Por Carlos Martínez
Este mes Cuba anunció la transformación más profunda de su modelo económico en más de sesenta años. Aprobado por un Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ratificado por unanimidad por la Asamblea Nacional, el programa comprende 23 ejes estratégicos y 176 medidas concretas. Como era previsible, buena parte de la prensa occidental —junto con un amplio sector de la izquierda occidental— interpretó inmediatamente el anuncio como la prueba de que el bloqueo había logrado, por fin, doblegar a la Revolución, obligando a La Habana a emprender el camino del capitalismo.
Sin embargo, esa lectura pasa por alto tanto el contenido real de las medidas como el proceso histórico que las ha hecho necesarias. Las reformas deben entenderse, más bien, como el intento de Cuba de hacer lo que otros Estados socialistas sometidos a asedio se han visto obligados a hacer antes: defenderse desarrollando sus fuerzas productivas, conforme a sus propias prioridades, aunque bajo circunstancias que no ha elegido. Como afirma Isaac Saney, las medidas, «lejos de representar un retroceso», constituyen en realidad «un esfuerzo estratégico por preservar y profundizar las conquistas sociales de la Revolución frente a una presión externa incesante y a desafíos económicos sin precedentes».
Para quienes han seguido de cerca la evolución de China, el enfoque que hoy adopta La Habana resulta inmediatamente reconocible. Bajo una presión extraordinaria, Cuba recurre a la lógica estratégica que ha orientado el desarrollo chino desde 1978: utilizar de manera controlada los mercados y la inversión extranjera para impulsar las fuerzas productivas, mientras el Partido Comunista mantiene el poder político y el control público de los sectores estratégicos de la economía. Al mismo tiempo, busca apoyarse en sus aliados históricos. China y Vietnam han sido los socios más importantes de Cuba para resistir el actual asedio, y el fortalecimiento de las relaciones entre sus respectivos partidos constituye un elemento esencial del contexto en el que se inscriben estas reformas.
En qué consisten realmente las reformas
El nuevo paquete de medidas elimina la exigencia, vigente durante décadas, de que los inversionistas extranjeros deban asociarse obligatoriamente con una empresa estatal. Se autorizará la creación de grandes empresas privadas, se permitirá la operación de bancos privados, se abrirá el sector inmobiliario al desarrollo privado y se facilitará que inversionistas nacionales y extranjeros adquieran participaciones en empresas estatales, algunas de las cuales serán transformadas en sociedades anónimas.
Asimismo, se alentará activamente a los cubanos residentes en el exterior a invertir en el país, realizar donaciones, importar tecnología y crear empresas. Las empresas estatales —que siguen constituyendo el principal pilar de la economía— dispondrán de una autonomía mucho mayor en materia de inversiones, contratación de personal, fijación de precios y gestión financiera, mientras que los gobiernos municipales asumirán mayores competencias para promover el desarrollo local. También se eliminarán los topes salariales que han impulsado a numerosos profesionales altamente cualificados a emigrar.
La agricultura, uno de los sectores más golpeados por la crisis actual, recibe una atención prioritaria. Las tierras ociosas serán entregadas a quienes estén dispuestos a cultivarlas; se ampliarán los mecanismos de usufructo y los productores tendrán un mejor acceso a semillas importadas, maquinaria y fertilizantes, además de poder participar directamente en las exportaciones.
Un aspecto fundamental es que la tierra seguirá siendo de propiedad nacional. Lo que se amplía no es el derecho a acumularla, sino el derecho a utilizarla e invertir en su desarrollo. El sistema financiero se abrirá a una mayor participación privada y extranjera, siempre bajo regulación estatal; el sector energético orientará decididamente su desarrollo hacia las fuentes renovables; y las tecnologías digitales, el software y la inteligencia artificial se incorporarán a la agricultura, la salud, la logística, el turismo y el comercio.
Los subsidios generalizados, que benefician por igual a los sectores más acomodados y a los más vulnerables, serán sustituidos por ayudas focalizadas en quienes más las necesitan: jubilados, familias con hijos que padecen enfermedades crónicas y barrios empobrecidos. No obstante, la responsabilidad del Estado en materia de salud, educación, seguridad social y bienestar permanecerá intacta.
