¿Por qué llegaron los cerdos a Freirina?

¿Por qué se aprobó la instalación de AgroSuper en Freirina, durante el gobierno de Lagos? No fue porque se ignoraran las consecuencias ambientales que tendría. Quizás nadie haya predicho con exactitud el impacto, pero hubo profesionales que alertaron de los riesgos. En materia de impacto ambiental el riesgo debe ser tomado con tanta seriedad como el impacto conocido y calculado. Por algo se ha adoptado internacionalmente el principio precautorio. Entonces, en primer lugar, no hubo capacidad para ponderar los riesgos que se vislumbraban.

En segundo lugar, porque imperaba una cultura que favorecía el crecimiento a pesar de las cargas y los riesgos ambientales. Importaban el PIB y el empleo, y en el camino se arreglarían las externalidades negativas. El balance entre crecimiento y cuidado ambiental es una tarea delicada, que requiere análisis y discusión. Pero aquí no se produjo esa discusión y, si se produjo, fue al interior de un grupo muy cerrado. Más que un balance, pareciera haberse asumido un orden lexicográfico: primero el crecimiento, y satisfecho éste, las otras preocupaciones (entre ellas las ambientales); ya sabemos que el crecimiento nunca se alcanza, siempre es insuficiente.

En tercer lugar, la institucionalidad que debía cuidar el medio ambiente operaba en forma bastante imperfecta. Mucha gente trabajó en forma muy seria y se evitaron muchas monstruosidades, pero había vicios. Los funcionarios regionales solían ser instruidos desde el nivel central (recordemos que en un momento el seremi Bustos fue destituido en Valparaíso por incumplir una orden de voto dada por Ravinet). Había equipos de trabajo que recorrían el país “agilizando” los proyectos. Intendentes eran evaluados por la capacidad de aprobar proyectos de impresión. La amistad y el lobby jugaban a favor de las empresas. La evaluación ambiental era vista como un “lomo de toro del crecimiento”, ¿recuerdan?

Sobre Freirina (aunque lejos de Freirina) se conjugaron todas esas fuerzas malignas: incomprensión del riesgo, crecimiento a cualquier costo y débil institucionalidad.

Por eso, cualquier investigación que se haga sobre este punto, no debe limitarse a la negligencia o el espíritu represivo del actual gobierno. Debe abordar la aprobación de la planta, por dos motivos. Uno de estos tiene sentido fundamentalmente para la Concertación: debe dar pruebas de su capacidad de autocrítica, e identificar responsables, los que no debieran volver al Gobierno.

El motivo principal por el que se debe revisar la aprobación de la planta de AgroSuper en Freirina es instalar un debate sobre las fuerzas que la facilitaron.

Debemos aprender a respetar el riesgo y la incertidumbre, y asumir un enfoque precautorio. No es aceptable eso de que las empresas y los proyectos “son inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. Eso vale en la justicia penal, pero en materia ambiental deben aportar evidencia de su impecabilidad, en vez de exigir que se le demuestren impactos que sólo podrán ser demostrados cuando ya sea tarde.

Debemos debatir, como sociedad, qué tipo de crecimiento queremos, y cuáles son los límites. Definir qué estándares ambientales no estamos dispuestos a sacrificar. Quizás ir un poco más allá y discutir la ética de nuestro crecimiento (caracterizado por su impacto ambiental, su dependencia del comercio con potencias extranjeras y, en materia alimentaria, la predilección por los sobrealimentados).

Y debemos revisar nuestra institucionalidad ambiental. Es cierto que fue modificada hace poco y que aportó varias innovaciones, pero sigue siendo un proceso sordo hacia la ciudadanía (participación más bien formal, no vinculante), con capacidad limitada a la hora de captar impactos predecibles o riesgos (las empresas consultoras son contratadas directamente por las empresas para cumplir sus propios objetivos, y los organismos públicos deben interactuar con ellas en condiciones asimétricas), y donde la capacidad de carga ambiental es administrada por un comité de funcionarios de confianza política.

Publicado en ElQuintoPoder

Por Alejandro Sotomayor

Ingeniero Industrial, Magister en Ciencia Política, profesor de la UACh Puerto Montt