Participación ciudadana un desafío sin fronteras

Actualmente resulta casi imposible encontrar en el mundo un país que no afirme obrar en pro del desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de los precios, que no se adhiera a la idea de alcanzar una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, como asimismo, promotor del progreso científico y tecnológico. En general, estos objetivos constituyen la base discursiva de lo que aún hoy se mantiene vigente como idea de pacto social.

En occidente este imaginario social es todavía más firme, una autoridad es elegida democráticamente por la ciudadanía para representarla y actuar en beneficio colectivo, cautelando siempre respetar el imperio de derecho existente. Entonces, ¿por qué es tan frágil el manto de protección institucional de los derechos y garantías sociales? La primera reflexión que se me viene a la cabeza es que la participación ciudadana no puede descansar en la institucionalidad sin más.

Pensemos, por ejemplo, en lo que actualmente ocurre en Europa central. Hace una década atrás, muchos de los países que se encuentran en riesgo eran considerados por nuestras autoridades como auténticos modelos de desarrollo en materia de bienestar social, estabilidad y competitividad. Por robustas y colosales que fueran las barreras de entrada que imponían estos mercados, como la medición de la huella de carbono en un proceso productivo, terminaron  sucumbiendo ante la crisis financiera, hoy se privilegia el precio por sobre la calidad o sustentabilidad del producto final.

Lo mismo puede decirse del empleo,  el propio comisario europeo de empleo, asuntos sociales e inclusión de la Unión Europea, László Ándor, propuso en medio del discurso inaugural del seminario “Garantía juvenil. Generando oportunidades y empleo para la juventud”, que España contemple la implantación de un «contrato único abierto» para frenar el elevado desempleo, sobre todo, juvenil y para acabar definitivamente con la segmentación del mercado laboral. Ello implicaría dotar al empresariado de una serie de causales de despido unilateral inmediato que, sumado a los efectos adversos que ya ha dejado la reforma laboral en el país, dejaría en absoluto desamparo a los trabajadores.

Los estados transatlánticos no sólo han caído en crisis, han desdibujado sus convicciones morales, desplomando todo consenso mínimo sobre el cual se promovían los derechos y garantías sociales de sus ciudadanos. Esto refleja que el mayor debilitamiento de la actual crisis económica es más bien sobre el desarrollo humano que sobre el capital financiero.

Es pertinente hacer un paralelo con la realidad en nuestro país especialmente ahora que entramos en una etapa de definiciones importantes. Muchas decisiones políticas pueden parecer irrelevantes en nuestra vida cotidiana, quizá por esta razón nos mantenemos al margen de la gran mayoría de los asuntos que se discuten en el parlamento o en la moneda, asumiendo también las limitaciones que impone un sistema seudo-representativo y que casi no proporciona espacios de participación política directa a la ciudadanía. Sin embargo es en estos momentos cuando debemos fortalecer nuestras convicciones sociales, avanzando desde la trinchera de la indignación a la articulación de la propuesta. Nos corresponde exigir de nuestras autoridades el máximo compromiso y responsabilidad en la toma de decisiones, así como también, manifestar abiertamente nuestra aprobación o repudio respecto del curso que han tomado algunas de ellas. Entender que los movimientos sociales han sido fuerzas políticas protagónicas, en cuanto a su dinamismo, constituyendo sujetos de transformación social con formas innovadoras de participación política comunitaria.

Las mismas cualidades dinámicas que permiten a los movimientos sociales edificar extensas redes de activistas son las que producen la muy arraigada hostilidad y oposición de las clases dominantes. De ahí que cuando una comunidad experimenta con mayor profundidad y extensión procesos de participación democrática popular, sistemáticamente opere un Estado represor como barrera de entrada. Pero ello no debe anquilosar nuestro impulso, porque la única herramienta que existe contra la pragmática letal que impone un modelo de “progreso” irresponsable y devastador, es la participación ciudadana y la autogestión social.

Por Cristhián G. Palma Bobadilla