Alimentos, medicamentos y piezas de repuesto escasean como consecuencia de un régimen de sanciones concebido explícitamente para provocar hambre y descontento.
La idea que inspira todo este programa queda sintetizada en una expresión del presidente Miguel Díaz-Canel: es necesario «liberar las fuerzas productivas», sustituyendo la prohibición por la regulación. Cuba, afirmó, necesita «más producción y menos restricciones». Sobre la cuestión alimentaria fue aún más contundente: «No hay soberanía con un plato vacío». Y respecto a la urgencia del momento, concluyó: «Cuba no necesita más demoras; necesita soluciones».
Un país bajo asedio
Nada de lo anterior puede entenderse al margen de la extraordinaria presión que hoy soporta la isla. Cuba no está reformando su economía desde una posición de estabilidad o de comodidad; lo hace bajo el asedio económico más amplio y prolongado de la historia contemporánea. El bloqueo estadounidense, vigente desde hace 64 años, ha alcanzado niveles sin precedentes durante el segundo mandato de Donald Trump y bajo la dirección de Marco Rubio al frente del Departamento de Estado. Las importaciones de combustible han sido prácticamente estranguladas —durante buena parte de este año apenas un solo petrolero ruso logró atracar en la isla— y apagones, de hasta veinte horas diarias, han paralizado el transporte, los hospitales, las escuelas y el suministro de agua. Alimentos, medicamentos y piezas de repuesto escasean como consecuencia de un régimen de sanciones concebido explícitamente para provocar hambre y descontento. Díaz-Canel lo ha calificado como «el bloqueo económico, financiero, energético y comercial más cruel, genocida y prolongado ejercido por la nación más poderosa del mundo».
A los efectos del bloqueo se suman las secuelas duraderas de la pandemia de la COVID-19, que devastó el turismo —una de las principales fuentes de divisas del país—; el debilitamiento de los aliados regionales, en particular la interrupción del suministro de petróleo venezolano; y las reiteradas amenazas de una intervención militar. Washington ha evitado descartar el uso de la fuerza, mientras Trump llegó incluso a especular públicamente con una «toma amistosa» de la isla.
El paralelismo con la década de 1990 resulta revelador. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Cuba perdió de la noche a la mañana la mayor parte de su comercio exterior y se vio inmersa en el llamado Período Especial, una contracción económica de enorme dureza que logró superar, en parte, abriendo determinados sectores a la inversión extranjera y construyendo desde cero una industria turística. Fidel Castro siempre dejó claro que aquellas aperturas respondían a una necesidad histórica y no a una atenuación de sus convicciones socialistas. Lo que Cuba enfrenta hoy equivale, en muchos aspectos, a un nuevo Período Especial, con una diferencia especialmente cruel: esta vez, la válvula de escape que representó el turismo se encuentra en gran medida bloqueada por la crisis energética y la hostilidad de Estados Unidos. Las reformas constituyen, por tanto, una respuesta a esa emergencia.
La Larga Marcha de la Reforma en Cuba
Si la magnitud del anuncio es novedosa, no lo es la dirección que ha tomado el país. Desde hace casi dos décadas Cuba avanza, de forma gradual, por un camino de reformas, y las medidas actuales deben entenderse como la aceleración de un proceso que lleva años desarrollándose.
