Regularización migratoria; DDHH, Seguridad y Contribución al Desarrollo Sostenible para todos

Por Isidro Vergara

En junio pasado tuvo lugar en CEPAL, el seminario sobre contribuciones de las migraciones al desarrollo. En dicha ocasión se presentó una relevante investigación, que dio cuenta de los alcances económicos de las migraciones en cuatro países estudiados. Entre ellos el caso de Chile. Dentro de sus principales hallazgos se ha establecido que la población migrante en Chile ha facilitado el incremento de la generación del PIB. En efecto, la evidencia demuestra que el aporte de esta población transita notablemente pasando de un 1,3% para el año 2009 a un 4,3% para el 2017. 

La evidencia señala que existe un aporte concreto desde el ámbito laboral al desarrollo en lo particular del país, reflejando la importancia de la contribución desde el marco de una migración segura, ordenada, regular. Respecto de este último punto, sobre la regularidad migratoria, y atendiendo las implicancias positivas de estos aportes estudiados, se hace imprescindible generar esfuerzos de mecanismos de regularización efectiva para esta población en Chile, con el fin de sostener en el tiempo el aumento relativo de la contribución al desarrollo de la migración, como lo destaca el reciente estudio. 

Este enfoque debe ser atendido y no desechado, toda vez que, la región y Chile en particular, está inserta a nivel regional bajo una crisis humanitaria migratoria sin precedentes, lo que actualmente, según la plataforma R4V serían más de 7.200.000 migrantes venezolanos, que hoy se encuentran fuera de su país de origen y en donde un 85% de esta población, estaría concentrada en el cono sur. En este sentido bajo la premisa de un contexto de crisis humanitaria se estima, según vocerías oficiales, que son un poco más de 190.000 migrantes y sus familias que están actualmente en situación de irregularidad migratoria en Chile. 

Qué duda cabe que hablar de regularización migratoria, no solo acude a la relevancia del marco del respeto de los DDHH, que se circunscribe también al concierto de convenios internacionales, sino también nos señala de la importancia para la seguridad. Un proceso de regularización migratoria es un bien seguro tanto para la sociedad receptora, como para las propias personas migrantes y sus familias, y en consecuencia para el progreso y contribución al desarrollo para el país de origen en este caso Chile. Si nos situamos desde una perspectiva desde los DDHH, la ausencia de acceso a mecanismos actuales para la regularización migratoria, aumenta la sensación al temor a la expulsión, reduciendo así las posibilidades del acceso a los servicios del Estado, reduciendo los procesos de inclusión reemplazando la por la informalidad de todo tipo. 

Por acudir a un ejemplo, en la situación de mujeres migrantes irregulares víctimas de Violencia Basada en Genero (VBG), en omitir a denunciar por temor a la expulsión, lo cual vulnera sus derechos o como es el caso de trata de personas. Si analizamos las virtudes de una regularización migratoria en términos de seguridad, este proceso da certezas, es decir, es seguro tanto para el migrante, como para el país de recepción. 

En este sentido el proceso de llamado biométrico permitiría conocer quién ha ingresado de manera irregular, permitiendo tener información, procesarla y validarse en este proceso a quienes certeramente tienen interés de permanencia regular, y realizar una contribución al país a su desarrollo. Este proceso permite focalizar y centrar las energías en aquellos que no acudan al llamado administrativo, o por opción no quieran acreditarse, distinguiendo entonces otras intenciones. 

Sin embargo, un proceso de empadronamiento biométrico, como medida desde un enfoque de seguridad, es solo una etapa que debe decantar, emparejado con un enfoque de DDHH, en un proceso de regularización amplio, no por nada se contabiliza una adhesión masiva a este llamado, a la fecha cercano a los 200.000. Para que un proceso de regularización sea exitoso, el mismo debe estar acompañado de incentivos concretos al desarrollo de la sociedad de acogida, que permita al migrante- bajo esa lógica- acudir a un permiso temporal de trabajo o bien una tarjeta de residencia transitoria para efectos de su inclusión provisoria, al tiempo resuelve su situación administrativa, atendiendo los laxos tiempos de respuesta de la actual institucionalidad. 

