Protejamos nuestro futuro con una nueva Constitución

El mes de septiembre marca el inicio de un proceso que debiese finalizar con la redacción de una nueva Constitución. Así lo anunció la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado. En esa oportunidad la Presidenta afirmó categóricamente que la nueva Carta es una necesidad democrática: “Porque la democracia que queremos fortalecida y la confianza cívica que necesitamos renovada tendrán su culminación y su sustento en una nueva Carta Fundamental democrática, legítima y actualizada.”

Las palabras de la Presidenta nos representan plenamente. Sin embargo, son palabras gruesas que admiten diversos significados; significados que el gobierno, hasta el momento, no se ha hecho cargo de llenar. En un intento de dar forma a estas palabras, de dirigir nuestro propio marco de acción y de usarlas como herramientas que nos permitan evaluar la gestión del gobierno en materia de nueva Constitución, queremos proponer algunas ideas sobre su significado. Queremos explicar – muy brevemente – qué significa para nosotros que una Carta sea “democrática, legítima y actualizada”.

Un principio central de cualquier sistema democrático es el auto-gobierno colectivo. Esto quiere decir que el pueblo, en su conjunto, se da a sí mismo las normas que lo regulan. De esta forma, una Constitución democrática es aquella que el pueblo se ha dado a sí mismo, ya sea directamente mediante una asamblea constituyente o indirectamente, cuando la ciudadanía se ha apropiado de un texto otorgado en condiciones distintas y ha logrado el control sobre las decisiones fundamentales.

La legitimidad de una Constitución democrática está íntimamente asociada al punto anterior. En efecto, en un sistema democrático, gobernantes y gobernados se encuentran en un pie de igualdad. La Constitución es el producto de la voluntad común del pueblo y no es la imposición de una facción por sobre otra o de un grupo dominante sobre un grupo dominado. Una Constitución legítima es aquella en que todos los miembros de la comunidad pueden sentirse sus autores. Por lo mismo, no están “sometidos” a sus preceptos, sino que cumplen con ellos porque son el producto de su propia voluntad. Una Constitución es legítima cuando la sentimos como propia.

Finalmente, una Constitución actualizada no consiste, necesariamente, en que cada generación debe darse a sí misma su propia Carta fundamental. Creemos que una Constitución está actualizada en la medida en que incrementa progresivamente la agencia política de la ciudadanía, permitiendo que esta tenga el poder sobre las decisiones fundamentales del país. Estamos convencidos que un proceso cuyo propósito es conducir a la redacción de una Constitución “democrática, legítima y actualizada”, en los términos indicados, no puede pasar por sobre la voluntad del pueblo. Esto significa que los ciudadanos, en su conjunto, debemos decidir si ha llegado o no el momento de darnos una nueva Constitución y si así lo consideramos, debermos además decidir sobre el procedimiento adecuado para su redacción. Esto requiere necesariamente de un plebiscito vinculante. Si el gobierno ha de cumplir con su palabra, tiene la obligación de encausar su acción política en esa dirección.