Por Alejandro Navarro Brain

La situación de nuestro país hoy es crítica. Luego del llamado del gobierno a la «nueva normalidad» y el «retorno seguro», la pandemia del Covid-19 se encuentra completamente descontrolada. Piñera se dio cuenta de su error, y decretó cuarentena en la Región Metropolitana, dos meses después de que lo solicitáramos a la justicia a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Hemos llegado a ver imágenes que conmueven la conciencia nacional: protestas por el hambre. Y el futuro no es para nada esperanzador. La ministra Zaldívar dio a conocer proyecciones que plantean que el desempleo podría rondar el 18%, algo que no ocurría desde los duros años 80′, cuando la crisis económica durante la dictadura militar hizo que el pueblo de Chile pasara hambre, y conociera la peor precariedad laboral con el PEM y el POJH.

Es difícil no sentir indignación frente a esta situación, más todavía si recordamos que cuando en el Senado se discutió el Ingreso Familiar de emergencia el pasado 6 de mayo, advertimos que el monto era insuficiente, que era un «pichi» bono, que no iba a resolver lo que buscaba resolver, y que las personas se iban a ver obligadas a salir de todas formas.

Con molestia, le pregunté a mis colegas; «¿alguno en este Senado ha pasado hambre?. Esos montos están bajo de la línea de la pobreza y de la extrema pobreza.»

Pero el gobierno no escuchó y peor aun, la UDI levantó como «halcones» a la dupla de ministros Ward-Sichel, debido a que lograron que no hubiese un alza en los montos de la ley de ingreso familiar. Celebraron que el monto estuviera bajo la línea de la pobreza y felicitaron a los ministros por lograr un bono de esas características. Esta ignominia se vio acompañada de la frase de la diputada Hofmann (UDI), quien dijera de manera impúdica «no queremos que la gente dependa del Estado», para defender el bono.

A 7 meses de la rebelión del 18 de octubre de 2019, pareciera que el mensaje de la ciudadanía todavía no logra ser escuchado por las autoridades, y al observar lo ocurrido en El Bosque y San Ramón el 18 de mayo, trágicamente recordamos a Violeta Parra, que cantaba en «La Carta»: «Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia».

Estas protestas se dan luego de que la noche del 17 de mayo el Presidente Piñera anunciara que entregarían 2,5 millones de canastas de comida. El Presidente realiza el anuncio ¡sin un plan concreto!, hubo personas que hicieron filas con todos los riesgos que ello implica, para consultar por las canastas. Pero el Presidente dice que recién a comienzos de la próxima semana podremos tener información.

La distribución de alimentos a la que nos veremos enfrentados no puede depender de la discrecionalidad del poder ejecutivo o de un ministerio, se debe consagrar constitucionalmente este derecho para que, independiente del gobierno de turno, esto se pueda hacer exigible.

Hemos visto como la gente en el sector sur de Santiago dice: “no tenemos que comer”; la realidad es dura, y sabemos que no basta con reconocer constitucionalmente un derecho para que este se cumpla, pero sí creemos que los derechos básicos y elementales deben tener reconocimiento y exigibilidad, así como lo tiene la propiedad privada en nuestra Constitución.

El derecho a la alimentación es un derecho reconocido en el derecho internacional desde 1948 (Declaración Universal de los DD.HH), en el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero no se encuentra reconocido de manera explícita en nuestro orden constitucional.

Es debido a lo anterior que presentamos una reforma constitucional para que el derecho a la alimentación se integre al catálogo de derechos de nuestra Constitución.

El contenido de este derecho se ha ido modificando a través del tiempo, primero era solo a la alimentación, más adelante a la seguridad alimentaria, y hoy queremos que el Estado de Chile se comprometa a promover la soberanía alimentaria. Esta última busca que no solo se consagre el derecho a la alimentación de los pueblos, sino que esto se configure de una manera que sea justa para los campesinos y pequeños productores, reconociendo y fortaleciendo la agricultura local, y que las pequeñas comunidades productoras puedan tener acceso preferente al agua, la tierra y las semillas. Todo esto con pleno respeto por el medio ambiente y la diversidad cultural y ecológica de los pueblos.

No es lo mismo que el gobierno negocie con el 1% más rico para que Cencosud entregue alimentos a las familias, a que esto se haga de manera armónica junto a cooperativas, pequeños productores y campesinos.

Por lo mismo, el representante para la FAO en Chile escribía hace unos días sobre la importancia de las ferias libres, que además de generar 340.000 empleos, son una alternativa para que se pueda acceder a una alimentación saludable a precios bajos.

El presidente debe comprender que no se puede reprimir el hambre, al contrario, frente a la indolencia y las problemáticas materiales, debemos adecuar la legislación para que en Chile podamos poner a la alimentación al mismo nivel que lo hace la FAO o la ONU; como un Derecho Humano.

Hago un llamado para que, así como el gobierno respaldó mi proyecto para suspender el EUNACOM, esta vez pueda respaldar y dar suma urgencia al proyecto que asegura el derecho a la alimentación, que entregará las herramientas constitucionales para que nadie pase hambre.

Por Alejandro Navarro Brain

Senador de la República

Región del Biobío