Las instituciones no funcionan

La manida frase del ex presidente socialdemócrata Ricardo Lagos, “las instituciones funcionan”, entró en crisis en Chile. En un camino que puede llevar a plantear que el país comienza a caminar hacia un Estado semi/fallido. Porque se está desbarrancando la idea de que esta sociedad funciona a la perfección y se desmorona la frase propagandística de que “Chile es un ejemplo para el mundo”, soportada en base a la desinformación y un chovinismo complaciente.

Para algunos analistas y académicos se trata de la “desinstitucionalización”, el asomo de “la ingobernabilidad”, “el desgaste institucional”, “la crisis del sistema institucional” o lo que el periodista Paul Walder definió como “el colapso de la institucionalidad neoliberal”.

Agregando el factor subjetivo que tiene que ver con funcionarios públicos corruptos, cooptados al servicio de un partido político, incapaces e inexpertos, personeros tramposos y mentirosos, metodologías fallidas o equívocas y acciones de dolo y la intromisión abusiva de gerentes empresariales y especuladores en el aparato estatal.

El listado de episodios escandalosos y negativos de instituciones del Estado es contundente, a lo que se agregan muchos casos del sector privado y empresarial en situaciones que tienen que ver con engaño y fraude a millones de ciudadanas y ciudadanos, violación de la ley y cero respeto a conceptos como “la responsabilidad social” del empresariado.

El director de Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, apareció ligado a una absolución tributaria de 59 mil millones de pesos a favor de la empresa Johnson & Johnson, al igual que altos funcionarios de ese organismo estatal que debe velar porque se paguen los impuestos y se apliquen las sanciones financieras a quienes incurran en faltas tributarias. Esto llevó a una denuncia ante la Contraloría General de la República y se creó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Este caso sigue en un área gris.

Impacto nacional causó la información de prensa que reveló que los datos del Censo 2012, a cargo del hasta ahora prestigiado Instituto Nacional de Estadística (INE), son errados, y que ese proceso se hizo en medio de irregularidades, manipulaciones y por tanto los datos están alterados. El director del INE, Francisco Labbé, debió renunciar. Esto tiene un efecto demoledor -cuantificación de habitantes del país y sus datos socioeconómicos- en ámbitos como planes de beneficio social para sectores pobres e incluye la posibilidad de alteración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que afecta los reajustes salariales de los trabajadores chilenos. Es decir, falló el organismo estatal responsable de las estadísticas del país.

Cuando todavía no terminaba el efecto del caso INE, el Servicio Electoral (SERVEL) volvió a hacer noticia por situaciones anómalas o confusas. El periodista Fernando Paulsen revisó datos del SERVEL a través de la Ley de Transparencia, y le apareció que el candidato presidencial derechista, ex colaborador de la dictadura, Pablo Longueira, se habría inscrito en el Registro Electoral en 1989, y por lo tanto no habría votado en el plebiscito de 1988 (por el Sí o el No a la dictadura). Después el SERVEL sacó un documento donde se acreditó que Longueira estaba inscrito desde 1987…Paulsen tuvo que excusarse. Pero a las horas aparecieron personeros políticos, como el candidato presidencial del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), José Antonio Gómez y la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, indicando que había errores en sus inscripciones electorales. A los pocos días se informó que en el Registro Electoral aparecen con derecho a voto alrededor de 560 mil personas fallecidas. Y la pelota le saltó al Registro Civil, otro organismo estatal. Como si fuera poco, el presidente del Consejo Directivo del SERVEL, Juan Emilio Cheyre, declaró que “nadie nos puede decir cuántos muertos hay” en los registros de electores y se metió en otro lío al asegurar que marcar el voto con las letras AC (Asamblea Constituyente, una demanda de organizaciones de la sociedad civil) anulaba el sufragio, lo que fue desmentido por el gobierno y por el propio SERVEL que dirige Cheyre. Hay que agregar que este personero fue ex comandante en jefe del Ejército, lo que generó críticas de parlamentarios, académicos y expertos electorales por tener a un antiguo jefe militar a cargo de las elecciones en Chile, y de organismos de derechos humanos porque Cheyre apareció ligado a procesos por violaciones a esos derechos durante la dictadura.

