Un pacto por Chile

En las últimas semanas hemos tenido buenas noticias a propósito de la disminución en las cifras de pobreza que ha mostrado la encuesta CASEN. Estas informaciones demuestran que las políticas sostenidas del Estado tienen impacto en la calidad de vida de las personas.

Pero sabemos, también, que millones de chilenas y chilenos, sobre todo personas mayores, mujeres cuidadoras, personas enfermas, familias más vulnerables, viven con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a fin de mes. Son necesidades que han esperado mucho tiempo y que no podemos postergar más.

Para hacernos cargo de estas tareas, necesitamos más recursos. Y a pesar de las múltiples reformas tributarias que se han aprobado en los últimos años, la estructura de cómo pagamos impuestos no ha cambiado significativamente. Hoy necesitamos dar un salto cualitativo, que nos permita elevar el bienestar de todos y todas.

Es por eso que esta semana, como Gobierno, presentamos nuestra propuesta para un pacto fiscal. Un pacto que garantice la responsabilidad fiscal y que nos ayude a responder a demandas urgentes de la ciudadanía.

¿Cuáles son estas demandas? En primer lugar, necesitamos financiar la Reforma Previsional, que aumenta la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos mensuales, que amplía su cobertura a 500 mil personas más que los actuales beneficiarios, y el aporte fiscal del aumento de 6% de cotizaciones de cargo de los empleadores. También queremos mejorar nuestra salud pública, fortaleciendo  la atención en centros de salud primaria y disminuyendo las listas de espera; además, queremos iniciar el desarrollo de un sistema de cuidados para niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad. Y, por cierto, estamos resueltos a mejorar la eficiencia del trabajo policial y de la justicia. Estamos hablando de recaudar alrededor de 8 mil millones de dólares.

Para hacernos cargo de estas tareas es que hemos propuesto este pacto fiscal. Hablamos no solamente de un sistema en el que paguen más impuestos las personas que más ingresos tienen –cerca del 5%-, sino también de una serie de medidas que nos permitirán acrecentar los recursos con los que cuenta el Estado. Hay iniciativas que nos permiten aumentar la eficiencia del gasto público, es decir, liberar recursos públicos que hoy no están siendo eficientes (en políticas públicas que no cumplan sus objetivos, en gastos excesivos en compras o transferencias) para destinarlos a estas prioridades.

Y en materia tributaria, sabemos que necesitamos una reforma, que queremos sancionar con todos los actores, y que responda a principios básicos como la justicia tributaria, es decir, que quienes tienen más, contribuyan con más.

Esta propuesta recoge las sugerencias y acoge las inquietudes de diferentes actores. El proceso de diálogos tributarios contempló la realización de 33 reuniones de trabajo con diversos sectores, 11 de ellas se realizaron con gremios Pyme, ocho de ellas con la CPC y/o sus ramas; una con gremios en la región del Biobío; una con la CUT; tres con fundaciones y ONGs y nueve con partidos políticos.

El Pacto Fiscal para el Desarrollo y Bienestar es una forma responsable de avanzar hacia el país que queremos, y así revertir la tendencia a un menor crecimiento, que vemos hace más de una década.

Hoy podemos entregarles certezas en lo económico a nuestros compatriotas si avanzamos en estas medidas. Estamos proponiendo un camino responsable, al que se hará seguimiento, monitoreo y evaluación constante por parte de expertos y expertas, y una evaluación al cabo de tres y cinco años. Nuestra idea es que Chile sepa que tiene políticas públicas que aseguran justicia, reciprocidad, simplicidad en las regulaciones, certeza en las reglas del juego y eficiencia económica.

Es verdad que este Pacto Fiscal, además de reformas reglamentarias y administrativas, implica un trabajo legislativo importante. Por eso hemos dialogado con todos quienes han querido ser parte de esta conversación, y lo hemos hecho con apertura y voluntad de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar. No se trata de lo que quiera un sector u otro, sino de lo que es razonable lograr en este momento y sobre todo, de lo que necesitan millones de personas en Chile.

Tal como hemos superado el diálogo polarizante en torno a temas como el salario mínimo y las 40 horas, podemos superar la lógica de que no es el momento; ahora es, precisamente, el momento de apostar por el desarrollo inclusivo de Chile, haciéndonos cargo del descontento social y apostando al mismo tiempo por reglas claras y estables.

En momentos en que la ciudadanía desconfía de la política y de los beneficios que pueda tener en su día a día, quienes estamos en el servicio público debemos demostrar nuestro compromiso con la ciudadanía, salir de la pelea en la cancha chica y actuar juntos para responder a la sociedad entera.

Por Camila Vallejo Dowling

Ministra Secretaria General de Gobierno