Unanimidad parlamentaria por Ley de Participación Ciudadana

Para la prensa no fue noticia, pero sí para todos quienes dedican sus esfuerzos a abrir y ensanchar los cauces ciudadanos de nuestra democracia. La semana pasada, en la Cámara de Diputados, las representaciones de los diferentes partidos políticos -de gobierno y oposición- le brindaron un respaldo unánime al proyecto de ley de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo a consideración del Congreso hace más de dos años (luego de una muy amplia consulta a las organizaciones sociales y no gubernamentales) fue objeto de un enriquecedor debate en la Comisión de Gobierno Interior -y después en la de Hacienda- donde diputados y diputadas de las diferentes bancadas se comprometieron a respaldarla activamente.

Por primera vez en mucho tiempo se ha construido un amplio consenso respecto de la necesidad de fortalecer la sociedad civil como garantía de una democracia sustentable. Se entiende, por fin, que un país debe crecer no sólo económicamente sino también socialmente, y que ello implica necesariamente invertir en nuestro capital social.

Las investigaciones académicas sobre la materia coinciden en señalar el importante número de organizaciones ciudadanas que hay en Chile y, a la vez, la precariedad de su desarrollo institucional.

Surge entonces como un requerimiento de nuestra modernidad contar con políticas de apoyo a este sector tan decisivo para la cohesión social.

En este plano es ineludible destacar el rol que el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y del Consejo Mixto que lo dirige, ha tenido en contribuir al conjunto de acciones que se llevan a cabo en el país por las organizaciones de interés público a favor de los derechos económicos, sociales y culturales de la gente.

También este proyecto introduce una reforma sustantiva en la gestión de las instituciones del gobierno nacional, regional y local, al incluir en la ley de bases generales de administración del Estado un nuevo título sobre la participación ciudadana en la gestión pública que, entre otros instrumentos, impulsa la formación de Consejos de Sociedad Civil, la Consulta Ciudadana para el diseño y ejecución de las políticas sociales, y las Cuentas Públicas, de calidad participativa por parte de las autoridades.

El proyecto de ley, aprobado en general por la Cámara vuelve ahora a comisiones para acoger las observaciones planteadas en sala.

Esperamos que este paso interno se cumpla con rapidez para que esta propuesta de ley vaya al Senado prontamente.

Pero hay motivos para estar optimistas. Más allá de las necesarias modificaciones que el proyecto de ley tenga en su trámite siguiente, parece que existe una alentadora coincidencia política acerca de que la democracia representativa se complementa y profundiza con la participación ciudadana.

Francisco Estévez
Director División de Organizaciones Sociales, DOS