Una Ley de medios para terminar el duopolio (Copesa y El Mercurio)

Habría que preguntar a los candidatos cuál es su posición acerca de la concentración de los medios de prensa e información en Chile. Todos dirán que están de acuerdo con la libertad de expresión. Pocos dirán que en una democracia la libertad de expresión no puede confundirse con la libertad de comercio ni con el poder de los propietarios de medios de propagar lo que se les antoje con el fin de intoxicar a los ciudadanos con desinformación.

El tratamiento informativo que tanto El Mercurio como La Tercera han dado estos últimos meses de las movilizaciones y reivindicaciones del Pueblo Mapuche son un caso de estudio, que bien documentado, según los criterios del análisis de contenido, demostraría la miseria informativa de la prensa dominante.

Un buen estudio podría incluso ser presentado ante organizaciones competentes de nivel internacional para juzgar según los cánones de la ética de la información a los dos medios oligarcas. Es fácil probar que no tienen ningún interés por cumplir con las más mínimas normas de un tratamiento equilibrado de la información.  En el caso citado es obvio. En otros temas como la violencia juvenil, la actividad sindical, los DD.HH, las trabajadoras salmoneras, la cesantía sería fácil demostrar un fuerte tinte y sesgo ideológico.

Es evidente que los medios del duopolio no se sitúan en el paradigma liberal sino en el ultraconservador.

Habría que interpelar a un patrón de medios como Piñera, sobre un tema tan sensible; y a Frei, acerca del financiamiento concertacionista  —vía publicidad estatal— del duopolio Copesa-El Mercurio. Enríquez-Ominami, un político  experto en el manejo de medios, tendría que pronunciarse sin rodeos acerca del tema.  Ya es hora de desenmascarar a quienes consideran a un bien público con valor democrático como la información, no sólo como un medio de lucro privado sino como un poder para influir en las consciencias.

Por lo tanto, Chile necesita una nueva ley de medios —previo debate nacional  público— que instituya un pluralismo informativo y que además garantice a los ciudadanos el derecho a una información de calidad y a los periodistas el derecho a realizar su trabajo de manera responsable, competente y en plena libertad. Una nueva Ley o artículo constitucional en la que los medios alternativos, audiovisuales e impresos, comunitarios y populares tengan reconocimiento y financiamiento por parte del Estado.

También debería crearse una autoridad supervisora de medios o servicio público  autónomo, con control ciudadano, cuyos miembros serían elegidos después de audiencias públicas.

Demás está decir que una nueva normativa acerca de un régimen o modelo informativo pluralista es una condición sine qua non para el funcionamiento de una sociedad que debe desarrollar formas democráticas del manejo de la información y protegerse contra las derivas autoritarias que la acechan.

La libertad de expresión tiene su contraparte:  la libertad de recepción, es decir, la libertad de los ciudadanos de poder rechazar, aceptar o dudar de la interpretación de los hechos y de su significación construida por los medios y el trabajo periodístico dependiente de los intereses oligárquicos. La libertad de recepción es un antídoto en contra de la distorsión de los hechos.

Además, la noción de “objetividad” periodística es cada vez más cuestionada en términos teóricos desde que Gaye Tuchman la definió como “un ritual estratégico con el que el periodista busca protegerse”. La manoseada objetividad es, según la investigadora norteamericana, un escudo de protección de las críticas a la subjetividad periodística y a la construcción social e ideológica de la realidad. Las reglas de la construcción piramidal de la noticia y el citar al menos dos fuentes con puntos de vistas diferentes no bastan para ponerse al abrigo del cuestionamiento del lector.

Una ciudadanía educada exige un trabajo profesional y cuidadoso en el tratamiento y construcción de la información,

La garantía de pluralismo informativo es la única manera de premunirse contra la privación de libertad, la propaganda y la manipulación de la cual son objeto los ciudadanos. La cobertura fotográfica de La Tercera en Temucuicui fue elocuente. Y las crónicas tendenciosas de El Mercurio sobre las movilizaciones mapuche se inscriben en la senda de Goebbels: deformar, deformar para que algo quede.

Si la libertad de pensamiento es un pilar de las sociedades contemporáneas, el ejercicio libre de la reflexión  de los ciudadanos  requiere de una información de calidad para que éstos puedan forjarse una opinión argumentada.

¿Qué sucede entonces en países donde el 75% del tiraje de los medios coinciden en el contenido, con tenues matices en lo accesorio, acerca de los grandes temas políticos y sociales del país?

Ya es tiempo que la sociedad chilena goce de un espacio público descolonizado del poder de dos conglomerados impresos y se aventure en debates abiertos donde los ciudadanos puedan construirse libremente una opinión sin ser pauteados por las máquinas ideológicas de la oligarquía mediática.

Por Leopoldo Lavín Mujica
B.A. en Philosophie, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá

http://www.leopoldolavin.com