Tras renuncia de Giorgio Jackson, gobierno debe decidir por sometimiento o enfrentamiento con la oposición

Por Javier Pineda Olcay

La renuncia de Giorgio Jackson este viernes 10 de agosto, fue algo esperado por gran parte de la clase política. Si se mantenía en el cargo existía mucho riesgo de que la acusación constitucional presentada en su contra fuera aprobada, y lo dejara cinco años inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Y al mismo tiempo, la presión interna desde Socialismo Democrático e incluso desde sectores de Apruebo Dignidad, comenzaba a aumentar día a día. 

Si la exigencia de su renuncia después del plebiscito del 4 de septiembre estuvo motivada por sus decisiones políticas, la última ofensiva en contra del ex Ministro estuvo marcada por una vinculación a los casos de corrupción relacionados a Democracia Viva y a las “Fundaciones”. A pesar de que no existe ninguna prueba que lo relacione a estos casos, se le ha sindicado impunemente como el responsable de una “maquinaria para defraudar el Estado”. Esto se agudizó después del episodio delictual que afectó al Ministerio de Desarrollo Social. Las acusaciones no sólo tuvieron su origen en la derecha, sino también en quienes se supone que son del oficialismo, como el Senador Fidel Espinoza. Más aún, hasta el Presidente de la CPC, Ricardo Mewes, se tomó la libertad de pedir la renuncia del ex Ministro Jackson. 

A pesar de que mediáticamente se atribuía la porfía de mantener a Jackson en el cargo a su relación con el Presidente de la República y la historia de amistad política y personal que les une desde sus dirigencias en el movimiento estudiantil, la caída de Giorgio Jackson representa un duro golpe al proyecto del Frente Amplio y, en especial, a Revolución Democrática. 

Giorgio Jackson fue uno de los fundadores de Revolución Democrática, posterior a su dirigencia en el movimiento estudiantil. Su primera tarea política fue articular a un partido caracterizado por la juventud de sus integrantes que se transformó en las “juventudes” de Michelle Bachelet, que los partidos de la Concertación no eran capaces de ofrecer. Este rol les permitió entrar al gobierno en roles claves en el Ministerio de Educación, para “foguear” a su militancia en la experiencia de ser gobierno. Un año y medio antes de las elecciones presidenciales, abandonarían la Nueva Mayoría para levantar el Frente Amplio, representado electoralmente por la candidatura de Beatriz Sánchez. 

En el Frente Amplio es indudable la importancia que ha tenido Jackson y su partido, siendo uno de los principales articuladores desde la Cámara de Diputados (en 2017 fue el parlamentario más votado del país) y también en el levantamiento de la candidatura de Gabriel Boric, transformándose en el factotum de su campaña. 

Desde su llegada al gobierno como Ministro de la SEGPRES se transformó en el punching ball de la oposición, la cual pudo cobrar cuentas después de los resultados del 4 de septiembre y desde ahí no lo han soltado hasta su renuncia. Más allá de la figura de Jackson, es relevante analizar también en qué pie queda el gobierno. 

Indudablemente, el gobierno sale debilitado de esta coyuntura. Si en un primer momento sostuvieron la tesis de que no serían pauteados por la oposición para determinar quienes pueden estar investidos de responsabilidad en el gobierno del Presidente Boric, tuvieron que ceder. El discurso mediático ha sido, en primer lugar, señalar a Jackson como un “mártir” y, en segundo lugar, interpelar a la derecha para que ahora no tengan excusas en sentarse a la mesa a conversar sobre la reforma tributaria y la reforma previsional. 

No obstante ello, la oposición rápidamente se muestra conforme con la decisión, pero insatisfecha. El tuit del diputado UDI, Sergio Bobadilla, demuestra abiertamente lo que las dirigencias de los partidos de la oposición han acordado soterradamente: van por más. 

Lo esperable es que sigan mediáticamente desgastando a las principales figuras del gobierno, ya sea con razón o sin razón. Las figuras más importantes que vendrían en esa línea son Carolina Tohá, a quien pueden golpear por la agenda de seguridad y a Camila Vallejo, a quien la han golpeado mediáticamente por la Comisión de la Desinformación. Es de esperar que estos ataques se intensifiquen en las próximas semanas. 

En cuanto al destino de las reformas, parece difícil que lleguen a buen puerto. La reforma tributaria – denominada “Pacto Fiscal” – tiene una férrea oposición desde el empresariado, quienes se oponen incluso a medidas como las cláusulas de anti-evasión. Mediáticamente sostienen un discurso en contra de aumentar el impuesto a las personas (aunque la mayoría de las medidas sólo afecta al 5% más rico de la población), pero en la práctica la solución que proponen es aumentar el impuesto de segunda categoría a rentas medias, lo cual si afectará a millones de trabajadores y trabajadoras. 

En cuanto a la reforma previsional, la derecha política recuperó su defensa férrea a las AFP como administradoras de los fondos de pensiones, oponiéndose a que esta tarea sea desarrollada por un ente estatal. Asimismo, sobre el destino de la cotización adicional de 6% defienden que se vaya todo a cuentas individuales administradas por las AFP, a pesar de que en el gobierno de Sebastián Piñera propusieron una distribución de 4% a las cuentas individuales y 2% a sistema de reparto. Carlos Larraín, en entrevista en Tolerancia Cero, señaló una frase que sintetiza esa posición de boicot: “al Gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar”. Esta es la misma frase que utilizó Richard Nixon cuando asumió Allende y comenzó a orquestar el golpe de Estado en contra del gobierno.

En este difícil escenario, el Gobierno tiene que decidir como enfrenta a una derecha decidida a boicotearlo. Una línea que ha impulsado principalmente el Presidente Gabriel Boric ha sido “subir el tono” e interpelar a la oposición abiertamente en mítines públicos, tanto aquellos organizados por el gobierno en aquellos municipios gobernados por alcaldes afines o incluso interviniendo en la última marcha de pobladores y pobladoras que pasó por fuera de La Moneda. 

Este “estilo Petro” llega tarde, cuando las desconfianzas desde los movimientos sociales hacia el gobierno están instaladas, pero que podría hacer el intento de recuperar si muestra una accionar consistente – no solo en discursos – sino también en las medidas concretas que implementa desde el gobierno. Los próximos pasos que pueden determinar esta voluntad se verán expresados en la posición del gobierno sobre: (i) la ley que modifica penas de los delitos de usurpación, criminalizando las tomas de terreno de pobladores; (ii) el petitorio del Colegio de Profesores de Chile, quienes anunciaron paralización indefinida en caso de no acogerse; (iii) aprobación de proyectos extractivistas que no cumplen con criterios ambientales; (iv) implementación de la estrategia nacional del litio; (v) dejar de implementar la Agenda de Seguridad, que está basada principalmente en proyectos de ley presentados por la derecha durante el gobierno de Sebastián Piñera; (vi) poner fin al estado de excepción en Wallmapu, toda vez que se ha transformado en el Presidente que ha gobernado con la duración mayor de aplicación del estado de excepción constitucional de emergencia. 

En gran parte de estos temas, la posición del Gobierno ha sido la misma de los últimos “30 años” e, incluso, en materia de políticas de seguridad, se ha encargado de sacar adelante la agenda legislativa de la derecha. A pesar de implementar esta agenda, para la derecha nunca es suficiente y siempre van por más.