Lo que este momento revela sobre la arquitectura real del sistema internacional

Por Anjuli Tostes y Daniel Jadue

Este momento marca un pasaje: de una hegemonía que gobernaba mediante reglas, instituciones y legitimidad, hacia una hegemonía más desnuda, donde el control se afirma por hechos consumados. No es “la ley contra la fuerza”. Es la hegemonía reacomodando su forma de mando cuando percibe que el orden previo ya no garantiza obediencia.

Un orden hegemónico no es simplemente la existencia de un Estado muy poderoso, es un mecanismo de gobierno internacional. Funciona cuando el centro logra que otros acepten su primacía porque ofrece una combinación de beneficios materiales, previsibilidad institucional y promesas de estabilidad, reservando la coerción como recurso excepcional. Su virtud -y también su estrategia- consiste en mandar sin necesidad de exhibirse como imperio. En ese formato las instituciones son herramientas de administración del poder, que reducen incertidumbre, amortiguan conflictos, y, sobre todo, evitan que la dominación genere automáticamente coaliciones de resistencia. La hegemonía se vuelve sostenible cuando parece confundirse con la normalidad.

El problema es que esa normalidad depende de un activo intangible, la legitimidad. Cuando el centro deja de ser percibido como garante de previsibilidad y pasa a ser visto como fuente de arbitrariedad, el orden hegemónico entra en tensión. En ese punto, la hegemonía suele recurrir a lo que siempre tuvo en reserva, la capacidad de imponer costos.

Y aquí conviene decirlo de forma directa, porque es el núcleo de la coyuntura: la hegemonía coercitiva suele ser síntoma de un orden que está perdiendo su base de consentimiento; es fuerza reemplazando autoridad. Tratase de un giro funcional: si el consentimiento se erosiona, la obediencia se busca por credibilidad coercitiva. Y la credibilidad coercitiva se construye con señales. Señales que no solo buscan doblegar al objetivo inmediato, sino disciplinar a todos los observadores que toman nota. La lógica es conocida en la historia de los imperios. El episodio particular importa, pero lo decisivo es su poder de demostración.

Por eso, el efecto estructural del momento no se agota en Venezuela. Lo que se instala es un precedente que reordena expectativas a nivel global. La política internacional se sostiene sobre líneas rojas tácitas: lo que se considera posible, lo que se presume impensable, lo que se tolera como excepción. Cuando una operación cruza un umbral y el costo político no es proporcional, ese umbral se desplaza.

Un antecedente inmediato de ese desplazamiento fue Gaza. Allí se vio cómo, incluso frente a pronunciamientos y medidas cautelares de los principales órganos jurídicos internacionales, la efectividad práctica de los límites dependió menos de la norma que de la capacidad de imponer costos políticos. La Corte Internacional de Justicia indicó medidas provisionales y reiteró obligaciones vinculadas a la protección de la población civil y a la provisión de ayuda, pero el sistema mostró su talón de Aquiles: sin mecanismos de cumplimiento y con el Consejo de Seguridad bloqueado por vetos, la “legalidad” quedó subordinada a correlaciones de fuerza.

La lección para el resto de los Estados y los pueblos del mundo no es jurídica, sino estratégica: el límite práctico no es el texto de la norma, sino la capacidad de resistir, encarecer o castigar. De ahí en adelante, el sistema deja de organizarse principalmente por reglas compartidas y pasa a organizarse por cálculos de vulnerabilidad. La soberanía, en vez de ser una garantía, se convierte en una variable.

Y cuando ese umbral se desplaza, la planificación estratégica cambia. Los Estados ya no pueden permitirse operar bajo el supuesto de inviolabilidad o de contención institucional, porque el precedente introduce una nueva posibilidad en el menú del poder: la excepción como instrumento. En términos prácticos, eso obliga a recalibrar prioridades -de la confianza al blindaje- y a actuar no según lo que debería ocurrir, sino según lo que ahora se sabe que puede ocurrir.

Ese desplazamiento tiene una consecuencia inmediata, la intensificación del dilema de seguridad. En un mundo donde la inviolabilidad deja de estar asegurada por principios, la prudencia ya no consiste en confiar en instituciones, sino en reducir exposición. Los Estados invierten menos en el lenguaje de la cooperación y más en arquitecturas de protección, como alianzas más rígidas, capacidades disuasivas, resiliencia cibernética, inteligencia, estrategias asimétricas. No todos podrán igualar el poder del centro, pero muchos buscarán elevar el costo de cualquier intervención futura. Y cuando la política se reestructura alrededor del encarecimiento del conflicto, la negociación pierde densidad porque queda subordinada a la amenaza.

Aquí aparece otra dimensión decisiva, la jerarquización explícita del sistema. La promesa moderna del orden internacional era, al menos formalmente, la igualdad soberana. En la práctica, siempre existieron asimetrías y zonas de influencia, pero hay una diferencia entre una jerarquía que opera de manera velada y una jerarquía que se practica como norma. Cuando la excepción se aplica sin rubor, se consolida la idea de que existen Estados con plena inviolabilidad y Estados convertibles en “casos” administrables. Es el paso de un mundo imperfectamente regulado a un mundo abiertamente estratificado. Y esa estratificación tiende a incubar conflictos, porque transforma agravios históricos en experiencia contemporánea. La periferia deja de sospechar y pasa a comprobar.

