Ucrania y mercenarios: cuando la propaganda rusa choca con los hechos

En su columna «Ucrania y mercenarios», el embajador ruso presenta una interpretación de la guerra que debe contrastarse con hechos verificables. Habla de terrorismo, nazismo, persecución religiosa y mercenarios, pero omite el hecho central: Rusia invadió Ucrania en 2014 y lanzó la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. No es una diferencia de opiniones, sino una realidad documentada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

¿Quién ataca a la población civil?

El embajador acusa a Ucrania de aterrorizar a civiles, pero pasa por alto los ataques rusos con misiles y drones contra ciudades, viviendas e infraestructura ucranianas. Según la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU, entre enero y agosto de 2026 murieron al menos 2.222 civiles en Ucrania y otros 13.058 resultaron heridos: un aumento del 55 % respecto del mismo período de 2025. Son cifras de Naciones Unidas, no propaganda ucraniana. Todo ataque contra civiles debe investigarse, sin importar quién lo cometa. Pero acusar a Ucrania de terrorismo mientras se omite el impacto de la invasión rusa es invertir las responsabilidades.

Una victoria que nunca llega

Moscú presenta sus avances como prueba de una victoria inevitable. Sin embargo, Rusia no logró tomar Kyiv “en tres días” ni someter a Ucrania y perdió el control de Jersón, el único centro administrativo regional que las fuerzas rusas lograron ocupar al inicio de la invasión a gran escala y que Ucrania liberó en noviembre de 2022.

El avance ruso no es el único factor que debe considerarse. En octubre de 2026, el Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano informó de la recuperación de 16 localidades y 277 kilómetros cuadrados en Donetsk durante la operación «Vivaldi». Estos resultados no han sido confirmados únicamente por fuentes militares ucranianas, sino que también han sido corroborados por el proyecto de análisis independiente DeepState, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y medios internacionales.

La guerra se ha convertido en gran medida en un conflicto de desgaste y de posiciones, en el que los avances territoriales son graduales y tienen un coste humano elevado. Por tanto, afirmar que Rusia se encamina hacia una victoria inevitable o que el conflicto está próximo a terminar carece de fundamento suficiente. La velocidad de avance en determinados períodos no equivale a una victoria estratégica, ni permite predecir por sí sola el desenlace de la guerra.

Rusia dice que no busca territorios. ¿En serio?

El embajador sostiene que Rusia no necesita conquistar territorios porque ya posee una enorme extensión geográfica. Pero ¿por qué ocupó y anexó ilegalmente Crimea en 2014? ¿Y por qué en 2022 proclamó la anexión de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, incluso de zonas que no controlaba por completo? El tamaño de un país no le otorga derecho a apropiarse del territorio de otro. La Asamblea General de la ONU rechazó estas anexiones y reafirmó la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

«Desmilitarización» y «desnazificación»

Esos dos objetivos que Vladímir Putin proclamó al inicio de la invasión a gran escala resultan hoy especialmente irónicos. La invasión produjo el efecto contrario al que Moscú pretendía: Ucrania cuenta hoy con unas Fuerzas Armadas más experimentadas y una industria de defensa innovadora. Sus drones marítimos Sea Baby y Magura, así como sus drones interceptores y sistemas de guerra electrónica, despiertan un creciente interés internacional. Lejos de lograr la «desmilitarización» de Ucrania, Rusia ha impulsado el desarrollo de capacidades tecnológicas que hoy resultan valiosas para la seguridad europea.

En cuanto a la supuesta «desnazificación», se trata de uno de los principales mitos de la propaganda del Kremlin para “explicar” la invasión. Rusia presenta a Ucrania como un Estado nazi, pese a que es un país con un sistema político pluralista y un presidente elegido democráticamente. Aunque existen grupos de extrema derecha, como en otras democracias, su presencia no significa que controlen el Estado ni define a toda la sociedad ucraniana. Además, en las elecciones parlamentarias de 2019, los partidos ultranacionalistas obtuvieron resultados marginales. La etiqueta de «nazismo» se utiliza así para deshumanizar al adversario y legitimar una guerra de agresión que no tiene justificación alguna en el derecho internacional.

El ruso no está prohibido en Ucrania

No existe una prohibición general de hablar ruso en Ucrania. El ucraniano es la lengua oficial del Estado, pero eso no equivale a prohibir el ruso en las conversaciones privadas. Millones de ucranianos hablan o han hablado ruso, y muchos siguen haciéndolo. Al mismo tiempo, desde el inicio de la invasión a gran escala, numerosos ciudadanos han optado voluntariamente por utilizar cada vez más el ucraniano, como expresión de su identidad nacional y de su rechazo a la agresión rusa y a la imposición de la lengua del ocupante.

Entre los militares que defienden Ucrania hay numerosos rusohablantes: su idioma no les impide defender la soberanía de su país. Incluso hay ciudadanos rusos que combaten junto a los ucranianos contra el régimen de Vladímir Putin, entre ellos integrantes de formaciones armadas opositoras al Kremlin. Su existencia desmonta la idea de que la guerra enfrenta simplemente a todos los rusos contra todos los ucranianos. La cuestión fundamental no es la lengua ni el origen, sino la decisión de apoyar la agresión o resistirla.