La dirección de la Revolución cubana lleva mucho más tiempo enfrentándose a los problemas de productividad propios de una economía sometida al asedio. Ya en 1979, Raúl Castro advertía ante la Asamblea Nacional, con la franqueza que lo caracterizaba, sobre los efectos corrosivos de la baja productividad y la relajación de la disciplina laboral:
«La falta de disciplina en el trabajo, las ausencias injustificadas, la disminución deliberada del ritmo de trabajo para no sobrepasar las normas —que ya de por sí son bajas y, además, se aplican deficientemente— con el fin de evitar que sean modificadas… A diferencia del capitalismo, cuando los trabajadores del campo cumplían agotadoras jornadas de doce horas o más, hoy existen numerosos casos, sobre todo en la agricultura, en que apenas se trabajan cuatro o seis horas diarias… Sabemos que en muchos casos los jefes de brigada y los capataces llegan a acuerdos con los trabajadores para cumplir la norma en media jornada y dedicar la otra mitad a trabajar para algún pequeño agricultor privado de la zona a cambio de ingresos adicionales… Todos estos «trucos del oficio» que se observan en la agricultura también existen en la industria, en los servicios de transporte, en los talleres de reparación y en muchos otros ámbitos, donde proliferan el amiguismo, el intercambio de favores y la apropiación indebida de recursos». (Citado en Michael Parenti (1997), Blackshirts and Reds: Rational Fascism and the Overthrow of Communism, City Lights Books, p. 79.).
Desde hace décadas, por tanto, la dirección cubana es consciente de que un exceso de centralización y unos métodos administrativos excesivamente rígidos pueden desalentar la iniciativa y generar ineficiencia. Ese mismo diagnóstico fue el que impulsó a los reformadores chinos a finales de la década de 1970.
Una reforma gradual y experimental como la que emprendió China requiere precisamente aquello que el bloqueo busca impedirle a Cuba: estabilidad, acceso al capital y a la tecnología, y un margen mínimo de maniobra.
Fue Raúl Castro, sucesor de Fidel en la Presidencia en 2008 y máximo dirigente del país hasta 2018, quien tradujo por primera vez ese diagnóstico en un programa sistemático de reformas. A partir de 2010, su gobierno comenzó a reducir el peso directo del Estado en la economía con el propósito de trasladar alrededor de un millón de trabajadores del sector estatal —en un momento en que aproximadamente el 95 % de la población ocupada trabajaba para el Estado— hacia un sector privado y cooperativo considerablemente más amplio.
Los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido en 2011 legalizaron la compraventa de viviendas y automóviles, flexibilizaron las restricciones para viajar al extranjero, ampliaron las actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia y permitieron el registro de cientos de miles de cuentapropistas. Se multiplicaron los restaurantes familiares —los conocidos paladares—, así como pequeños comercios privados. Incluso las barberías y salones de belleza estatales pasaron, en la práctica, a ser gestionados por sus propios trabajadores, la primera vez que establecimientos comerciales eran cedidos a quienes los operaban desde la nacionalización de los pequeños negocios en 1968.
La pieza central de este programa de modernización fue la Zona Especial de Desarrollo Mariel, inaugurada en 2013 alrededor de un nuevo puerto de aguas profundas. Gracias a un régimen tributario más favorable, normas laborales más flexibles y la eliminación del requisito de constituir empresas mixtas con el Estado, Mariel fue concebida deliberadamente siguiendo el modelo de las zonas económicas especiales que impulsaron la transformación económica de China y Vietnam. El método de fondo —ensayar la apertura económica en un espacio controlado antes de extenderla al conjunto del país— reproducía de manera muy cercana la experiencia reformista de ambos países.
¿Por qué, entonces, después de quince años de reformas, Cuba llegó a una coyuntura de crisis tan aguda con tantas tareas aún pendientes? Parte de la respuesta, como ha reconocido el propio Díaz-Canel, reside en «obstáculos que no provienen del exterior ni del bloqueo»: «la lentitud, la burocracia y las normas que obstaculizan a quienes quieren producir». Muchas de las reformas aprobadas quedaron durante años en el papel, frenadas por la inercia burocrática y por una cultura institucional que con frecuencia veía la iniciativa privada más como un riesgo que como un recurso para impulsar el desarrollo. Buena parte del nuevo paquete de medidas pretende precisamente romper ese inmovilismo. Díaz-Canel ha insistido en que cada medida contará con responsables claramente identificados, plazos concretos e indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.
