Por Alejandro Hernández Lemus
En mi labor como dirigente de la discapacidad desde 1987, he visto en mis recorridos por Chile y América Latina, desde la dictadura, la represión policial y de agentes de inteligencia. Producto de la violencia y la tortura, han dejado decenas de miles de personas mutiladas, con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales, en todo el continente.
El INDH en Chile presentó 3.777 querellas por víctimas del estallido social de 2019, con una edad promedio de 26 años. De estas, 3.581 sufrieron lesiones físicas y 220 presentaron trauma ocular en el registro. Siendo Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, los dos casos más emblemáticos de trauma ocular y ceguera total bilateral ocurridos en Chile durante el Estallido Social de 2019. Sus historias se convirtieron en símbolos internacionales de las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile.
El Ministerio de Educación en Francia informó en octubre de este año: 215 estudiantes lesionados, adolescentes de 14 y 15 años con lesiones gravísimas. En Argentina, Amnistía Internacional en los últimos años, documentó 1.341 personas heridas por agentes estatales.
En Estados Unidos, las protestas de 2020 contra el racismo y la violencia policial dejaron numerosos casos documentados de lesiones oculares, fracturas y traumatismos por proyectiles de impacto cinético. En conjunto, estos antecedentes nos muestran que la violencia policial durante las protestas puede afectar especialmente a jóvenes y producir discapacidades permanentes. Un modus operandi de cierto tipo de gobiernos extremos.
El contexto de las protestas en Francia
En el conflicto que se originó en liceos de la periferia de París, por la falta de profesores, infraestructuras deficientes, similar a lo que ocurre hoy en Chile y el rechazo a recortes presupuestarios en la educación técnica para 2027. En pocas semanas, la movilización se extendió a nivel nacional, con bloqueos de cientos de institutos. Posteriormente, el descontento confluyó con reclamos de sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillos, por el alza en el costo de la vida y el encarecimiento de los combustibles. Como en Chile y Argentina, la respuesta policial para dispersar los bloqueos y disturbios ha derivado en fuertes enfrentamientos.
A mediados de octubre, otro manifestante sufrió también la amputación de una mano, en la ciudad de Saint-Étienne, en medio de los disturbios.
El caso de Lens. Un adolescente de 15 años sufrió la amputación de su mano, frente al instituto Auguste Béhal en la ciudad de Lens. Según las investigaciones en curso, el estallido se produjo tras entrar en contacto con una granada policial lanzada en la concentración. Su familia presentó una denuncia por violencia con resultado de incapacidad permanente.
El caso de Saint-Étienne. A mediados de octubre, otro manifestante sufrió también la amputación de una mano, en la ciudad de Saint-Étienne, en medio de los disturbios.
Joven de 17 años en Mulhouse. Durante las marchas contra el costo de la vida, una adolescente de 17 años fue impactada en el rostro por un proyectil de gas lacrimógeno de los cuerpos policiales. La fiscalía francesa confirmó que, pese a una cirugía de urgencia, la pérdida de su ojo izquierdo es irreversible.
Estudiante de 16 años en Tours. En los primeros días de las manifestaciones estudiantiles, otro menor de 16 años perdió por completo la visión de un ojo debido a los enfrentamientos con los agentes antidisturbios.
En el contexto de la grave crisis de Argentina y cómo el gobierno de Milei las emprende contra la discapacidad
Las personas con discapacidad en el contexto de las manifestaciones argentinas recientes han figurado de manera recurrente, por el reclamo de financiamiento para sus prestaciones y en rechazo a las reformas a la Ley de Discapacidad. Durante una de estas manifestaciones pacíficas frente a la Casa Rosada en marzo de 2026, se registraron forcejeos e incidentes cuando la Policía Federal retiró por la fuerza un gazebo que los familiares intentaban armar, generando denuncias públicas de maltrato hacia este colectivo.
En este escenario, el uso de la fuerza estatal o represión policial, resulta ser la herramienta para contener el descontento social generado por medidas económicas restrictivas. Encontrándose implícitamente autorizado el generar discapacidad en los manifestantes.
Las medidas de recortes de Kast en Chile
En abril del presente año, el Ministerio de Hacienda decretó una reducción general de $32.721 millones de pesos en el Aporte Fiscal Libre destinado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dentro de este contexto, se confirmó una disminución de $1.135 millones de pesos en el presupuesto asignado al Servicio Nacional de la Discapacidad – Senadis, lo que ha impactado directamente en los programas de inclusión laboral, fondos concursables y la adquisición de ayudas técnicas esenciales para la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad.
Las políticas de “austeridad económica”, los recortes en el gasto social y las reformas que limitan derechos laborales y estudiantiles son los que detonan las protestas masivas. Cuando los gobiernos adoptan enfoques estrictos de orden público, como los protocolos antipiquetes en Argentina o el uso de armamento antidisturbios catalogado como «no letal» en Francia o Chile en 2019, se incrementa de manera desproporcionada los manifestantes que sufren heridas graves, mutilaciones o discapacidades permanentes.
En este escenario, el uso de la fuerza estatal o represión policial, resulta ser la herramienta para contener el descontento social generado por medidas económicas restrictivas. Encontrándose implícitamente autorizado el generar discapacidad en los manifestantes.
El impacto de la discapacidad adquirida en este contexto:
Las discapacidades adquiridas a causa de lesiones físicas, por la represión policial, traen consigo efectos mentales y emocionales que requieren tratamientos de rehabilitación en la funcionalidad, apoyo psicológico, psiquiátrico, más gastos considerables en medicamentos permanentes.
El largo proceso de duelo viene seguido del deterioro de la calidad de vida y del patrimonio presente y futuro de las personas afectadas, lo que se denomina en dialéctica legal, lucro cesante. Lo que la persona dejará de percibir por efecto de la discapacidad adquirida, y las múltiples barreras del entorno y discriminación que muy probablemente enfrentará para movilizarse, estudiar, desarrollar proyectos de vida, casarse, formar una familia y encontrar un trabajo. Más en países en vías de desarrollo y en un mundo que pone en 60 ° de pendiente el camino para las personas con discapacidad.
El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad. El 10 el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mientras tanto, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Francia, Italia, España, Portugal, Albania, Serbia, Indonesia y Estados Unidos, seguirán transitando por revueltas sociales, para lograr el pleno respeto por los derechos esenciales y más justicia social. Algo de sentido común para cualquier gobierno sensato, especialmente hacia el respeto de las personas con discapacidad.
Discapacidad; más derechos, menos caridad.
Por Alejandro Hernández Lemus
Presidente y Director Ejecutivo / Fundación Nacional de Discapacitados – FND – @fundacionfnd
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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