¿Operación Enjambre en Puebla?

En un país donde la corrupción y la impunidad han sido durante décadas parte del paisaje político, lo ocurrido el pasado fin de semana en Cuautempan, Puebla, no puede pasar desapercibido. La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el cateo de cuatro inmuebles presuntamente ligados al presidente municipal, Gerardo Cortés Caballero, en los cuales se aseguraron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos. La noticia, por sí misma, es escandalosa, pero más preocupante es el silencio y las ausencias que han acompañado a este operativo. El edil, apenas horas antes del operativo, solicitó una licencia de 20 días y desapareció. Hoy, está prófugo de la justicia.

El caso pone en evidencia algo que desde hace tiempo se sabe, pero que rara vez se enfrenta con decisión: la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Lo que se encontró en Cuautempan no es un hecho aislado, es un síntoma de un fenómeno estructural que está descomponiendo las bases del Estado mexicano. Armas, droga, mercancía robada y redes de cobro de piso son indicadores no de un edil extraviado, sino de una estructura paralela de poder operando al amparo del gobierno municipal.

La FGE, en coordinación con la SEDENA, SEMAR y la SSP, ejecutó los cateos en Cuautempan y Ahuacatlán tras labores de inteligencia y denuncias ciudadanas. Según el boletín oficial, entre las actividades ilícitas detectadas se encuentran el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar, robo de mercancía a transportistas y a negocios, así como venta y distribución de drogas. Es decir, un régimen de terror y extorsión perfectamente organizado.

Lo insólito, y también revelador, es la sincronía entre el operativo y la solicitud de licencia del presidente municipal. No es común que un edil prevea con tal precisión una acción judicial en su contra, salvo que tenga información privilegiada o que exista una red de protección institucional que le haya permitido anticiparse y evadir la justicia. ¿Quién le avisó a Gerardo Cortés Caballero? ¿Desde cuándo sabía que se preparaba una acción penal en su contra?

Y aquí empiezan las preguntas incómodas que deben formularse con seriedad. ¿Está Cuautempan ante un caso aislado o es apenas la punta del iceberg? ¿Cuántos municipios más de Puebla están infiltrados por el crimen organizado? ¿El gobernador Alejandro Armenta fue informado de este operativo o se enteró por los medios de comunicación? ¿Qué tan profunda es la red de complicidades en la región?

La llamada “Operación Enjambre”, que inició en el Estado de México como una estrategia de intervención simultánea en distintos puntos dominados por el crimen, parece haber llegado a Puebla. La coordinación entre fuerzas federales y estatales sugiere que hay una intención de replicar ese modelo, que busca cortar de raíz las redes municipales de protección criminal. Si esto es así, se trata de una noticia alentadora; pero también es una señal de alerta: el narcopoder ya no solo controla rutas o plazas, sino que está ocupando presidencias municipales.

No podemos normalizar este tipo de hallazgos. Un presidente municipal que administra desde la oscuridad, que otorga permisos a comerciantes solo a cambio de sobornos, que encubre el robo de mercancías y permite la distribución de drogas, no solo es un delincuente más: es la expresión más letal del colapso institucional. Es el enemigo dentro de casa.

La corrupción municipal en México tiene larga data. En muchos casos, las alcaldías se han convertido en botines políticos, en premios de consolación para operadores locales, y no en espacios de servicio público. Con presupuestos acotados, sin controles ciudadanos efectivos y con cuerpos policiacos vulnerables, las presidencias municipales son presas fáciles para el crimen organizado. Pero el caso de Cuautempan va más allá de la omisión o la complicidad pasiva: es una operación criminal montada desde el poder.

Por eso resulta preocupante el silencio del gobernador Armenta. Hasta ahora, no ha habido un posicionamiento claro, contundente, institucional, sobre este hecho. ¿Sabía lo que ocurría en Cuautempan? ¿Quién designó a Gerardo Cortés Caballero como candidato? ¿Qué partido lo postuló? ¿Qué vínculos políticos tiene? Porque no basta con perseguir al alcalde fugitivo, es indispensable desarticular la red que lo hizo posible y que, muy probablemente, sigue operando en otros municipios del estado.

Es momento también de exigir transparencia a la Fiscalía. Las acciones judiciales no pueden convertirse en espectáculos sin consecuencias. Si el edil cometió delitos, debe ser detenido, juzgado y condenado. Pero también debe explicarse cómo y por qué se permitió que durante años operara con total impunidad. ¿Cuántas denuncias se acumularon en su contra sin que se actuara? ¿Qué funcionarios del gobierno estatal o de la Fiscalía fueron omisos o cómplices?

La presencia de drogas, armas, vehículos robados y redes de cobro de piso no surgen de la nada. Requieren logística, protección, recursos y operadores. Requieren una red. Y cuando esa red se aloja en un municipio, no solo se rompe el Estado de derecho, se instala un nuevo régimen: el de la violencia institucionalizada.

Cuautempan hoy es un espejo incómodo. Refleja lo que puede pasar cuando se abandonan los principios más básicos de la vigilancia ciudadana, de la fiscalización pública y del equilibrio entre poderes. Cuando los partidos políticos reparten candidaturas sin revisar trayectorias, cuando las autoridades estatales miran para otro lado y cuando la justicia llega tarde —pero llega con cámaras y sin respuestas—, el crimen no solo gana, sino que se vuelve gobierno.

La responsabilidad ahora es doble: castigar con rigor al edil prófugo y desmantelar por completo la estructura que lo sostuvo. Pero también es momento de una revisión profunda del sistema municipal. Si el gobierno estatal no tiene control sobre lo que ocurre en sus municipios, si las fiscalías solo actúan cuando hay presión mediática, si los partidos no depuran sus listas de candidatos, entonces no hay garantía alguna de que Cuautempan no se repita.

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Puebla merece respuestas. Y sobre todo, merece un gobierno que tenga el valor de mirar de frente el tamaño de su crisis. El narcopoder no se derrota con boletines de prensa ni con operativos aislados. Se derrota con voluntad política, con instituciones sólidas y con una ciudadanía vigilante.

Hoy Cuautempan es sinónimo de escándalo, pero mañana puede ser el nombre de una transformación profunda… o de una traición más.

¿Se atreverá el gobierno de Armenta a mirar en el espejo de Cuautempan? ¿O preferirá romperlo, como quien huye de su propio reflejo? Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz

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