Un suceso que golpeó la institucionalidad tuvo que ver con la abrupta renuncia a su candidatura presidencial del financista y ex ministro de Piñera, el derechista Laurence Golborne, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), porque él era gerente general del consorcio Cencosud cuando éste aumentó unilateralmente las comisiones a pagar por los clientes de tarjetas del supermercado Jumbo, lo que derivó en una condena de la Corte Suprema en contra de la empresa. Y a los pocos días, se supo que el presidenciable de la UDI no había declarado que tiene inversiones en las Islas Vírgenes para evitar pagar impuestos en Chile.

Por cierto, esto deja una estela de incertidumbre en cuanto a si no habrá otras u otros candidatos, dirigentes de partidos, parlamentarios, ministros, etc., con cuentas bancarias en el extranjero o inversiones en paraísos fiscales. ¿O sólo es Golborne el que las tiene?

En medio de todo, salió un fallo del Decimocuarto Juzgado Civil de Santiago, donde se condenó al BancoEstado (entidad pública, con importante participación estatal) a pagar una indemnización a medio millón de personas que tenían libretas de ahorro en esa entidad, por cobro de comisiones indebidas desde el 2003, cuando a cargo del organismo estaba el dirigente del Partido Socialista y del club deportivo Universidad Católica, Jaime Estévez.

Desde atrás vienen otros casos como los cuestionamientos a las metodologías de la Encuesta Casen que determina la cantidad de pobres en el país, sacando de ese grupo de personas a quienes perciben más de 200 dólares al mes (un despropósito); las fallas del Consejo Superior de Acreditación de universidades donde se comprobaron actos irregulares y que llevó a un cambio de su dirección; casos de corrupción en compra de aviones por parte de la Fuerza Aérea de Chile, la salida del General Director de Carabineros por caso de corrupción donde apareció vinculado uno de sus hijos; la destitución del Ministro de Educación por no fiscalizar el lucro en las universidades, etc.

A todo eso hay que agregar los casos del sector privado, especulativo/financiero y empresarial: colusión de farmacias para afectar con los precios a los ciudadanos; varias universidades que violaron la ley al practicar el lucro; fraude de la empresa La Polar a millones de personas, la mayoría de escasos recursos; pésima gestión de las empresas del Transantiago; malos servicios y afectaciones a usuarios de entidades privadas como Banco Santander, telefónica Movistar, Aguas Andinas, etc.

Las cosas andan a tal nivel, que en medio de todo, el mismísimo Presidente de la República, Sebastián Piñera (la máxima autoridad del Estado), confesó en una entrevista radial que “me dan como caja todo el santo día”…

A nivel de administración, lo que ya cayó entre el olvido y el desecho fue la promesa de Piñera de ejercer “un gobierno de excelencia”, copado de sucesos negativos y oscuros.

La Cámara de Diputados lleva conformadas varias comisiones investigadoras para ver los casos de irregularidades en entidades del Estado.

Parece obvio que “las cosas no se están haciendo bien” y no van por buen camino en lo que debe ser el funcionamiento profesional, ético, transparente, eficaz y de real servicio público por parte de las entidades del Estado. Esto se profundizó, como lo demuestran los hechos, durante la gestión del gobierno de derecha.

Paralelamente, el sector privado y empresarial acumula casos de tremendo impacto y daño al país y a millones de ciudadanas y ciudadanos, lo que puede llevar a señalar que no están funcionando ni las instituciones públicas ni las privadas. Y que muchas características que se han querido destacar a la institucionalidad chilena, están entrando en el rango de crisis y de mitos.-

Por Hugo Guzmán