Lo anterior como medida, regularización migratoria, tiene un impacto finalmente en dar solución a un tema que resulta no menor, que es eje sustancial de la migración, el trabajo, el desarrollo y el aporte al país de recepción. Una regularización migratoria, faculta una condición mínima, permite la posibilidad de la inclusión laboral y transitar así hacia el trabajo decente, reduciendo, la informalidad laboral, el emprendimiento precario, la estrategia de arrendamiento de subsistencia de viviendas colectivas y por cierto evitar caer en las redes de prestamistas informales, como también a las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, entre otras redes de informalidad. En términos de las comunidades de acogida, sin duda, una regularización migratoria- para todos- que excluya a personas con antecedentes o posteriores en el país de origen, permite descomprimir los barrios, las tensiones, esto según lo mencionado anteriormente, como también el prejuicio y la xenofobia, que se han ido encapsulando paulatinamente en la población local, con tensiones objetivas y subjetivas que han tenido expresiones en algunos casos de violencia. 

Sin duda, la ausencia aún, en la implementación de una medida como la señalada, ha traído consigo que la irregularidad migratoria, en contexto de una crisis humanitaria, haya sido utilizado instrumentalmente para la contienda política, siendo útil para ciertos sectores, esto con arreglo para administrar electoralmente la xenofobia instaurada,  bajo un objetivo de rédito electoral, omitiendo datos de su contribución al país, como es la gran mayoría de la migración en situación de regularidad, citado anteriormente, por CEPAL y otros organismos. Todo hace ver que la no solución bajo un proceso de regularización extraordinario seguirá reproduciendo el incremento del etnocentrismo y nacionalismos, lo cual es el caldo de cultivo, para el avance de nacionalismo radicalizados, que sindica que la responsabilidad de la ausencia del Estado y sus prestaciones estaría anclado o focalizado en el extranjero y no de las deficiencias históricas del mismo Estado. Por ende, la regularización migratoria pareciera ser el mecanismo irrefutable para revertir un efecto populista ineludible, que ha logrado permear en la población. Todo parece indicar que mientras se sostenga la irregularidad migratoria de las personas migrantes y sus familias en Chile, mayor será la posibilidad de aumentar el rédito político de esta situación, y exacerbando situaciones negativas a fines, a cuenta de quien hoy se encuentran en una situación de irregularidad y vulnerabilidad, quienes experimentan además en el ámbito social una situación excluyente de ciudadanía de segunda categoría.  

Así, con todo, es importante en este contexto señalar que los procesos de regularización son una herramienta no solo técnicamente propuesta en Chile, sino a nivel regional. Sin ir más lejos hoy los países del cono sur, ante este fenómeno, están desarrollando actualmente dos procesos de regularización masivos, como es el caso del Perú como Ecuador, para hacer frente la plena integración de esta población. Con todo, cabe recordar a nivel nacional el proceso de regularización migratoria en Chile ha sido utilizado como herramienta de manera decidida, por anteriores administraciones, para hacer frente a este fenómeno tanto por los gobiernos de Frei, Bachelet y Piñera respectivamente y resulta un instrumento útil que puede dar respuesta efectiva, particularmente ante una crisis humanitaria que acaso ha sido la más grande que ha vivido la región. 

Una apuesta de avanzada tiene que ver con acudir a un enfoque de DDHH, acudiendo a las normas internacionales, ratificadas por Chile. Por consiguiente, sin duda la regularización migratoria promueve la seguridad del país de recepción y del migrante como también promueve facilita así una clara contribución al desarrollo de los países de recepción. En el marco del lanzamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería PNME desde esta óptica, se hace necesario que, junto a la implementación de la misma, aquello sea acompañado con una medida extraordinaria- sin excepción- conforme a una política de Estado que ha sido permanente, y así iniciar de esta forma la aplicación de la ley 21.325 generando así un círculo virtuoso que de inicio y acompañe a la política nacional.