Libertad religiosa y cultura: no confundir fe con propaganda estatal

La libertad de culto es un derecho fundamental y debe protegerse durante la guerra. La legislación ucraniana aprobada en 2024 abordó los vínculos institucionales de organizaciones religiosas con el Estado agresor; cualquier medida y cada caso deben evaluarse conforme al debido proceso. Investigar posibles vínculos con estructuras que apoyan la agresión no equivale, por sí solo, a prohibir la fe ortodoxa.

Del mismo modo, nadie cuestiona el valor universal de Tolstói, Chéjov o Dostoievski. El problema surge cuando la cultura se convierte en un instrumento de propaganda política. El caso de Chile es ilustrativo: un centro que se presenta como promotor de la cultura rusa organiza charlas que niegan o cuestionan el Holodomor  (la hambruna artificial provocada por el régimen soviético en Ucrania en los años 1932-1933, que causó millones de muertes), reconocido como genocidio por ambas cámaras del Congreso Nacional chileno. Al mismo tiempo, idealiza la Unión Soviética, un régimen cuya memoria está marcada para los ucranianos por las represiones masivas, las deportaciones, la rusificación y tragedias como el Holodomor. No es casual que Vladímir Putin exprese reiteradamente su admiración por la Unión Soviética y reivindique su legado histórico. Más aún, este mismo centro no duda en organizar colectas para apoyar la guerra rusa contra Ucrania. Cuando una institución niega una tragedia reconocida, glorifica el pasado soviético y recauda fondos para una guerra de agresión, cabe preguntarse dónde termina la promoción cultural y dónde comienza la propaganda al servicio del Kremlin.

Cabe destacar que numerosos artistas e intelectuales rusos han condenado la invasión de Ucrania y denunciado los crímenes del régimen de Putin. Algunos han sufrido censura, persecución y exilio por expresar públicamente su oposición a la guerra. Sus posiciones demuestran que la propia sociedad rusa alberga voces críticas que se niegan a respaldar la agresión y el autoritarismo del Kremlin.

¿Quién engaña y explota a ciudadanos extranjeros?

Llegamos así a la principal acusación del embajador ruso: el supuesto reclutamiento de mercenarios por parte de las embajadas ucranianas. Es necesario aclarar que las misiones diplomáticas no realizan actividades de reclutamiento militar. El derecho internacional distingue entre un mercenario y una persona extranjera incorporada voluntariamente a las fuerzas armadas de un Estado; la nacionalidad, por sí sola, no determina esa condición. Pero cuando se trata de Rusia, hablemos con hechos.

En Chile, un caso reciente ha puesto de relieve este problema: en septiembre de 2026, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por posible trata de personas con fines de trabajo forzoso en el caso de Rodolfo Antonio Chico Ketterer, quien viajó a Rusia tras recibir una oferta laboral y terminó incorporado al Ejército ruso. Su familia sostiene que fue engañado y posteriormente perdió el contacto con él.

No es un caso aislado. En Perú, la Fiscalía investiga 22 expedientes relacionados con más de 300 ciudadanos presuntamente captados mediante engaños. En Bolivia, se abrieron cuatro investigaciones por posibles casos de trata vinculados al reclutamiento para el Ejército ruso. En Panamá, las autoridades investigan denuncias sobre ofertas laborales que habrían servido para captar ciudadanos con destino a la guerra. En Cuba y Colombia también se han documentado redes de reclutamiento y testimonios de personas atraídas con falsas promesas de empleo. 

Cuando Rusia habla de «carne de cañón», debería empezar por mirarse al espejo. No solo envía a extranjeros reclutados mediante engaños al frente: sus propios militares describen los llamados «asaltos de carne», en los que soldados son lanzados repetidamente contra las posiciones ucranianas a un coste humano enorme. Según una estimación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), entre febrero de 2022 y junio de 2026 Rusia habría sufrido entre 400.000 y 450.000 militares muertos en el campo de batalla. Esta cifra equivale a casi 5 veces el total de militares estadounidenses fallecidos durante las guerras de Corea y Vietnam juntas. Además, el CSIS estimó que Rusia había sufrido alrededor de 1,4 millones de bajas en total, incluidos muertos, heridos y desaparecidos. Todo eso ilustra el coste humano de la decisión del Kremlin de continuar la guerra.

Condenar el terrorismo exige reconocer los hechos

Al final de su columna, Belinski afirma que el nazismo y el terrorismo deben condenarse. En eso podemos coincidir.  Pero esa reflexión exige también reconocer los hechos que su columna omite. Fue Rusia la que invadió Ucrania. Fue Rusia la que anexó territorios ucranianos. Y es Rusia la que continúa lanzando ataques que provocan muertes de civiles y destrucción en ciudades ucranianas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha exigido la retirada de las fuerzas rusas del territorio de Ucrania y ha reafirmado su soberanía e integridad territorial. Ucrania no invadió Rusia en 2022. Ucrania está defendiendo su independencia, a su población y su derecho a existir como Estado soberano. Ante la agresión rusa, se ha visto obligada a ejercer su legítimo derecho a la defensa, incluso mediante ataques contra objetivos militares en territorio ruso, de conformidad con el derecho internacional.

La paz es indispensable. Pero una paz duradera no puede construirse sobre la negación de los hechos ni sobre la legitimación de las conquistas territoriales mediante la fuerza. Si realmente queremos condenar el terrorismo, el extremismo y la violencia contra los civiles, debemos empezar por reconocer quién inició esta guerra y quién tiene la responsabilidad de poner fin a la agresión.

Por Yurii Diudin

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania en la República de Chile