Pero esos obstáculos internos no pueden separarse del asedio externo. Una reforma gradual y experimental como la que emprendió China requiere precisamente aquello que el bloqueo busca impedirle a Cuba: estabilidad, acceso al capital y a la tecnología, y un margen mínimo de maniobra. China inició su proceso de reforma y apertura en el contexto internacional relativamente favorable de finales de los años setenta y durante la década de los ochenta —una coyuntura política que, dicho sea de paso, fue posible gracias al liderazgo previo de Mao Zedong y Zhou Enlai—. Cuba, por el contrario, ha intentado reformar su economía mientras era sometida a un creciente estrangulamiento, con Washington empeñado activamente en disuadir a los inversionistas y restringir el acceso del país al combustible y al financiamiento.
Como ha señalado un economista cubano residente en Londres, tanto China como Vietnam pudieron emprender sus reformas de manera gradual y desde una posición de relativa estabilidad, comenzando por el sector agrícola y extendiéndolas progresivamente durante varios años. Cuba, en cambio, se ve obligada a abrir su economía «en el peor momento posible», cuando atraviesa una profunda crisis económica.
La vía china, no la vía soviética
Existe más de una forma de introducir los mercados y la inversión extranjera en una economía socialista, y la diferencia entre ellas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte del proyecto. Esta es la lección que China ha demostrado durante casi medio siglo, y es la lección más relevante para Cuba en la actualidad.
China sigue siendo un país socialista dirigido por el Partido Comunista, ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y hoy se presenta como el principal defensor de una causa mundial multipolar y antiimperialista.
El enfoque chino de la reforma fue fundamentalmente distinto al seguido por la Unión Soviética bajo Gorbachov. Mientras que la URSS tardía privatizó apresuradamente sectores clave y desmanteló sus organismos de planificación de la noche a la mañana —combinando medidas económicas mal concebidas con una “liberalización” política que transfirió el poder de la clase trabajadora a una naciente clase capitalista, desembocando en el caos y el saqueo de los años de Yeltsin—, China avanzó con cautela y pragmatismo. Relajó las restricciones sobre el capital privado mientras mantenía los sectores estratégicos bajo control público; conservó y mejoró progresivamente su sistema de planificación; el sector estatal fue fortalecido en lugar de disuelto; y, sobre todo, el poder político nunca quedó sujeto a disputa. Como insistió Deng Xiaoping en sus Cuatro Principios Fundamentales, el liderazgo del Partido Comunista y el camino socialista no eran negociables: constituían el marco dentro del cual se permitía operar a los mercados. La reforma avanzó mediante la experimentación —“cruzar el río tanteando las piedras”—, extendiendo los proyectos piloto exitosos y abandonando los fracasos.
Esta es una lógica con profundas raíces en la tradición socialista. Desciende directamente de la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin de 1921, que utilizó los mercados y la iniciativa privada para revitalizar una economía devastada por la guerra mientras los bolcheviques mantenían el control del poder estatal y de las alturas estratégicas de la industria. “No debemos temer el crecimiento de la pequeña burguesía y del pequeño capital”, argumentaba Lenin; “lo que debemos temer es el hambre prolongada, la necesidad y la escasez de alimentos”. La reforma y apertura de Deng fue una aplicación mucho más ambiciosa de esa misma idea y, casi medio siglo después, el balance está claro. China sigue siendo un país socialista dirigido por el Partido Comunista, ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y hoy se presenta como el principal defensor de una causa mundial multipolar y antiimperialista.
Los resultados del proceso de reforma chino convencieron incluso a algunos de quienes lo habían considerado extremadamente arriesgado. En una carta de 2002 dirigida a los editores de Monthly Review, en la que criticaba la cobertura unilateral de la transformación de China realizada por la revista, la educadora revolucionaria Isabel Crook —quien pasó la mayor parte de su larga vida en China y fue en gran medida escéptica respecto a las reformas— reconoció que la situación objetiva las había hecho necesarias. China, a finales de la década de 1970, se había debilitado tanto externamente, por la división del campo socialista, como internamente, por las convulsiones de la Revolución Cultural; “la casa se construyó con las piedras que estaban disponibles”. Y así, aunque escribió: “lamenté el giro de la estrategia de Mao a la de Deng”, añadió que “si en su posición vulnerable China requería un rápido desarrollo económico, por su propia seguridad, entonces la elección de Deng era válida”. Gran parte de la decepción expresada actualmente en sectores de la izquierda respecto a las reformas cubanas juzga a una isla bloqueada comparándola con un ideal que nunca ha tenido libertad para perseguir.
