Pablo Lemir, forense del Estado, y su ética

El médico director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, declaró en el juicio oral sobre el caso de la masacre de Curuguaty el día 18 de febrero de este año. Lo hizo en su calidad de perito. Testificó toda esa jornada, unas siete horas. Tan extensa fue su declaración que los demás testigos citados para ese día debieron pasar para otra fecha.

Fueron leídos tres informes presentados por él respecto a procedimientos forenses realizados bajo su dirección: uno, respecto a los policías fallecidos el 15 de junio de 2012 en Marinakue, otro respecto a los «civiles» (campesinos) y uno último respecto a Rubén Villalba.

La fiscalía ha tratado al forense Lemir como una autoridad en su área, exaltando su saber científico y su profesionalidad. Para el órgano acusador, la deposición de este médico resultó ser uno de los puntos fuertes para sostener su acusación. La fiscal Liliana Alcaraz ha sido enfática en estas alabanzas.

Los informes diferenciados señalan prioridades: primero los policías y después los campesinos. Esas prioridades no señalan premura ni apuro: los exámenes de los cadáveres se hicieron los días 16 y 17 de junio de 2012, pero los informes de Lemir a la fiscalía, que los había solicitado, recién están fechados entre el 1 y el 3 de octubre, en relación a policías y campesinos.

Para examinar los cadáveres de los seis policías fallecidos, Lemir constituyó tres equipos médicos, con dos forenses cada uno. A los cadáveres se les tomó placas radiográficas que finalmente no fueron incorporadas al expediente presentado por la fiscalía en el proceso.

La presentación de Lemir como testigo perito fue histriónica y apoyada en imágenes digitales construidas exprofeso para su exhibición en el juicio. Las imágenes sólo correspondían a los policías. En el caso del jefe de GEO –Grupo Especial de Operaciones– el subcomisario Erven Lovera (y otros), sin ser perito balístico, calificó las muestras extraídas: éstas eran “esquirlas de proyectiles perdigones y un proyectil 9 mm”.

En un principio, su relato de la muerte de los policías hacía aparecer a éstos estáticos y fijos, como si todo el tiempo Lovera, por ejemplo, hubiese estado en posición vertical, de pie. Lemir se acordó de la dinámica de movimientos de los cuerpos que intentan evitar las balas recién cuando las defensas insistieron en la pregunta sobre el desplazamiento arriba-abajo de los proyectiles.

Un profesional se construye a partir de sus estudios, de su práctica y de su adscripción a la ética de la profesión de la que intenta ser parte y en general a la ética del trabajo. Lemir, durante el juicio, intentó poner por encima de su ética de médico forense su ética de docente. Intentaba enseñar, instruir a quienes no sabían lo que él sabe o dice que sabe. Su testimonio se basó en probar que él tenía la razón y que, sobre todo, sabía. Que el resto debía aprender de él.

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La ética profesional de Lemir se muestra en el caso del informe respecto a Rubén Villalba, en específico sobre las heridas de éste. Lemir recabó información dada por Villalba en su calidad de médico que le atendía. Esa información, basada en lo que Villalba había entendido como una relación médico-paciente, fue colocada en el informe realizado y expuesta al público. Lemir obvió informar a Villalba que no lo estaba viendo en su carácter de médico, sino como perito. En su declaración en juicio dejó muy en claro que no había inspeccionado a Rubén Villalba como médico, sino como perito, para justificar que no había secreto profesional en lo que Villalba le había declarado durante su entrevista. Mejor dicho: Rubén Villalba se enteró recién ese día 18 de febrero de 2016, durante el juicio, que Lemir no lo había estado tratando como un doctor sino como un experto del Ministerio Público. Aparentemente, la ética profesional de Lemir incluye el conveniente olvido.

Pablo Lemir y sus equipos no hicieron autopsias a los fallecidos en Marinakue, hicieron inspecciones corporales y extracción de evidencias. Esto lo coordinó él en su calidad de director forense del Ministerio Público. Estaba muy consciente de la alta presión social que había respecto al caso, que él definió como un “conflicto entre dos grupos” que requería una “respuesta lo antes posible”. Lo antes posible para Lemir fue un informe privado a la fiscalía tres meses y medio después de haberse hecho las “inspecciones corporales y extracción de evidencia” por esos tres equipos de dos médicos cada uno, en total “seis a siete forenses”, de todos los cuales Lemir realizó el informe conjunto.

