Columna de opinión del candidato a diputado (DA!) por D10:

Roberto Campos: Democracia Directa y Participación Vinculante para el Buen Vivir

Columna de opinión sobre democracia directa y participación vinculante del profesor y candidato a diputado por el distrito 10, Roberto Campos (DA!): "Teniendo presente que la Participación es un tema clave a la base del Estallido Social, es necesario abordarla como uno de los tantos elementos que le subyacen y que puede aportar en el modelo de democracia que se requiere para el Buen Vivir."

Por Francisca Valencia

11/11/2021

Publicado en

Columnas / Elecciones / Política

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Uno de los temas que mayor ruido ha generado en el contexto de trabajo de la Convención Constituyente, es la Participación, lo que no resulta casual después de 18 años de instalación del modelo en Dictadura y los 30 años de profundización neoliberal. Al respecto, la inexperiencia en mecanismos de participación directa por parte de la ciudadanía durante este largo, casi medio siglo de nula participación vinculante, podemos comprenderla como una debilidad no menor en la condición democrática de Chile que desfavorece el cómo llegar a algunos acuerdos para llevarla a cabo.

Considerando que este proceso de discusión se encuentra abierto, resulta necesario tener presente algunas experiencias favorables en este ámbito, disponibles en América Latina (AL). Al mismo tiempo, teniendo presente que la Participación es un tema clave a la base del Estallido Social, es necesario abordarla como uno de los tantos elementos que le subyacen y que puede aportar en el modelo de democracia que se requiere para el Buen Vivir. En este sentido, si bien la crisis de la democracia hoy es una tendencia a nivel mundial, en el caso de Chile existen múltiples elementos entremezclados y progresivos que han dañado la posibilidad avanzar hacia una democracia centrada en el Buen Vivir del país completo. Eso es lo que se cristaliza con el Estallido y observan hoy a la luz de la actual crisis política.

Existen algunos datos relativos a los niveles de satisfacción democrática, posibles de categorizar en tres grandes grupos de países. El primero, de países de Europa con un alto estándar de vida y cuya satisfacción democrática es superior al 75%. Un segundo grupo, donde la satisfacción democrática es inferior al 50% y va a la baja, como es el caso de la mayoría de los países de AL, incluido Chile. Conjuntamente, existe un tercer grupo, con una satisfacción democrática de entre el 50% y 74%, que concentra algunos países desarrollados y sólo un país de AL que constituye la excepción en la región: Uruguay.

¿Por qué es interesante revisar el caso de Uruguay?

Básicamente, porque, pese a no estar exento de dificultades, es el país excepción en el nivel de satisfacción democrática de AL y porque tiene algunos elementos comunes con Chile. De esta forma, es un referente a considerar en discusión sobre la Participación y los mecanismos que pendientes para poder vincular la opinión de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones clave para alcanzar un Chile donde el Buen Vivir sea lo cotidiano.

En línea con lo anterior, existen coincidencias y diferencias entre Chile y Uruguay en los procesos postdictadura. Por ejemplo, ambos países vivieron dictaduras, aunque la de Uruguay concluye en 1984 mientras que en Chile fue en 1990. En el plano económico, pese a que los dos países están inmersos en el neoliberalismo, a partir de los ‘90s, mientras Chile profundiza el modelo vía privatización y perfecciona el mercado como regulador de los derechos sociales básicos como pensiones, educación y salud, en Uruguay se opta por la protección de estos mismos derechos.

¿Cómo lo hace Uruguay?

No es tan complejo, sólo decidió mancomunadamente mantener en manos del Estado las empresas de combustible, comunicaciones y transporte, a través de mecanismos de participación directa de la ciudadanía, como plebiscitos y referéndums. Con estas decisiones se ha beneficiado a casi el 100% de la población, de tal manera, que, por ejemplo, los mayores de 65 años en condición de pobreza no superaban el 3% en el periodo pre pandemia. Asimismo, el Estado Uruguayo implementa políticas de cultura, deporte y desarrollo territorial desde el tejido social existente, mientras que en el Chile postdictadura las políticas públicas se focalizan en grupos particulares a través de bonos, subsidios, etc, condicionando la participación de los ´beneficios sociales’ desde esta mirada y no desde el enfoque de derechos. Con ello, las políticas focalizadas generan un gran daño al tejido social y organizativo de base, estableciendo la ‘postulación’ fragmentada desde grupos definidos a priori por el Estado, sin considerar sus características territoriales.

Adicionalmente, pese a que el crecimiento económico de Uruguay es menor al chileno, la distribución más igualitaria de la riqueza asegura un piso básico y digno de derechos sociales desde el retorno a la democracia, mientras que Chile se corona vergonzosamente como el líder de la desigualdad dentro de la OCDE.

Por otra parte, en el plano político partidista, iniciada la postdictadura, Uruguay da forma a un mapa electoral con tres grandes fuerzas, una de ellas más progresista que las otras dos, mientras que Chile instala un duopolio por 30 años, que protege los mecanismos constitucionales que profundizan el modelo y evitan las transformaciones. Asimismo, Uruguay ha efectuado un recambio generacional de las figuras políticas mientras que en Chile el recambio es, prácticamente, inexistente.

            Con todo, son varias las reflexiones a concluir a partir de esta breve revisión:

1) Los mecanismos de participación que Chile requiere deben ser vinculantes con las decisiones para una política que, por un lado, abandone el mercado como rector de los derechos sociales y por otro, desprivatice progresivamente las empresas clave, permitiendo contar con los ingresos adecuados a nivel país para asegurar la redistribución de los mismos en función de una mayor igualdad social.

2) Es necesario direccionar las políticas públicas desde un enfoque de derechos sociales y no desde la lógica de ‘beneficios’, a fin de enriquecer el tejido social, avanzar en la legitimidad de las políticas públicas y asegurar un piso mínimo para el Buen Vivir.

3) Es indispensable asegurar mecanismos de democracia directa que permitan destrabar conflictos sociales y políticos, contar con la participación vinculante de la ciudadanía en esas decisiones y con ello, legitimar socialmente esas decisiones.

4) Los acuerdos políticos para la Participación Vinculante deben realizarse en torno al máximo posible, a fin de incorporar nuevas fuerzas y figuras políticas. Ello evitaría la grosera permanencia de los mismos de siempre y sus decisiones en la dirección que ya conocemos, que, sin duda, han generado más perjuicio que beneficio a nuestro país.

Roberto Campos Weiss
Candidato a Diputado por el #Distrito10
Lista AN 109 Dignidad Ahora
Instagram: @roberto_profesor_d10
Santiago – La Granja – San Joaquín – Macul – Ñuñoa – Providencia

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