Nivelación de Zona: ¿Tu problema sigue siendo mi problema?

No nos engañemos, a poco más de una semana de movilización de los funcionarios públicos de Aysén el apoyo a su causa no es necesariamente mayoritario entre el ciudadano común y corriente.  No es que se perciba un rechazo generalizado pero tampoco se siente el 100 por ciento de respaldo que merece una causa que es completamente justa.  Sí, completamente justa.

Porque lo que están pidiendo los trabajadores del Estado movilizados es acceder a iguales condiciones de las de otros funcionarios estatales: Fuerzas Armadas, médicos, Poder Judicial.  No es, en estricto rigor, un aumento de sueldo (aunque en la práctica se materialice en ello) sino un acto de equidad.  Justicia para todos cuando se calcule la zona.

Pero aún así, muchos ayseninos no apoyan su legítima protesta.  Y ni siquiera eso, hay algunos que incluso la rechazan de plano. Por disímiles motivos, hemos visto en redes sociales cómo crece una molestia basada no solo en los inconvenientes que el ciudadano de a pie –usuario del sistema público- debe sobrellevar en el proceso.  Inconvenientes que ya vivimos con particular énfasis hace tres años, en el verano de 2012.

En cada meme, en cada imagen que se postea en la red conminando a los trabajadores del Estado a “trabajar”, exigiéndoles “no abusar” del usuario y pidiéndoles asumir que son un sector “privilegiado” se percibe resentimiento.  No se lee una mayor profundización sobre si el reclamo de los movilizados es justo o no.  Es la rabia contenida que no permite apoyar al otro solo porque su demanda es legítima, porque es acorde con ciertos principios.  Como el de terminar con la arbitrariedad.

Quienes alguna vez trabajamos en el servicio público sabemos que en el caso de la región de Aysén es este un tipo de trabajo que permite sortear con meridiano éxito las necesidades económicas derivadas de vivir en una región aislada y extrema.  En general el sueldo es superior a la media y si no se es demasiado conflictivo (que en muchos casos significa anular la opinión propia si no se ha asumido roles dirigenciales), se puede mantener por años un empleo seguro.  Por ello, muchos les consideran privilegiados.

También es sabido que la figura de la “planta” –y muchas veces de eternas “contratas”- entrega cierta estabilidad laboral que, a veces, atenta contra el desempeño.  Muchos usuarios sienten que cuando concurren a un servicio están pidiendo un favor, por el trato no acorde con lo que debiera ser un “servicio público”.  Y qué decir de la noción sobre el Estado en términos de no ser lo suficientemente ejecutivo para avanzar en solucionar los problemas de la población. Más aún de una población necesitada, que es la que con mayor urgencia requiere del aparato público.  Una concepción que mezcla realidad con la campaña de desprestigio que la derecha ideológica ha levantado para ir terminando con todo vestigio de lo público. Haciendo, de paso, suculentos negocios con la privatización de lo que nos queda como patrimonio colectivo.

Por cierto que no es bueno generalizar. No es justo decir que todos los funcionarios públicos abusan ni que ninguno hace su trabajo, así como tampoco corresponde señalar que todos son eminencias al momento de cumplir sus cometidos.  De todo hay en la viña del señor y lo que sí está meridianamente claro es que la ciudadanía desconfía de los mecanismos de evaluación de las tareas que cumplen quienes, a fin de cuentas, son financiados por los impuestos, ingresos de empresas públicas e, incluso, la explotación de los recursos naturales.  En el fondo, cuyo sueldo solventamos todos nosotros.

Pero existe otro tema que molesta.  El de la reciprocidad.  Porque así como hay muchos hombres y mujeres del sector privado que no apoyan la protesta en curso (incluso aunque mientras más ingresos estatales más circulante habrá en la región), otros se preguntan cuántos de los hoy movilizados están disponibles para respaldar causas distintas de las que les afectan directamente.  Cuántos de los funcionarios públicos han sido solidarios con quienes, quizás incluso con mayores carencias, también han recurrido a la protesta.

Yo conozco a muchos con quienes nos hemos encontrado en múltiples ocasiones sumándonos a procesos que creemos válidos, aunque no nos afecten directamente.  Pero también están los otros empleados públicos. Los que solo se mueven en su metro cuadrado y, peor aún, tienden a cuestionar a los movilizados por causas que ellos consideran menos importantes.

El tema de la justicia y la equidad es un tema de fondo para Aysén.  Pero no es solo de algunos sino de todos quienes vivimos en la región.  No solamente de los funcionarios públicos.  Es de niños, jóvenes, adultos.  De empresarios y empleados.  De hombres y mujeres.  De los que viven en las ciudades y los que habitan los campos.  Los profesionales y los obreros.

En concreto, la justicia y la equidad nos compete a todos. Más allá de si nos afecta o no.  Porque cuando sintamos de verdad que el problema del otro es mi problema, será el momento en que podremos decir que hemos avanzado como verdadera sociedad.