América Latina, en este esquema, vuelve a aparecer como espacio donde la excepción resulta comparativamente barata. Eso es una relación de poder. Allí donde los costos diplomáticos, económicos o militares de la intervención son manejables, la tentación de usar la fuerza como instrumento de gobierno internacional aumenta. Y cuando una región se convierte en laboratorio de precedentes, el orden global entero se reeduca. Se prueban reacciones, se mide tolerancia y se ajustan narrativas para justificarlo. Si la respuesta internacional no eleva el costo, el precedente queda disponible para repetición. En términos de arquitectura de orden, esto equivale a decir que el centro deja de liderar por persuasión institucional y comienza a mandar por administración coercitiva.

En el siglo XXI, esa deriva no necesariamente adopta la forma clásica de la colonia territorial con bandera y administración formal. La colonización contemporánea puede operar como colonización funcional: zonas de excepción donde se suspenden límites, se impone tutela política, se controla la capacidad de decisión y se reordena el acceso a recursos, corredores logísticos o palancas financieras. El resultado se parece menos a la anexión y más a un protectorado de facto: Estados nominalmente soberanos, pero sometidos a una soberanía condicionada, donde la “transición” se convierte en la palabra amable para un régimen de administración externa.

Lo decisivo aquí es el cambio de estilo del poder. Durante décadas, la hegemonía buscó gobernar sin parecer imperio, envolviendo la coerción en el lenguaje de la legalidad, la democracia o la estabilidad. Cuando ese envoltorio se rompe -o deja de ser necesario- aparece un comportamiento ostensivo de imperio, en el cual la jerarquía ya no se insinúa, sino que se practica, y la excepción ya no se justifica como anomalía, sino que se presenta como técnica. Y cuando la dominación se vuelve pública, lo que se acelera no es el orden, sino su desgaste, porque un sistema que admite abiertamente “zonas administrables” está confesando que su universalismo es selectivo y que su estabilidad descansa, cada vez más, en la obediencia forzada.

Esa transición trae consigo una paradoja que la teoría de la hegemonía conoce bien: la coerción puede producir obediencia rápida, pero tiende a destruir la base de estabilidad a mediano plazo. El orden hegemónico estable es aquel en que los demás aceptan reglas porque, aun siendo asimétricas, les ofrecen horizonte y previsibilidad.

La hegemonía coercitiva, en cambio, exige más recursos de control, multiplica frentes de fricción, y alimenta la búsqueda de contrapesos. Puede ganar control hoy, pero suele perder orden mañana, porque debilita aquello que vuelve gobernable al sistema: el consenso mínimo sobre los límites. Cuando ese consenso se rompe, el mundo no se vuelve necesariamente multipolar en el sentido clásico; se vuelve más volátil, más propenso a escaladas, y menos capaz de resolver tensiones por vía negociada.

En este punto, lo más grave no es solo la acción, sino su normalización. Si la práctica de imponer “transiciones” desde fuera se consolida como instrumento legítimo del centro, el sistema entra en una fase en la que la autoridad se reemplaza por coerción y la estabilidad depende del miedo.

En ese mundo, el derecho internacional se convierte en una herramienta selectiva, activada para disciplinar a unos y suspendida para proteger a otros. Y cuando las reglas dejan de ser marco común y pasan a ser recursos de conveniencia, los actores racionales hacen lo único que pueden: se preparan para la excepción. Pero un sistema donde todos se preparan para la excepción termina viviendo de excepción en excepción.

Por eso, el corazón de este momento no es el destino de una figura política concreta. Es la frontera de lo que el sistema considerará “normal” a partir de ahora. Es el desplazamiento de la frontera de lo posible. Que este precedente se consolide, o simplemente se tolere, deja al desnudo la regla real del sistema: no manda quien tiene razón, sino quien puede imponer costos. En ese mundo, la política exterior deja de ser negociación entre soberanías y se convierte en administración de jerarquías; la paz deja de ser construcción institucional y pasa a ser disciplina intermitente.

La consecuencia no es solo moral, es estratégica: la coerción puede arrancar obediencia puntual, pero no puede producir un orden estable. Puede imponer control, pero no autoridad; puede contener tensiones por un tiempo, pero no desactivarlas. Y aquí está el punto decisivo: un orden basado en excepciones necesita nuevas excepciones para seguir funcionando. Por eso la crisis deja de ser accidente y se transforma en método. Lo que se avecina, entonces, no es “normalidad”, sino un sistema donde la excepción se institucionaliza y la inestabilidad queda incorporada como forma de gobierno. En ese horizonte, lo que se administra por fuerza no se estabiliza: se sostiene mientras se pueda y, cuando deja de poderse, se rompe de forma más ruidosa. Ese es el mundo que asoma cuando la hegemonía ya no necesita parecer orden: le basta con ser mando.

Por Anjuli Tostes y Daniel Jadue

Anjuli Tostes es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y abogada. Es doctoranda en Derecho y Economía por la Universidad de Lisboa y miembro fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia y de la Asociación de Juristas por la Democracia de Chile. Es auditora de carrera de la Controladoria-Geral da União (CGU) de Brasil desde 2012.

Daniel Jadue es arquitecto, sociólogo y urbanista por la Universidad de Chile, y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

La defensa de Venezuela es la defensa del derecho de todos los pueblos a decidir su camino sin bloqueos ni saqueos