República Dominicana: Cuando el concreto no habla creole, la obra se detiene

Por Rafael Méndez

Porque si el concreto no habla creole, la obra se detiene, y lo que queda al desnudo es la hipocresía de un sistema que lucra con la precariedad, pero se niega a asumir las consecuencias sociales de su propio funcionamiento. En cada columna, cada muro o cada techo vaciado, hay una historia de brazos migrantes que trabajan bajo sol y polvo, muchas veces sin papeles, sin voz y sin protección.

La expresión “los haitianos cargan el peso de la obra gris”, utilizada por un medio local para titular su principal información sobre el tema, no es solo una figura retórica, sino una síntesis brutal de la realidad que sostiene a buena parte de la construcción dominicana.

Allí, en la fase menos visible y más dura de la obra, la mano de obra haitiana se ha convertido en soporte indispensable de una industria que difícilmente podría mantener su ritmo actual sin ella.

La “obra gris” no es apenas una etapa técnica del proceso constructivo, sino también una radiografía humana de la desigualdad. Es allí donde se levantan los cimientos, columnas, muros y losas que luego serán fachada, lujo o diseño, pero también donde más se reproduce la informalidad laboral, porque esa estructura que define la solidez del edificio descansa, con frecuencia, sobre cuerpos vulnerables, salarios bajos y derechos ausentes.

El concreto habla creole

Aunque muchas veces se ignore, la construcción dominicana no podría sostenerse del modo en que hoy funciona sin esa presencia haitiana que habla creole entre bloques, varillas y mezcladoras.

De acuerdo con estudios recientes del Instituto Nacional de Migración, en 2023 se requería formalmente la contratación de más de 111 mil trabajadores nacidos en Haití, mientras reportes del propio sector señalan que, al 2025, la presencia haitiana supera en muchos casos el 70 % y puede alcanzar hasta el 90 % de la plantilla.

Lo paradójico es que esa dependencia estructural convive con una narrativa oficial que insiste en endurecer las políticas migratorias y multiplicar los operativos de deportación, generando una tensión permanente entre la economía real y el discurso político sobre soberanía, seguridad o legalidad.

Mientras los planos se diseñan con exigencias de calidad, los cimientos laborales de muchas obras descansan sobre una informalidad tolerada por conveniencia y perseguida por cálculo político.

Esa contradicción ha sido reconocida incluso por actores del sector construcción, que han advertido sobre retrasos, paralización parcial de proyectos y aumento de costos cuando se reduce abruptamente la disponibilidad de mano de obra haitiana.

No se trata, por tanto, de una percepción sentimental ni de una defensa abstracta del migrante, sino de una realidad productiva que el país utiliza todos los días, aunque luego pretenda negarla en el debate público.

Invisibles, imprescindibles y reprimidos

En cualquier obra que se levanta, especialmente en las periferias urbanas y en zonas de expansión turística, los primeros en llegar y los últimos en irse suelen ser obreros haitianos que conocen cada etapa del proceso, desde el encofrado hasta el vaciado de la losa.

Aunque muchos no tengan títulos ni documentos en regla, dominan los tiempos del concreto, las mezclas de mortero, el repello y la disciplina física de un trabajo que pocos están dispuestos a realizar en esas condiciones.

Sin embargo, esa eficiencia no se traduce en mejores condiciones laborales, sino que coexiste con salarios bajos, jornadas extensas y escasa protección social.

Al ser considerados “informales” o “ilegales”, quedan atrapados en una zona de vulnerabilidad que facilita la explotación, porque no tienen estatus migratorio regular, canales efectivos de denuncia ni garantías suficientes frente a contratistas que se benefician de una mano de obra abundante, barata y fácilmente reemplazable.

El problema no se agota en la informalidad laboral, porque la narrativa pública también convierte al migrante haitiano en chivo expiatorio de males que no creó. Se le atribuyen déficits de vivienda, desempleo o inseguridad, mientras se oculta que su trabajo sostiene infraestructuras, dinamiza sectores productivos y permite que la economía funcione con costos que luego nadie quiere discutir.

Así, el mismo cuerpo que levanta el edificio es presentado como amenaza cuando conviene al discurso político.

Por eso, cuando la Dirección de Migración intensifica redadas y muchos trabajadores son detenidos en los mismos lugares donde levantan obras formalmente autorizadas, queda expuesta la doble moral del sistema: la legalidad del proyecto no equivale a la regularidad migratoria de quienes lo construyen. El Estado mira hacia otro lado cuando esa fuerza laboral resulta útil, pero la reprime cuando necesita exhibir autoridad.

Mientras el país discute políticas migratorias, debería revisar también su modelo económico, porque la construcción demuestra hasta qué punto la exclusión puede convivir con la dependencia. No se trata solo de legalizar trabajadores, sino de reconocer derechos, garantizar condiciones dignas y enfrentar una realidad que se volvió estructural. Ya no basta condenar a quienes cruzan la frontera, mientras se necesita que mezclen el concreto cada día.

Rafael Méndez