Para Cuba, la pregunta decisiva es la misma que separó a Pekín de Moscú: ¿quién detenta el poder político? No existe ninguna señal de que el liderazgo del Partido Comunista de Cuba —garante último del sistema socialista— vaya a ser debilitado o deslegitimado. El Estado conserva el sistema bancario, los sectores estratégicos y la capacidad de gravar, regular y redistribuir. La apuesta del liderazgo cubano es la misma que China realizó con éxito y que la URSS no logró: que un sector privado emergente pueda mantenerse como un socio menor y dependiente, en lugar de convertirse en un rival ascendente. Mientras esto se mantenga, Cuba está siguiendo el camino de la reforma y apertura de China, no la vía soviética de la perestroika y la glasnost. Que esta sea la intención consciente no está en duda: Díaz-Canel ha afirmado claramente que las medidas se inspiran en la experiencia de la construcción socialista en China y Vietnam, y Cuba y China llevan años estudiando juntas esa experiencia.
La solidaridad de China: una parte esencial del panorama
El modelo chino no es simplemente un punto de referencia abstracto para Cuba; está integrado en una relación viva de solidaridad. A medida que Washington ha intensificado el cerco, China ha intervenido repetidamente para cubrir las necesidades dejadas por la presión externa.
Esto es especialmente evidente en el ámbito energético, precisamente el frente en el que el bloqueo resulta más devastador. Con apoyo chino, Cuba ha triplicado su generación solar en un solo año, pasando de menos del seis por ciento a más del 20 por ciento de la electricidad total, mediante la conexión de decenas de nuevos parques solares; China está financiando un programa de alrededor de 92 parques solares que se proyecta cubrirán aproximadamente la mitad de la demanda diurna de Cuba para 2028, y su cooperación en el sector energético incluye equipos para la red eléctrica, almacenamiento en baterías y apoyo técnico. Cada kilovatio que Cuba genera a partir del sol es un kilovatio que el bloqueo energético no puede afectar; el impulso hacia las energías renovables, situado en el centro de las nuevas reformas, es en este sentido un instrumento de resistencia antiimperialista, y China ocupa un papel central en él.
La solidaridad se extiende mucho más allá de la energía. Durante los últimos meses, China ha enviado sucesivos cargamentos de ayuda alimentaria de emergencia, incluidos decenas de miles de toneladas de arroz, junto con nuevas rondas de asistencia aprobadas al más alto nivel, y ha ampliado la cooperación científica y agrícola. Esta es la expresión práctica de lo que ambos gobiernos describen como una “comunidad China-Cuba con un futuro compartido”.
Cuando Xi Jinping y Díaz-Canel se reunieron en Pekín en septiembre de 2025, reafirmaron una amistad que se remonta a Mao y Fidel y se comprometieron a profundizarla en la nueva era.
Como base del apoyo material existe una relación cada vez más estrecha entre ambos partidos. El Partido Comunista de China y el Partido Comunista de Cuba han celebrado ya siete seminarios teóricos conjuntos; el más reciente se centró en avanzar en la modernización socialista mediante la planificación del desarrollo científico, precisamente las cuestiones que Cuba enfrenta actualmente.
Cuando Xi Jinping y Díaz-Canel se reunieron en Pekín en septiembre de 2025, reafirmaron una amistad que se remonta a Mao y Fidel y se comprometieron a profundizarla en la nueva era. En una reciente videollamada con su homólogo cubano, el jefe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Haixing, expresó el apoyo chino en términos inequívocos: independientemente de los cambios en el panorama internacional, el compromiso de China con su amistad con Cuba “no cambiará”; tampoco cambiará su determinación de “apoyar a Cuba en la búsqueda de un camino socialista adaptado a sus condiciones nacionales”, ni su compromiso de ayudar al pueblo cubano a mejorar sus condiciones de vida.
