Poder constituyente de Peñalolén

En 1966, la ONU aprobó los tratados internacionales que establecieron la autodeterminación de los pueblos.  No obstante, la Constitución de Chile de 1980 ha transgredido dichos tratados al haber sido impuesta por orden de cuatro generales a través del bando Nº 3.464 que la decretó.  Por tanto, además de la misma Constitución, son también ilegítimas las Leyes Orgánicas Constitucionales y las leyes secretas de la dictadura que aún están vigentes.

En consecuencia, es indispensable una nueva Constitución para Chile y ello ha quedado demostrado en los diálogos que grupos de ciudadanos han desarrollado a lo largo del país.

Uno de los temas recurrentes ha sido la necesidad de cambiar el rol subsidiario del Estado.  Este concepto ha sido manipulado por la dictadura, al interpretarlo como una ausencia total de la responsabilidad del Estado respecto del pueblo.   En estricto rigor, la subsidiariedad significa trazar límites a la intervención del Estado para armonizar la relaciones entre la persona y la sociedad, lo que supone que la persona es un ser social y necesita de la vida social para desarrollarse, porque es el sujeto y el fin de todas las instituciones.  Se trata de que el Estado y otras entidades no deben suplantar la responsabilidad de las personas y de las organizaciones sociales, pero tampoco se trata de que las reprima o sea indiferente a las mismas.  Igualmente, las organizaciones sociales no pueden reducirse sólo a los órganos empresariales, sino que deben desarrollarse y valorarse a las que surgen del pueblo.  En síntesis, la subsidiariedad consiste en que no es válida la interferencia del Estado en un grupo social, privándole de  sus facultades, “sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común”.  (“Q. A.”, Nº 48). En otros términos, el Estado tiene el deber y el derecho de regular el desarrollo de la sociedad, así como la propiedad de los bienes en función del bien común, asegurando garantizar la seguridad institucional, jurídica, económica, política, un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes.

Nada de ello ha cumplido la Constitución de Pinochet.  Al contrario: ha tergiversado el significado de su función para favorecer exclusivamente a las empresas transnacionales y a los grandes empresarios nacionales en detrimento del pueblo.  En esta perspectiva, en 1988 el gobierno de USA intervino para reemplazar a Pinochet por políticos civiles de su confianza, pretendiendo así legitimar la Constitución de 1980, validando el sistema económico de mercado y dejando a las FF.AA. como sus garantes.

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En este contexto se comprende la necesidad de Asamblea Constituyente, la que permitiría devolver la soberanía al pueblo que, al ser consultado y ser partícipe de sus decisiones, podrá cambiar la Constitución de 1980 lo que, a la vez, permitiría cambiar el modelo económico de mercado, el sistema educacional, el modelo de salud, las AFP, se reconocerían los derechos de  los pueblos originarios, se podría proceder a la protección de la naturaleza, a la renacionalización del cobre, se cambiaría el Plan Laboral, se elegirían diputados y senadores provenientes de organizaciones sociales, las FF.AA. se subordinarían al poder político, los trabajadores podrían sindicalizarse y harían valer sus derechos, la prensa y  los demás medios de comunicación informarían sobre la realidad, se ejercería soberanía respecto del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio.

Es, entonces, digno de reconocimiento el esfuerzo de un grupo de  habitantes de la población Lo Hermida de Santiago de Chile que, en relación a la posibilidad de una nueva Constitución ha conformado el Poder  Constituyente de Peñalolén, definiéndose como “un grupo abierto de personas que piensa y actúa sobre el Proceso Constituyente de nuestro país”, agregando que  “la nueva Constitución debe expresar la soberanía que todos tenemos como parte del pueblo de Chile.  Nuestra acción radica en informarnos como pueblo y difundir la idea de una Constitución que sea justa y genere la paz social en la ciudadanía, apuntando a un desarrollo económico equitativo y a una alta calidad de vida para la comunidad”.  El grupo del Poder Constituyente de Peñalolén postula una democracia directa, entendiendo que ésta “es un mecanismo político que genera poder de decisión en la ciudadanía,  haciéndola partícipe del poder del gobierno y de la legislación del país”.  En el plano social, postula la solidaridad frente a la competencia, para que se desarrollen “nuevas instituciones que garanticen salud, trabajo, educación, vivienda, pensiones y justicia digna para el pueblo”.  Y en el plano económico, la nueva Constitución debería posibilitar la superación del modelo neoliberal  que ha conducido a que Chile sea considerado  “el país económicamente más desigual del mundo, donde la riqueza se reparte entre unos pocos”.

El Poder Constituyente de Peñalolén es una demostración de que el Proceso Constituyente está instalado, tras años de movilización y demandas populares.  Es indispensable un proceso que permita el avance de la conciencia de la necesidad de una nueva Constitución  a través de una Asamblea Constituyente como mecanismo para su elaboración.  De todo este nuevo Chile, el Poder Constituyente de Peñalolén está dando un ejemplo que confirma un viejo proverbio: “para caminar mil millas, primero hay que dar un paso”.

(Correo electrónico: [email protected]).

Por Hervi Lara

Santiago de Chile, 21 de julio de 2016.