Panorama latinoamericano y ofensiva Trump

Por Carlos Gutiérrez P.

Estamos en una nueva ofensiva estadounidense por el control de la región latinoamericana, que se inserta en su larga tradición geopolítica de dominio basado en su concepción del espacio vital, horadando a los gobiernos progresistas y sometiendo al vasallaje a gobiernos de derecha.

A la aplicación de la medida general de aranceles tomada por el presidente Trump, y obligando a acuerdos bilaterales ventajosos para su gobierno, se suman cada vez más las clásicas medidas de fuerza, bloqueos y conspiraciones.

México, hasta dónde se puede estirar el elástico

Hace ya tiempo que Estados Unidos lleva una tensa relación con México debido a los temas inmigratorios, fronterizos y de seguridad, presionando al gobierno mexicano, amenazando con medidas de fuerza, incluso si estas consideraban la violación de la soberanía nacional.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su prioridad comercial sigue siendo la relación con Estados Unidos y su alianza en Norteamérica y se ha mostrado muy cautelosa en cuanto relaciones de este tipo con el bloque de los Brics+, de igual forma ha sido castigada con el aumento de aranceles en forma directa, en forma de exportación de terceros, en bloqueo de exportaciones debido a otros tipos de medidas, que evidentemente tienen impactos negativos en la economía mexicana, producto de la enorme dependencia del comercio con su vecino.

La presidenta mexicana ha mantenido un discurso muy coherente sobre las políticas migratorias, insistiendo en criticar el enfoque del presidente Trump que discrimina y persigue criminalizando a los migrantes. Afirmó que la mayoría son personas honestas que contribuyen a la economía de Estados Unidos y que la continuidad de las acciones represivas terminará dañando al propio país, particularmente en los campos de la producción agrícola, industrial y el sector de servicios.

No es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, recordando que la comunidad hispana es clave para la economía yanqui, ya que son billones de dólares que pagan en impuestos y que permiten el crecimiento de Estados Unidos.

También destacó que México tiene un compromiso serio y responsable con respecto a la seguridad migratoria, y que los cruces ilegales están en niveles mínimos. Ha mantenido fuerzas de seguridad en la frontera, pero también ha generado políticas públicas para el control migratorio y la mejor recepción posible de los deportados desde el país vecino, solidificando su perspectiva de derechos humanos sobre esta realidad.

Un primer efecto en la presión sobre la industria mexicana vino desde China, ya que suspendió sin fecha de instalación de una planta en México para la fabricación de autos eléctricos por parte de la empresa BYD. Según los chinos, México no tiene un proyecto firme y teme filtraciones tecnológicas a Estados Unidos.

En esta campaña dirigida contra México y su gobierno progresista, se han generado declaraciones y acciones en otros campos, que hacen cada vez más tirantes las relaciones entre ambos países, y asoma el peligro de una escalada compleja, en la que la actual élite gobernante en Estados Unidos parece no tener la capacidad de una evaluación fría y responsable.

Se ha llegado a tal punto extremo, que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una declaración del 27 de junio ante el Subcomité de Asignaciones del Senado, declaró que México es considerado un “adversario de Washington” junto a Irán, Rusia y China. La tendencia tan usada en Estados Unidos de declarar enemigos y ejes del mal, llega a la paranoia política de acusar a su vecino de ser parte de estos alineamientos.

En relación al tema migratorio y la protección de fronteras el Pentágono anunció que creará dos áreas de defensa nacional en Texas y Arizona, con el objetivo de reforzar el control migratorio, permitiendo a los militares detener temporalmente a migrantes antes de entregarlos a la patrulla fronteriza. Actualmente hay desplegados 12.000 soldados en la frontera.

Otro punto conflictivo es la presencia de los carteles del crimen organizado en México y que claramente tiene repercusiones en Estados Unidos. Ya hemos visto que han existido intenciones de intervenir directamente en territorio mexicano por parte de fuerzas de seguridad de su vecino, se ha acusado al propio gobierno de tener relaciones con el crimen organizado, y que se suman a presiones de distinto tipo.

Uno de ellos vino del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que denunció a tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam, Vector Casa de Bolsa– por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y de facilitar pagos para producir fentanilo, lo que generó una crisis financiera y tensión diplomática con México. Las sanciones incluyen restricciones en transferencias internacionales y señalamiento por parte del Departamento del Tesoro.

La presidenta Sheinbaum ha negado la existencia de pruebas sólidas, mientras que la CNBV [Comisión Nacional Bancaria y de Valores] intervino las instituciones señaladas para proteger a los ahorradores y preservar la estabilidad del sistema financiero.

¿Cuánto más se estirará el elástico en las tensiones vecinales y que pueda generar una crisis interna en México?

Cuba, aumenta la presión a través del bloqueo

La ley Helms-Burton que atenta contra los inversionistas que quieran participar en Cuba sigue vigente, y un nuevo memorándum del gobierno de Trump la reactiva con fuerza para presionar aún más la práctica del bloqueo, la que siempre ha buscado la caída del gobierno. La Cancillería cubana ha declarado que esta medida amenaza al sector privado y golpea incluso a empresarios estadounidenses que operan legalmente en la isla.

El memorándum estadounidense del 2 de julio ordena “poner fin a las prácticas económicas que beneficien desproporcionadamente al gobierno de Cuba y a las Fuerzas Armadas y de seguridad de la nación”. Las órdenes del presidente Trump incluyen el apoyo al embargo económico y la oposición a medidas para levantarlo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, en los cuales siempre se ha votado favorablemente para poner fin al bloqueo.

