Nación, pueblo Mapuche y legitimidad subyugada*

-I- Cuando surge el concepto político de Nación en el siglo XVIII, se pensaba que a cada estado debía corresponder una (nación)

Por Wari

23/09/2010

Publicado en

Columnas

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-I- Cuando surge el concepto político de Nación en el siglo XVIII, se pensaba que a cada estado debía corresponder una (nación). De esta forma, primó un concepto cívico de nación, que convertía legalmente en ciudadanos a todos aquellos individuos residentes en un territorio estatal.

Si bien es cierto que tal aspiración sigue predominando en la esfera jurídica contemporánea (por ejemplo, cuando hablamos de la nacionalidad como uno de los atributos de la personalidad). La realidad étnica y cultural de sociedades como la nuestra, ha puesto en crisis este modelo, precisamente, por que las transformaciones de los conceptos de ciudadanía y la lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades de origen, entre los que se cuenta el respeto a la autodeterminación de sus pueblos, también lo han venido haciendo.

Al respecto, conviene precisar que el origen etimológico de la palabra “Nación” proviene del latín “natío” que a su vez deriva de la voz “nascor” (nacer), y éste, del participio del verbo “nascere” o “gnascere” (nacido), es decir, de la expresión “nasci” (nacido). Originalmente este concepto evocaba el lugar de nacimiento de una persona, aunque progresivamente se comenzó a utilizar para reconocer a una comunidad de otra, distinguiendo en ella, su sistema de creencias, principios y valores propios.

Por otro lado, debido a que la formación histórica de los estados de Europa occidental nunca estuvo desvinculada de un marco ético-político, especialmente después de la paz de Westfalia, se promovió con temprana aceptación un discurso intelectual, que instaló la idea de que la Nación representaba la soberanía constituyente de los estados modernos. Con la emancipación de las colonias americanas, gran parte de estas ideas se importaron a la realidad política de los florecientes proyectos republicanos (Cortes de Cádiz), pero estos conceptos no encontraron el beneplácito esperado, dado que (como expuse en mi columna anterior) nuestro continente se caracteriza por su vitalidad y dinamismo intercultural. Sin embargo y como ha sido la tónica en estos asuntos, el paso del tiempo nos ha hecho acoger unívocamente la premisa de que el Estado nacional es uno y para todos.

-II- Ahora bien, si fuese por emparentar el concepto de nación con el de algún estilo de gobierno (como el republicano) o alguna forma de administración ético-política dotada de territorio, sociedad y cultura (como la de un estado), sugeriría, considerando particularmente el caso Mapuche, que:

“Si un gobierno se compone de la voluntad de tomar decisiones para arreglar la existencia de todo un conjunto, si además cuenta con la participación de agentes claves (Ñgidol, lonko, toki, weupiche, werken) y si a esto, agregamos los respectivos espacios o instancias que ayudan a congregar (juntas, parlamentos, Trawün) y los mecanismos para permitirlo, está claro que el Pueblo Mapuche ha contado siempre con su propio estilo de gobierno”.

Esto lo ha dicho el historiador Mapuche Pablo Marimán, en su libro recuperar lo propio será siempre fecundo. Y para ser franco, considero que tal cuestionamiento tiene mucho mayor sentido, que cualquier clase de lógica basada en alcanzar una sustentabilidad económica o continuidad política, en especial, cuando dicha lógica nos impulse a actuar con recelo e indiferencia frente a estas comunidades. Así pues, el quiebre cultural del modelo de estado nación es inevitable, en tanto, dicho modelo no respetó el sentimiento de pertenencia y arraigo simbólico a la experiencia comunitaria. Por ello no podemos afirmar que el estado refiera precisamente al concepto de nación. De hecho, nosotros como país estamos en pleno proceso de construcción nacional, y en eso las comunidades de origen nos llevan cientos de años.

