Sin poder sobre las Fuerzas Armadas una República no es República

Carl Von Clausewitz dijo una vez “la guerra es la continuidad de la política por otros medios”, afirmación polémica para nuestra sociedad actual que parece querer renegar permanentemente de la politización de incluso los asuntos más políticos. No obstante el famoso estratega prusiano – un clásico de las ciencias militares – tenía razón; la guerra y por extensión los cuerpos armados de una sociedad son un asunto político y es por ello que el Senado de la República debe injerir en el nombramiento de los altos oficiales de las fuerzas armadas.

Quién podría negar que los asuntos militares son una cuestión política si incluso en nuestro país de afamada monarquía presidencial, el artículo 21 de la constitución establece mediante la expresión “previa autorización por ley” que es el parlamento el que debe votar el involucramiento del Estado en una guerra y que este mismo, según el artículo 60 numeral 13 de la carta magna, es el que debe aprobar la entrada y salida de tropas del territorio nacional.

El estatuto político de las cuestiones militares no lo define una ley, sino la realidad del fenómeno militar en sí. No obstante la ley si puede definir cuál es el tipo de política y cómo se hará la política en torno a estos asuntos.

En nuestro país desde la constitución de 1925 y hasta 1974, la responsabilidad de nombrar a los altos mandos del ejército recaía de forma conjunta en el ejecutivo y en el legislativo, tal como hoy día sucede en argentina, Estados Unidos, México y Uruguay, pero desde 1974 en adelante la injerencia parlamentaria fue en declive hasta que en la constitución dictatorial de 1980 (hasta hoy vigente) se vuelve una facultad privativa del Presidente de la República.

La subordinación del poder militar al poder político es una cuestión central en toda democracia, no obstante en nuestro país hay quienes pretenden disfrazar de eficiencia técnica la hegemonía absoluta de la presidencia sobre los cuerpos castrenses para justificar el anclaje dictatorial de los sistemas de promoción del alto mando. Nosotros creemos que la idoneidad de nuestros generales no está dada por quién los nombre, pero tenemos la convicción de que el nombramiento debe ser fruto de la deliberación democrática de los representantes de la sociedad civil en el Congreso de la República. La democracia en este aspecto solo puede fortalecer la institucionalidad y evitar el carácter unipersonal de decisiones trascendentales como el quién o quienes dirigirán nuestras Fuerzas Armadas.

Alejandro Navarro Brain
Senador de la República