Ley Glaciares: Seguimos sin una adecuada gestión de nuestros bienes comunes

Chile al igual que otros países de Sudamérica ha basado su estrategia de desarrollo en la explotación intensiva de recursos naturales, sin una mayor preocupación por la agregación de valor agregado. Este modelo extractivista de desarrollo, fue potenciado por la dictadura militar abriendo las fronteras regulatorias a fin de ofrecer las materias primas en el mercado internacional (commodities), así como condiciones favorables para la entrada de transnacionales en el mercado de la explotación de estos recursos.

Para llevar a cabo este objetivo, se reorganizó el territorio imponiendo una división político administrativa que dotara a cada región de recursos naturales suficientes, a fin de avalar una perspectiva regional de desarrollo económico a largo plazo.

Así es como, por medio de subvenciones estatales a diversas empresas, tales como pesqueras, forestales, mineras, entre otras, la matriz extractivista se ha ido distribuyendo a lo largo del país, desalojando de los territorios a las comunidades, acaparando y apropiándose de nuestras riquezas naturales y generando problemas tales como; desforestación, contaminación de suelos y cursos de agua, entre otras. Desigualdades que comúnmente son tratadas como “externalidades negativas”, pero que nada tienen de externas, dado que son inherentes al modelo de desarrollo extractivista. Lamentablemente, los gobiernos democráticos han seguido con esta forma de administrar nuestros recursos, arrebatando a la ciudadanía la soberanía sobre los bienes que le son comunes, y de paso devastando el hábitat y en definitiva, la soberanía de las comunidades y del país sobre sus territorios.

Un caso ilustrativo y muy relevante es la destrucción de nuestros glaciares por parte de la gran minería, a través de empresas tanto estatales como gremios privados, por ejemplo Codelco y el Consejo Minero respectivamente.

Recordemos que estos ecosistemas constituyen la mayor reserva de agua dulce del planeta, y Chile concentra el 81% de los glaciares sudamericanos. Por los cual los glaciares corresponden un bien que nos es común y su preservación y protección no sólo nos permitiría asegurar el acceso al agua a las generaciones presentes y futuras, sino la supervivencia de la vida y el hábitat de la comunidad, en las zonas más pobladas del país. No olvidemos además, que hoy el país sufre de un escenario de escasez hídrica en la mayoría de sus regiones, y que diversos estudios aseguran que debido al cambio climático, esta situación ha llegado para quedarse, proyectando incluso que el acceso al agua será menor del 30% que al que actualmente contamos, en el año 2050. Lo anterior en ningún caso puede ser reducido a un problema de conservación. Lo que se encuentra en juego es el necesario equilibrio que debe existir entre sociedad y ecosistemas que nos permita pensar una sociedad donde las próximas generaciones puedan vivir dignamente. En ese sentido la posibilidad de la equidad intergeneracional, es un problema político social.

En estos momentos, se discute una crucial Ley de Protección de Glaciares en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, sin embargo, resulta a lo menos preocupante que el ejecutivo, a través del Ministro de Medio Ambiente, siga presentando indicaciones que buscan sólo proteger los glaciares que queden dentro de Parques Nacionales, mientras el resto, quedarían sujetos a postulaciones anuales, que mediante un proceso administrativo, que no considera recursos económicos adicionales, podrían llegar a ser designados como “Reserva Estratégica”.

A su vez si en este proceso algún privado o empresa considera ver afectado sus intereses individuales o colectivos podrán oponerse a tal designación a través de una apelación ante un tribunal ambiental.

El resultado de las indicaciones del Ministro de Medio Ambiente, no es más que una Ley hecha a la medida de las empresas y gremios mineros, pues cautela con mayor preocupación sus intereses y les da el tiempo suficiente para que mientras se llegan a proteger nuevos glaciares, sigan destruyendo nuestro patrimonio natural. El gobierno vuelve a confirmar que su prioridad se encuentra en promover los intereses de los grandes grupos económicos en desmedro del patrimonio común de todos los chilenos.

Por tal motivo desde la Mesa ciudadana de Glaciares, estamos haciendo un llamado a los diputados que participan de la Comisión y a todas las organizaciones social, para que emplacen al gobierno a que se declaren por presunción que todos nuestros glaciares son relevantes y estratégicos. Y de esta manera se establezca, al menos, el acceso al agua como un derecho fundamental, y no una mera mercancía que choca con los intereses del empresariado, que no se compromete con las comunidades a las cuales afecta, no cuida sus ecosistemas y no solidariza con las generaciones futuras.