Por todo lo anterior no cabe negar la presencia de una Nación Mapuche. Y con ello no me estoy refiriendo al surgimiento de un estado beligerante, pues la Nación Mapuche prescinde de la organización de un estado o de cualquier forma de administración foránea a la de su propia comunidad. El estado de Chile se ha enriquecido a costa de las comunidades de origen que cohabitan nuestro territorio (desde someterlos al sistema de encomienda hasta usarlos para engrosar las filas del ejército). Ha llegado el momento en el que la sociedad chilena compense el daño causado a este pueblo ancestral, acogiendo sus demandas y reconociendo la legitimidad de su organización.

-III- En atención a la huelga de hambre que se prolonga hasta el día de hoy, y que a fines de esta semana cumplirá 75 días. Considero repudiable que las autoridades –de cualquier vereda- hayan permanecido al margen de esta situación y lo sigan haciendo, condición que tiene al borde de la muerte por inanición a 32 comuneros mapuches. Inaceptable es que tal indiferencia se desate bajo la absoluta complicidad de las grandes corporaciones dedicadas a informar a la comunidad. Como abogado, evidentemente no puedo sostener que “el suicidio” o cualquier otra clase de flagelo voluntario sean mecanismos legales para generar espacios de diálogo y alcanzar acuerdos, como tampoco considero propicio que la autoridad niegue sin más la condición actual de estas personas (en todo aspecto), bajo el pretexto de que su conducta vulnera los principios de una democracia contemporánea. A decir verdad, la huelga de hambre es una herramienta de protesta “no violenta” que, en cuanto tal, es resultado de la determinación de morir persiguiendo una pretensión o derecho del que se ha sido despojado.

Ahora bien, la legalidad que revisten los actos depende de una construcción (tipificación) arbitraria de lo que se espera sea una conducta social, dicha construcción se basa en una serie de principios propios de la sociedad moderna (occidental) y que no guarda ninguna relación con la perspectiva indígena. Es más, fruto de dicha legalidad se puso en marcha una política de represión brutal a través de la tan bullada aplicación de la ley antiterrorista. Acaso, ¿el ejercicio de esta clase de trato, no constituye a su vez, una muerte lenta y tortuosa a la dignidad de un pueblo ancestral?

De cualquier forma es importante señalar que aunque parezcan términos paralelos, la palabras legalidad y legitimidad evocan sutilmente contenidos diferentes. Primero, porque la legalidad es una expresión moderna, que importa la existencia de leyes y la conformidad del actuar de los sujetos sometidos a ellas. Mientras el término legitimidad, a pesar de estar vinculado al primer concepto (especialmente a partir de la ilustración), es mucho más amplio y si pudiéramos resumirlo de algún modo, diríamos que está relacionado con la validez del saber en el mundo de la vida (razón por la cual, Max Weber decide circunscribir el uso de esta palabra a tres estados: el de tipo carismático, el tradicional y el racional).

No se relaciona con la validez de un conocimiento en sí, sino más bien con el reconocimiento o valoración social de un discurso, portador de un saber determinado. En relación al pueblo mapuche –tal como sostiene el antropólogo Rodolfo Kusch-, dicho saber no es el de una realidad constituida por objetos (cosas), sino el saber de una realidad llena de movimientos y aconteceres.

No se trata pues, de dar validez a un acto como si este estuviese sujeto a un examen tautológico, sino más bien de comprender que en una sociedad donde coexisten unidades étnicas disímiles, no se puede negar sin más la condición actual del otro, y que especialmente en sociedades multiculturales, estamos llamados a convivir (tolerar), esto es, a comunicarnos con el universo de cosmovisiones que encierra celosamente nuestra geografía. Dichos saberes son expresión de la intimidad de un pueblo y la brusca interpretación o sencillamente el discurso fascista de algunos políticos, ha terminado por amalgamar las dimensiones reales del conflicto que tiene al borde de la muerte a los comuneros.

Por Cristhián G. Palma Bobadilla

*Con el fin de contribuir al diálogo continuo y responsable entre los medios de comunicación (alternativos) y la Sociedad Civil, y fundamentalmente, en apoyo a los comuneros mapuches.

Por medio de esta columna, respondo un par de preguntas y observaciones formuladas a raíz de mi última contribución titulada Democracia Popular y la Cuestión Social Mapuche.

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