Lo que se calla en los cambios urbanísticos

La opinión pública sabe que el 30 de junio pasado el Consejo Regional (Core) Metropolitano rechazó el proyecto PRMS 100, concebido para aumentar el límite urbano en esta saturada región, disminuyendo sectores agrícolas. En esta tribuna ya nos hemos referido in extenso al asunto, pero como hay una campaña comunicacional a favor del proyecto, llevada a cabo por quienes pretenden beneficiarse con los cambios de uso de suelo, nos vemos obligados a decir algunas cosas sabidas por quienes son sus impulsores, pero mantenidas en secreto por los panegiristas de tal iniciativa mercantil. Se dice que próximamente habrá una nueva votación en el Core, la que se hará efectiva cuando el intendente Echeverría disponga de los votos necesarios para su aprobación.

Repetimos lo que ya hemos dicho en el sentido de que esta nueva modificación urbanística no se justifica porque en la actualidad ya existe una norma administrativa ad hoc que data del 2003, la que admite la consecución de negocios inmobiliarios en tierras agrícolas mediante condiciones bien fijadas. Claro que el denominado PRMS 100 es bastante más laxo que la reglamentación vigente y por ello hay tanto interés en que se apruebe porque así los privados beneficiados obtendrían mejores resultados económicos con sus emprendimientos. Es más, los interesados, con suma arrogancia, entre otras cosas, han argüido que los déficits de infraestructura que generaría la modificación no deben ser asumidos por el sector de la construcción.

Asimismo, ellos explican que con el PRMS 100 se está favoreciendo a los pobres porque se están creando grandes espacios para levantar viviendas sociales, pero la prensa que apoya esta iniciativa no reconoce que este proyecto modificatorio, creado por el gobierno de Bachelet, contemplaba una significativa cuota para construir viviendas con subsidio del Estado, incluyendo naturalmente viviendas sociales. Por cada desarrollo inmobiliario su titular tenía que ejecutar un 30% de sus viviendas orientadas a los necesitados que requieren un subsidio habitacional. De ese porcentaje de viviendas tenía que construirse un 12% para los más vulnerables que demandan viviendas sociales. Pero en noviembre de 2009, bajo el mandato de la misma presidenta, como consecuencia de las presiones recibidas por parte de la asociación gremial interesada, se rebajó esa exigencia y ahora solo el 8% del terreno asignado a uso residencial es para vivienda social.

Otra consideración puesta en la mesa por los impulsores del PRMS 100 es la gran cantidad de áreas verdes que se contemplan, pero poco se sabe en cuanto a que tales terrenos no necesariamente deben estar localizados en cada proyecto, lo cual induce a futuras tratativas comerciales con los recurrentes malabares que se conocen. Una de las críticas formuladas por los consejeros regionales que impidieron la aprobación de este proyecto a fines de junio pasado se refería a que cada titular tenía que mantener sólo por 5 años el área verde que le correspondía desarrollar y para tranquilizarlos Echeverría fue al Ministerio de Hacienda para conseguirse unos cuantos millones de dólares que se utilizarían en la mantención de las mismas después de los 5 años iniciales. Vale decir, con recursos de todos los contribuyentes se está posibilitando este polémico proyecto, a sabiendas que hay miles de hectáreas correspondientes a parques (bienes nacionales de uso público) tipificadas como áreas verdes que son peladeros : cuando las comunidades piden las materializaciones de esos parques, quienes ejercen el poder político responden que no hay recursos para ello.

Y aunque el lector no lo crea, este PRMS 100 desea eliminar las centenas de hectáreas que conforman los tradicionales huertos familiares de la comuna de La Pintana, cuyos actuales propietarios y sus ascendientes, desde hace muchos años, están cultivando la tierra y cosechando sus frutos para alimentar a la población. Los aludimos porque en El Mercurio del domingo pasado se publicó un interesante artículo sobre uno de los hombres más ricos del país, quien se compró una casa en la comuna de Vitacura, pleno sector urbano de alto valor de mercado, demoliéndola para plantar hortalizas en su terreno de 900 m2. Su familia ahora consumirá tomates, zanahorias, lechugas y verduras en general, producidos por sus especialistas en comida sana, lo cual es envidiable. Pero a los pequeños agricultores de La Pintana se le ponen trabas para que continúen sembrando sus tierras.

En cuanto a la sensata pertinencia de que cada municipalidad debía emitir un informe técnico respecto de la factibilidad del sector agrícola elegido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cada territorio jurisdiccional, en un principio este documento técnico estaba considerado, pero posteriormente fue eliminado para que los negocios particulares fueran expeditos, aunque, digámoslo con claridad, menos sustentables. Los que conocemos la Circular Nº 41 (diciembre de 2006) de ese ministerio sabemos que los cambios de uso de suelo han sido solicitados por los propios interesados y por ello nos extraña sobremanera que todavía la ciudadanía no conozca oficialmente los nombres de aquellos privados a quienes se pretende favorecer. En este sentido confiamos plenamente que el Consejo para la Transparencia pondrá las cosas en su lugar.

Este episodio lo relacionamos con lo que ha expresado públicamente el destacado director de cine norteamericano Oliver Stone respecto a la repulsión que le producen los abogados, bancos e inmobiliarias de su país dentro del contexto de su última película “Wall Street : Money Never Sleeps”. Nosotros no llegamos a tanto, pero por la forma en como se están haciendo las cosas, razón le encontramos a él porque en Chile también todo se mide en utilidades.

En todo caso los representantes de las organizaciones ciudadanas que se oponen a esta nueva expansión urbana se reunieron el jueves 14 de octubre pasado con el intendente Echeverría para indagar sobre cierta información emanada de él, quien astutamente desvió la atención y nos mostró un lindo power point lleno de buenas intenciones. Lo único nuevo que nos dijo es que el presidente Piñera lo instruyó en orden a que la opinión pública tenía que conocer los nombres de las sociedades o personas naturales cuyos terrenos agrícolas se transformarían en urbanos dependiendo de la próxima votación en el Core.

Por ahora y como un modesto adelanto, nos entregó un incompleto listado de propietarios elaborado por las municipalidades en donde se modificarían los usos de suelo en los predios de los anteriores.

Por Patricio Herman

Fundación “Defendamos la Ciudad”