Piñera convertirá a Chile en un paria internacional en DD.HH

Si la tendencia se mantiene no habrá argumento alguno que impida borrar de la conciencia pública mundial el hecho de que el Presidente de Chile pudo en todo tiempo haber evitado lo peor: la muerte de uno o más comuneros mapuches. Piñera, si no rectifica, se transformará ipso facto, en pleno Bicentenario, en lo que evita parecer: un ahijado de Pinochet; un político conservador al estilo Thatcher. Y será por su propia voluntad de político obcecado y con poco olfato ciudadano si sucumbe a las presiones de la derecha fundamentalista.

Piñera se queja. Dice que el problema mapuche es un legado de la Concertación. Es cierto. Pero es nulo para innovar y continúa haciendo la misma política bacheletista. Las dos coaliciones han sido incapaces de hacer política democrática y de negociar de manera transparente los conflictos con los representantes de las comunidades mapuches. Son reacios a dialogar y reconocer a los lonkos mapuches como interlocutores válidos. Adolecen de miopía política por no entender el carácter histórico de un conflicto con elementos culturales, étnicos y nacionales, en tiempos de globalización y de afirmación de las identidades.

La resolución y voluntad de los militantes mapuches de suspender la huelga de hambre sólo si hubiera un compromiso público y formal del Gobierno de sentarse a negociar las demandas del pueblo mapuche con sus representantes y en un contexto político ha sido reiterada una y otra vez. Y los medios, a regañadientes, presionados por la ola solidaria, se han visto en la obligación de publicar testimonios de los prisioneros mapuche y declaraciones de apoyo y simpatía real de la ciudadanía. Gracias también a la visibilidad a la cual ha contribuido la valerosa participación en el movimiento de apoyo a las reivindicaciones de las comunidades mapuche de cuatro diputados ligados a la Concertación, en huelga de hambre.

La evolución de los acontecimientos indica que el Presidente y los suyos se están sometiendo a la espiral del endurecimiento estatal y convirtiéndose en los fieles continuadores del negacionismo concertacionista ante el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Todo indica que en La Moneda están desorientados.

La aparente sensatez de un ministro Hinzpeter se desvanece ante el choque con la realidad. Resultado de la mala evaluación del momento y sobre todo del factor subjetivo mapuche. Imposible no entrever en tal actitud del Poder un profundo desprecio por la voluntad de afirmación de comunidades en una perspectiva liberadora.

Lo esencial escapa a la racionalidad de los políticos binominales (concertacionistas y aliancistas) formados no en los ideales que ennoblecen la política, sino en el pragmatismo ramplón y conservador. Cuando el mercado político, el consensualismo, las encuestas, los liderazgos mediáticos y el dinero mandan, sus genuinos representantes sólo atinan, como la Alianza oficialista a negar la realidad histórica social y sus conflictos o a utilizar sin reflexionar la violencia de Estado, como lo hizo gustosa y negligentemente la Concertación.

El Gobierno y la derecha en el poder no son progresistas ni socialdemócratas ni humanistas cristianos. Y aunque la Concertación pretendía ser todo lo anterior actuó a contrapelo de lo que estos valores encarnaban: perfeccionó la ignominiosa Ley Antiterrorista, criminalizó la protesta mapuche, permitió que se torturara en cárceles y cuarteles, militarizó las comunidades, persiguió a infantes mapuche, reprimió y justificó en nombre de la seguridad pública el asesinato de jóvenes comuneros mapuches. En resumen, pisoteó y menoscabó los derechos democráticos.

En ese período, la Concertación no pensaba en las consecuencias. Sus parlamentarios voluntariamente cómplices de la violencia estatal, no se atrevieron nunca a exigir a Bachelet el respeto de los compromisos y tratados internacionales.

Todos los concertacionistas, sin excepción, prefirieron someterse a la ley del silencio. Y hoy, bien lo sabemos, el Estado empresario debe permanecer fiel a sus incondicionales: los poderosos intereses propietarios y usurpadores de los territorios de las comunidades mapuches.

La comunidad internacional democrática está alerta, en Quebec (Canadá), en la Unión Europea, en América Latina entera hay movilizaciones y se teme que suceda lo peor. Que muera un huelguista o que el Gobierno viole una vez más las leyes internacionales y no respete la voluntad de los comuneros al alimentarlos por la fuerza. Queda la movilización ciudadana.

Por Leopoldo Lavín Mujica