fueron golpeados y violentamente detenidos por las fuerzas de la policía mientras luchaban por el derecho a una vivienda digna que los distintos gobiernos les negaban, mientras aseguraban los privilegios y las ganancias de los empresarios de las empresas constructoras.

Las movilizaciones estudiantiles claramente no se quedaron atrás, y desde el 2001 los secundarios protagonizaron numerosas protestas y marchas que invariablemente terminaban en choques con la policía. El 2006 otra vez ganan notoriedad los estudiantes con la dura represión desatada en la Alameda durante los paros nacionales convocados por las organizaciones secundarias, que incluyeron esa vez golpes a periodistas y también a apoderados que solidarizaban con las tomas y paros que se estaban desarrollando.

Al año siguiente fue el turno del movimiento sindical, y carabineros nuevamente fueron las fuerzas de choque del gobierno para frenar los intentos de superar los estrechos límites del modelo. Los trabajadores del cobre y los forestales sufrieron en carne propia lo que los estudiantes habían sufrido el año anterior, y el país entero vio cómo Rodrigo Cisternas caía acribillado en medio de las protestas en la huelga que el sector forestal realizaba en demandas salariales.

Pero indudablemente ha sido en el conflicto que el Estado chileno mantiene con algunas comunidades mapuche en donde el carácter violento del mismo se ha manifestado de manera más clara, y en donde a la vez, ha pasado más desapercibido para la población en general. Los casos de abusos y violencia en contra de menores de edad y mujeres en las comunidades han sido demostradas una y otra vez por organismos internacionales, existen decenas de videos en internet que muestran cómo la policía se maneja en el wallmapu prácticamente como una fuerza de ocupación y son varios los jóvenes mapuche que han muerto a causa de disparos de Carabineros.
Es más, las movilizaciones durante los últimos años en torno a la situación de los presos políticos mapuche –que fueron particularmente masivas el 2010 durante la gran huelga de hambre de los presos- han intentado ser una instancia de denuncia de los abusos sistemáticos por parte del Estado chileno –y los partidos políticos responsables de esos gobiernos- de los derechos humanos de los distintos sectores populares que se encuentran luchando por sus derechos. Sin embargo, la violencia no ha hecho más que consolidarse como el método por excelencia para enfrentar movilizaciones, y la muerte de Manuel Gutiérrez el 2011 lo dejó perfectamente claro.

Este año la golpiza a Pedro Aguilera fue sólo un caso más de las diferentes formas que las fuerzas de seguridad han utilizado para amedrentar a los estudiantes y a quienes se movilizan. El amedrentamiento a dirigentes y fotógrafos, que ha incluido paseos de estudiantes secundarios en autos durante horas para ser abandonados en diferentes comunas de Santiago, las amenazas de ministros a trabajadores movilizados y la huelga de hambre que mantiene Gabriel Valenzuela son ejemplo de eso.

Ante esta situación las organizaciones sociales tiene dos debates que tiene que dar con seriedad, profundidad y sin prejuicios simplones. En primer lugar, es indispensable asumir el carácter violento del Estado en su relación con las demandas populares, como una política clara y sistemática a lo largo de los años y los diferentes gobiernos, tomando las medidas correspondientes para proteger a sus dirigentes y miembros de estas tácticas. En segundo lugar, es necesario que sobre todo el movimiento estudiantil tome una decisión clara respecto a la utilización de la violencia en sus manifestaciones callejeras. Algunas luces se entregaban en una columna publicada en este mismo portal hace algunas semanas, y es necesario poder profundizar de forma clara y contundente en torno a la discusión respecto a los métodos, herramientas y formas de movilización, sobre todo en momentos en los que es fácil caer en simplismos.

Hechos como la persona que resultó apuñalada en un incidente en una barricada a las afueras del Confederación Suiza sólo provocan confusión y desprestigio para un movimiento que el 4 de agosto del 2011 dio muestras claras de capacidad de lucha y de fortaleza en un momento en el que la legitimidad y apoyo eran evidentes a pesar de la represión desatada por el Estado. Al parecer para algunos sectores políticos parece ser más importante demostrar radicalidad en la estética de la forma –como si la toma y la barricada significaran siempre ser más “izquierdistas” -, que el aportar a que el movimiento estudiantil sea capaz de fortalecer sus espacios de discusión de base, dotando de orientación a la movilización en un año que sabemos es complicado, tanto por el tiempo transcurrido desde el 2011 como por las elecciones de noviembre.

Por otra parte, en estos tiempos en el que los proyectos educativos se encuentran en disputa, se hace necesario discutir y revisar cual es la formación que se entrega en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ya hablaba de todos estos temas en una columna escrita el año pasado en “Portal Epicentro” y los hechos que se han desarrollado desde ese tiempo sólo han hecho más urgente que nunca el realizar esta reflexión.

La imagen de la policía en Brasil negándose a reprimir manifestaciones, e incluso sumándose a ellas ha sido alabada por amplios sectores, sin embargo, esa alabanza contrasta de manera radical con la nula reflexión respecto a la situación de las fuerzas de orden en nuestro país, discusión que incluso muchas veces la izquierda rechaza de plano.

Temas como la relación con la “Escuela de las Américas” y el imperialismo, la inexistencia de una escuela de formación única que elimine la diferencia de clase existente entre los aspirantes a oficiales y suboficiales, la actual separación entre los miembros de las FF.AA. y sus familias con el resto de la sociedad –barrios y escuelas separadas- y la presencia de valores democráticos y de Derechos Humanos en la enseñanza en las diferentes escuelas matrices, incluso elementos tan aparentemente secundarios como el juramento que se realiza –no a respetar la Constitución o a las autoridades civiles, sino que “a obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores”- son importantes.

De nada sirve quedarse en la crítica superficial si no somos capaces de dar el paso hacia el entendimiento del profundo carácter represor que ha tenido históricamente el Estado chileno en defensa de los privilegios de los poderosos, para luego cuestionar el rol que la violencia y las FF.AA. y de Orden cumplen actualmente. La lucha por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo no se limita a ganar una renacionalización de los recursos naturales o al establecimiento de una educación gratuita, democrática en su funcionamiento y con un proyecto educativo al servicio de las necesidades populares. Un pueblo digno y soberano se construye en la lucha, pero también en su lucha por desbaratar las herramientas de control que poseen los poderosos.

Por Felipe Ramírez

Ex Secretario Fech 2011

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