¿Qué va a pasar con las proposiciones de la comisión Engel contra la corrupción?

Las propuestas de la comisión Engel acerca de la corrupción, tráfico de influencias, cohecho y conflicto de interés pueden ser una pantalla de humo para ocultar responsabilidades penales y políticas si no se toman desde ya algunas drásticas medidas preventivas.

Ya vimos como el SII con su director Michel Jorratt a la cabeza entorpece el proceso judicial al expresar no querer querellarse contra los políticos involucrados en los casos SQM y Penta.

¿No es razonable entonces sospechar que hay una política de estado de obstrucción al trabajo de la Fiscalía, con el fin de evitar el castigo a los culpables e imponer la impunidad política a las redes de corrupción?

Darle la “máxima preponderancia mediática a la comisión Engel” puede ser un estratagema manipulador. Todo continuará igual si no se enfrenta simultáneamente el poder que los dueños del capital y la riqueza ejercen sobre los partidos, los políticos, las instituciones estatales y los centros ideológicos de estudios privados. Poder económico que desvirtuó la reforma tributaria del gobierno. Hoy, Arenas y Eyzaguirre (dos ex empleados de Luksic) no saben de dónde van a sacar la plata que les va a faltar para financiar su reforma educacional.

La cantinela de avanzar con las reformas es otro ardid de la Nueva Mayoría para tratar de ocultar su ineptitud política. La experiencia muestra que hay avances reales si hay movimientos sociales activos. Que utilizan sus propios métodos de lucha. Como trabajadores en paro, unidos tras sus demandas haciendo frente a un empresariado agresivo con apoyos de la vieja guardia concertacionista (Oscar G. Garretón activista de la patronal) dispuesto a no ceder en leyes que los favorecen. Es la única política posible: la que reconoce y se inscribe en el conflicto social.

La comisión Engel y la institución parlamentaria

Nadie niega que las reflexiones de la Comisión Engel van a servir para alimentar un debate importante en la sociedad, pero es un atentado a la razón democrática suponer que los parlamentarios que han sido comprados por el dinero de Penta y Soquimich sean los mismos que discutan y transformen las propuestas de la comisión presidencial en leyes. Por lo tanto deben inhabilitarse y renunciar.

Estos “representantes” no pueden legislar. Si osan hacerlo, sería hundir aún más la institución parlamentaria en el fango. Se sospechará con mayor razón que están más motivados por el apego a sus “dietas” y prebendas que por legislar según el interés del bien común.

Sería aumentar de algunos grados la crisis de legitimidad de las instituciones estatales.

Renuncia debería haber ahí donde hay tanto apariencia de infracción a la ética como de conflicto de interés. Que lo hagan si quieren evitar que aumente la fractura entre las mayorías ciudadanas y las elites políticas.

El Ministro Peñailillo debería dar el ejemplo siendo el primer funcionario político en dejar el cargo.  Cometió una falta de lesa política. Se dejó financiar por SQM de Julio Ponce Lerou, el mismo financista de Pinochet preso en la lujosa casa y la clínica en Londres, de Chile XXI, de connotados DC, Socialistas, PPD y PRO.

Y quienes no lo hagan, porque sus nombres y actos no son conocidos, y prefieren seguir manteniéndose en un manto de opacidad, deben saber que al no poner sus puestos a disposición de los ciudadanos electores, serán objeto de penas severas. Los fiscales y jueces deben actuar en consecuencia. Obvio. Es nuestra opinión y la de una mayoría que exige castigo y soluciones que van a la raíz. Miles de estudiantes lo dijeron el 16 de abril: “Que los corruptos no decidan lo que Chile necesita”. Instalando en los hechos un movimiento social anti corrupción.

Un dispositivo corruptor poderoso

Estamos frente a un dispositivo corruptor poderoso. Muchos son los intereses en juego, pero aún así, identificables por una ciudadanía empoderada y activa en redes sociales generadoras de una nueva consciencia social y crítica de la manera dominante de hacer política. Que ya no funciona.

Para que se haga justicia bien hecha, deben enfrentarse todos los elementos del dispositivo corruptor. Los empresarios, directores y ejecutivos de las corporaciones involucradas, así como los intermediarios o compañías; muchas de ellas creadas con el único propósito de emitir boletas truchas a políticos con disposiciones corruptas, deberían ser citados rápidamente a declarar para ser  formalizados.

Ya vimos las movidas en el poder judicial tendientes a separar los casos, e incluso nombrar a un fiscal hijo del senador PS Carlos Montes (¡y no es una ficción bananera!), para bajarles el perfil explosivo. Todas las instituciones deben ser escrutadas desde un punto de vista democrático y ciudadano. Desde el poder del “demos”= el pueblo. Del pueblo organizado; desde las mayorías trabajadoras. Éstas deben romper con la exclusión política, y apropiarse de la palabra que denuncia, explica y propone.  Romper el cerco del discurso dominante es introducir en la escena política los planteamientos de la clase trabajadora y de los movimientos sociales sobre todos los aspectos de la vida social y política, y sin los intermediarios o partidos institucionalizados.

Ruptura democrática y prácticas sociales

Hoy, la casta política toda hace gárgaras con la “democracia” y la “transparencia”. Deben saber que una crisis de estas proporciones se resuelve con medios congruentes de tipo democrático y con ingerencia popular directa. Tiempo y  recursos efectivos para que las mayorías dispersas y organizadas reflexionen, deliberen y decidan. Espacio en los medios para que se despliegue la palabra y se forme la opinión argumentada; con ciudadanos informados que debatan para que otros se informen y más tarde voten en un plebiscito por una Asamblea Constituyente. A esta Constitución, redactada en común, donde los derechos sociales y económicos deberán ser claramente especificados se le puede injertar una “Carta de principios de ética política y de probidad” (otros países tienen una de “derechos y libertades”).

Ahí en esa carta pueden incorporarse algunos de los puntos de la comisión que hagan sentido común. No obstante lo anterior, debería promulgarse ya una Ley de Financiamiento Electoral y de Partidos que impida —al tiempo que penalice— la contribución de las empresas y fije montos razonables a la contribución ciudadana individual y que, además, asigne subvenciones públicas adecuadas a los partidos para participar en los procesos electorales y para asegurar el pluralismo político.

Sin olvidar que si no hay juicios con condenas ejemplares, quedará la sensación de impunidad; de protección por parte del estado de los agentes corruptores; por lo tanto de ilegalidad. Lo que redundará en una mayor pérdida de legitimidad de las instituciones de un estado que podrá ser calificado de tramposo al decir que aplica la ley a todos por igual, pero que en realidad se desvive para proteger y dejar impunes a los poderosos y a su servidumbre política.

En contraste. Para depurar el paisaje de la podredumbre acumulada, la experiencia en lo que se refiere a procesos ciudadanos de construcción de hegemonía aconseja repetir la hermosa actividad del pasado 16 de abril para crear condiciones donde se expresen todos los discursos que como el de Valentina Saavedra, la presidenta de la Fech afirman el nosotros: “Esta no puede ser sino la primera de muchas marchas, donde fortalezcamos la unidad que vemos hoy, entre luchas medioambientales, feministas, educacional, trabajadores, pobladores. Este debe ser el momento en que Chile entero diga ¡basta!, y retome las riendas de su futuro” .

Un pueblo y sus movimientos sociales en la calle, demostrando toda su potencia política y unido tras sus demandas compartidas. Toda su capacidad propositiva y transformadora. Clases oprimidas y fuerzas vivas haciendo posible la esperanza.