Estas medidas han generado una solidaridad en América Latina, además de actores globales claves, como el caso de Rusia, que declaró su rechazo rotundo a las medidas y que son consideradas como ilegales, pero simultáneamente ratificando la cooperación multidisciplinaria con el pueblo cubano a través del espíritu de una estrecha asociación estratégica. En la misma dirección, el gobierno chino ha instado a levantar el embargo y las sanciones contra Cuba, oponiéndose a las sanciones unilaterales y exigiendo la exclusión de la lista de países que apoyan el terrorismo. Asimismo, la diplomacia china apoya firmemente el camino nacional de desarrollo y economía de Cuba.

Colombia, presión a la antigua

La situación en Colombia está tensa y oscura, desde hace semanas se ha configurado un panorama político que tiende a presionar al gobierno de Gustavo Petro. Así se sucedieron las denuncias de drogadicción en contra del presidente por parte de su ex canciller; la trama de los audios que vinculan a opositores y ex miembros del propio gobierno con acciones antidemocráticas; el aumento de la violencia de grupos armados ilegales, especialmente el Clan del Golfo; la oposición política a proyectos claves en el campo laboral y seguridad social.

Muy compleja ha sido la denuncia por parte de los servicios de inteligencia y que fueron filtradas a los medios de comunicación, de grabaciones de audio que revelarían actitudes conspirativas para derrocar al gobierno de Petro, por parte de su ex canciller, Álvaro Leyva, y que involucrarían a Vicky Dávila, periodista de larga trayectoria en la prensa hegemónica y a Migue Uribe, el político que recientemente fue baleado por un sicario. Ambos están inscritos como precandidatos presidenciales para 2026.

También se mencionan como posibles interesados en esta acción a actores armados como el Clan del Golfo, a viejos políticos estadounidenses como el congresista Mario Díaz-Balart y al actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Este parlamentario llamó al presidente colombiano “matón narcoterrorista socialista”, y desde el gobierno colombiano se ha condenado el ataque verbal criticando la arrogancia de los políticos de origen latino que “se creen superiores por tener la nacionalidad estadounidense”.

El 30 de junio, 30 congresistas colombianos enviaron una carta a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para solicitarles que se abriera una investigación contra los legisladores republicanos Díaz-Balart, María Salazar y Carlos Giménez, por sus presuntas acciones injerencistas en Colombia.

Esta denuncia colombiana generó la respuesta de la Casa Blanca, y a través de Marco Rubio se llamó a John McNamara, encargado de negocios interino de la embajada estadounidense en Colombia, a consultas urgentes. Según Rubio la medida fue tomada por “declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del Gobierno”. Se piensa en elaborar una serie de medidas contra Colombia, a pesar de que la vocera del Departamento de Estado indicó que “pese a las discrepancias políticas con el actual gobierno, Colombia sigue siendo un socio estratégico irremplazable”.

En reciprocidad, el gobernante colombiano llamó a su embajador Daniel García a consultas. El presidente Petro instó al presidente Trump a hablar realmente de relaciones diplomáticas para resolver asuntos de importancia como la lucha contra las organizaciones multinacionales del crimen.

En medio de todas estas tensiones, presentó su renuncia la reciente asumida canciller colombiana Laura Sarabia, que era una persona de mayor confianza de su gobierno.

A esto se suma un aumento de la violencia, con la realización de una cantidad de ataques atribuidos al ELN en las zonas de Arauca, Cauca, Cali, Guaviare y Valle del Cauca, afectando infraestructura, instalaciones militares y entidades estatales, que significaron secuestros de militares, ataques a poblados, entre otros.

En este marco se llevó a cabo el intento de asesinato del precandidato conservador Miguel Uribe, el 7 de junio, y que fue utilizado para generar una atmósfera de criminalización y críticas al Gobierno, y que desde Estados Unidos se asumió un tono amenazante. Al parecer es parte de la trama mayor de conspiración contra el Gobierno.

Estados Unidos también inició un proceso para quitarle visa a los funcionarios colombianos que militaron en el M-19.

Simultáneamente en la situación política conviven todos estos hechos de tensión, junto a los avances programáticos del gobierno (quizás estén relacionados unos y otros). Los más destacados fueron, por un lado, la aprobación definitiva el día 20 de junio de la reforma laboral planteada por el Gobierno, que apunta a mejoras importantes para el mundo del trabajo. Por otro lado, el 28 de junio, por mandato de la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes votó nuevamente la reforma de pensiones, aprobándola después de un año de pausa, y que busca implementar un sistema de protección social integral para aliviar la situación económica de los adultos mayores.

La actual elite gobernante en Estados Unidos, con el secretario de Estado de origen latino Marco Rubio a la cabeza, a la cual se suman cada vez más parlamentarios de origen hispano, presionará con más ahínco sobre la región, especialmente hacia los gobiernos progresistas, resaltando los casos de Cuba y Venezuela.

Como siempre, la política imperial usa todos los mecanismos posibles, desde las tramas ocultas en las oficinas de las centrales de inteligencia, la mayor presencia militar a través de bases y apoyos para enfrentar la seguridad interior, hasta los criminales bloqueos económicos considerados ajenos al derecho internacional y que afectan al conjunto de la población nacional.

La estabilidad y las frágiles democracias en nuestra región están amenazadas por las políticas estadounidenses, que en las disputas globales que mantiene, nos considera su espacio vital y retaguardia estratégica.

Por Carlos Gutiérrez P.

Carta Geopolítica 52, 08/07/2025

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