En el caso de Lovera, el primero sobre quien testificó, en su cuerpo no se encontraron «tatuaje y ahumamiento», que se dan en disparos de corta distancia. Es lo único que un informe elaborado en tres meses y medio pudo dar: no determinar distancia del o los disparos fatales respecto a la posición de la víctima. Dijo lo de distancia media por decir algo, una distancia estimativa, no conclusiva. Ante cada pregunta que no quería responder respecto a sus certezas al determinar el tipo de proyectil, Lemir contestaba: “eso depende del balístico”.

Ante cada uno de los casos presentados por Lemir, la fiscalía repitió insistentemente la pregunta de si se hubiese salvado el fallecido en caso de recibir atención pronta. Lemir buscó la forma de decir que no, diciendo sí al mismo tiempo, que era lo que la fiscalía necesitaba escuchar: “Lovera no se salvaba, o era muy difícil que se salvara, por las heridas, independiente de la atención que tuviera”. Respecto a los otros fallecidos, en la misma pregunta, pero ya acomodadas sus ideas a lo que la fiscalía buscaba, contestó iniciando con “era muy difícil que se salvara”, agregando que era “probable, pero casi imposible”.

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El Ministerio Público no pidió las autopsias de los fallecidos y es en esta situación donde vemos cómo opera la ética profesional de Lemir nuevamente, al afirmar, respecto a las autopsias, que son el medio científicamente necesario para saber la causa de una muerte violenta: que toda muerte violenta debería resultar en una autopsia, pero que la ley paraguaya permite no hacerla.

En otras palabras: sí permite, es posible, pero la legislación vigente no obliga a realizarla. Cuando menos, es llamativo que, en un caso de “alta presión social” –como lo definió el propio Lemir–, el Ministerio Público no pidiera la ejecución de esas autopsias. Lemir es el director de esa área: el hecho de que no hayan pedido que las hagan no quiere decir que le hayan impedido hacerlas. De todos modos, tampoco él solicitó hacer las autopsias, pese a la “alta presión social” en el caso y a tener tres equipos forenses, con un total de seis a siete médicos para examinar 17 cadáveres. No le pidieron hacer las autopsias, pero Lemir tampoco sugirió hacerlas, aunque desde su criterio facultativo pudo haber planteado la posibilidad ante el Ministerio Público por considerarse científicamente necesario para saber la causa de las muertes. Su ética profesional no le exigió esforzarse por lo que la sociedad reclamaba, su ética profesional se basó en tomar la ley por su lado ancho y esforzarse convenientemente al mínimo.

La ética profesional de Lemir le impidió sacar todas las evidencias de los cuerpos. En el mejor de los casos, en el del cuerpo de Lovera, se extrajo un 50% de las evidencias. Aquellas balas que parecían ser las letales, quedaron en el cuerpo de Lovera. Las defensas pidieron las exhumaciones de todos los cadáveres que aún contienen evidencias, pero el tribunal, fiel a la fiscalía, se negó a facilitar este procedimiento.

Lemir hizo gala de su humanidad para con el trato a los cadáveres de los policías, de los cuales no se enteró si llegaron vestidos o desnudos, ni por qué algunos tenían heridas suturadas y otros no; su ética humana no le permitió explotar más allá, en el mejor de los casos, que el 50% de las evidencias. Solo una “muestra referencial suficiente”: ¿suficiente para qué?, ¿para quién? Para la verdad del caso al menos, no. Por poner un ejemplo, respecto al cuerpo de Lovera, se sabe sobre lo que se sacó, y no sobre lo que no se sacó, o sea, se conoce, y mal, apenas acerca de la mitad de las evidencias en su cuerpo, y no se conoce, en especial, nada acerca de las balas que están en su cuello.

La ética profesional de Lemir le impidió aclarar, o buscar aclarar en su informe, la diferencia entre disparos a las personas estando muertas o vivas. Su relación de dependencia respecto a la fiscalía fue evidente en el desarrollo de su declaración en el juicio, siendo amable y cordial, alegre casi con la fiscalía, y tratando de “enseñar” a los defensores, a quienes el tribunal a su vez trataba como conjunto en su afán de disminuir las preguntas al testificante.

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El doctor Lemir, instruido en medicina forense, director de esa área para el Ministerio Público, entregó sus informes convenientemente tarde, incompletos, no totalmente documentados, y, en el caso de los campesinos, sin acompañamiento de gráficas tridimensionales. La ética profesional de Lemir le posibilita hacer todo esto, puesto que no es ética ni profesional.

Por Pelao Carvallo

Articulación por Curuguaty

21 de junio de 2016

We Tripantru – Arete Guasu