Ese respaldo es tanto diplomático como económico. China ha exigido de manera constante el fin del bloqueo, ha apoyado a Cuba en las Naciones Unidas y ha condenado la acusación ilegal de Washington contra Raúl Castro. Apenas el mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró a su homólogo cubano que Pekín “seguirá defendiendo la justicia y alzando la voz por Cuba… y contribuirá al desarrollo económico y al bienestar del pueblo cubano”, mientras que esta semana un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que China “apoya firmemente a Cuba en la exploración de un camino de desarrollo socialista adecuado a sus condiciones nacionales”. Para un país sometido a un cerco, que intenta llevar a cabo una transición económica delicada y arriesgada, la existencia de socios socialistas poderosos dispuestos a proporcionar combustible, alimentos, tecnología, inversión y apoyo diplomático no es un factor secundario. Puede resultar decisivo.
¿Una victoria simbólica para Trump?
Existe una dimensión geopolítica de las reformas que debe ser reconocida con honestidad. La administración Trump puede presentarlas como una victoria: una prueba de que la “máxima presión” obligó a La Habana a abrir su economía. Para un gobierno que concede sistemáticamente más importancia a la apariencia de victoria que a sus resultados reales, ese simbolismo tiene un valor concreto: ofrece a Trump un “triunfo” que le permite evitar una aventura militar, una acción que sería enormemente impopular tanto dentro como fuera de Estados Unidos, dado que prácticamente toda la comunidad internacional vota año tras año en las Naciones Unidas contra el bloqueo. El liderazgo cubano no se hace ilusiones al respecto. Pero una concesión que permite ganar tiempo, atraer inversiones y mantener cerrada la puerta a la agresión militar es algo muy diferente de una rendición.
Conclusión: preservación, no abandono
Para Cuba, lo que está en juego difícilmente podría ser más importante. La Revolución sigue proporcionando una esperanza de vida y una tasa de mortalidad infantil mejores que las de Estados Unidos, una alfabetización superior al 99 %, y ha enviado más médicos al extranjero que la OMS, Unicef y Médicos Sin Fronteras juntos. La alternativa que ofrece Washington no es una democracia de consumo, sino el regreso del orden prerrevolucionario: la Cuba de Batista, un territorio de juego para el capital extranjero y una colonia en todo salvo en el nombre.
Las reformas implican riesgos indudables. Un mercado inmobiliario, bancos privados, grandes empresas e inversiones financiadas por remesas tenderán a generar un sector con propiedad acumulada, y en el caso cubano esto ocurrirá siguiendo las líneas de desigualdad ya existentes relacionadas con el acceso a divisas y con los familiares en el extranjero. Nada de esto debe minimizarse; es el coste real de la política adoptada. Pero la apuesta es una decisión meditada, y se basa en una premisa que China lleva casi 50 años poniendo a prueba: que un Estado socialista que conserva el poder político, la propiedad pública de los sectores estratégicos y los mecanismos de planificación y redistribución en sus propias manos puede utilizar los mercados y el capital extranjero para desarrollarse sin ser absorbido por ellos.
Por tanto, las reformas de Cuba deben entenderse no como el abandono del proyecto socialista, sino como un intento de preservarlo y renovarlo: el capítulo más reciente de una historia de socialismo bajo asedio que se remonta a 1959. El éxito de esta apuesta dependerá de su implementación, de la capacidad del Partido para superar la inercia burocrática y de la solidaridad: la solidaridad del pueblo cubano y de sus amigos en el extranjero, con China ocupando un lugar destacado entre ellos. Como dijo Díaz-Canel a sus compatriotas: “Nosotros no vamos a unirnos solamente para resistir. Vamos a unirnos para crear. Para producir. Para decidir. Para supervisar. Para prosperar y para transformar”.
Por Carlos Martínez
Fuente: Friends of Socialist China – 25th June 2026
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