Venezuela. Geopolítica postelectoral

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano
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Columnas

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Mientras avanza la farsa del autoproclamado con su «consulta popular», las reacciones a las parlamentarias, ocurridas en Venezuela el pasado 6 de diciembre, fotografían la disputa geopolítica que se abre en esta última parte de 2020. Un año marcado por la pandemia del coronavirus, que ya ha provocado 1,57 millones de muertes en el mundo (3.000 por día solo en EE. UU.), casi medio millón en Europa, en total.

Una Europa encerrada en la jaula de la UE, cuya figura consolida, para la ocasión, los intereses de banqueros y grandes empresarios en detrimento de los sectores populares, reafirmando la estratificación jerárquica existente entre sus propios países miembros. Una Europa que quiere tener su propio pedazo de pastel, mientras permanece bajo el paraguas de la OTAN y de su amo norteamericano.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, resumió la situación comentando la decisión del bloque regional de imponer una nueva ronda de sanciones a Rusia sin pasar por los organismos de la ONU. La Unión Europea –dijo– ha renunciado a ser uno de los polos de un sistema multipolar, y sigue actuando en la órbita de Washington: «La política de Alemania –agregó– confirma que eso es lo que Berlín quiere implementar, siempre que mantenga liderazgo de la Unión Europea».

A pedido de Estados Unidos, manteniendo reuniones a puerta cerrada, la UE busca desacreditar a la ONU a través del «mecanismo genérico de imposición de sanciones por violación de los derechos humanos», denunció el jefe de la diplomacia rusa. En resumen, Occidente promueve el concepto de orden mundial basado en reuniones únicas a puertas cerradas. ¿Por qué? Para subordinar los organismos relevantes de la ONU a sus propios intereses y resucitar el modelo de mundo unipolar, apoyándose en la crisis que atraviesan estas instituciones internacionales. Sin embargo, aseguró Lavrov, “es poco probable que sean capaces de someter a polos como Rusia y China”.

En esta clave también es posible enmarcar los ataques dirigidos a la Venezuela bolivariana, ubicada en el sistema de alianzas para la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar. En lo que promete ser una nueva «guerra fría» a nivel mundial, el imperialismo estadounidense y sus vasallos presionan para imponer nuevas reglas internacionales basadas en la arrogancia del gendarme norteamericano, que ahoga el aliento de George Floyd, en nombre de la legalidad: la legalidad de un sistema violento e injusto en detrimento de la legitimidad del derecho de los pueblos a respirar según su propio diafragma y sin cargas sobre el corazón.

Sólo con una lógica neocolonial, arrogante y asimétrica, se puede violar descaradamente las normas internacionales y acusar a quienes respetan esas normas de estar fuera de la «legalidad»: esto se aplica sea a las numerosas resoluciones de la ONU contra la ocupación de Palestina, sea a las «sanciones» impuestas en nombre de los «derechos humanos», cuando la propia ONU las considera un crimen de lesa humanidad.

También se aplica a la cuestión de las reglas, a los procedimientos y a la «democracia». ¿Qué legitimidad puede tener un tipo que un día decide autoproclamarse “presidente interino” en una plaza de Venezuela, si no la de ser amigo de los poderosos? La legitimidad de la mafia, por tanto, que conscientemente evita someterse a las reglas democráticas en las que, nos guste o no, se cuentan los votos y gana quien obtiene más.

¿Qué fiabilidad puede tener un sistema electoral engorroso y volátil como el de Estados Unidos, sobre el que pesan evidentes legados racistas e intereses clasistas, rehén de un sistema de lobby y del complejo militar-industrial?

Tal sistema permite que una minoría gobierne a expensas de la gran mayoría de la población. Y cuando las reglas no se ajustan a los intereses de las clases dominantes, las cambia, con artificios regulatorios o decisiones autoritarias, como se ve con Trump.

Uno de los últimos ejemplos se refiere al denominado “Art. 230”, la ley que absuelve a las grandes empresas de Internet de la responsabilidad de las acciones realizadas por sus usuarios. Después de que Twitter borró o censuró algunas publicaciones consideradas falsas o engañosas enviadas por Trump durante las elecciones en USA, el magnate firmó una orden ejecutiva sobre el asunto y le pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Autoridad de Comunicaciones, que aboliera este párrafo de la ley aprobada por Bill Clinton hace 26 años.

La Comisión no tiene tales prerrogativas y la decisión sería inconstitucional. Sin embargo, Ajit Pai preside la FCC: un hombre para todas las temporadas, es decir, para todas las multinacionales, puesto allí por Obama y luego cambiado al trumpismo. Fue el responsable de la abolición, hace tres años, de la llamada “neutralidad de la red”, deseada por Obama, que permitía a todos los usuarios el derecho a tener la misma velocidad de conexión.

Desde entonces, sin embargo, la conexión aumenta o disminuye según el dinero pagado. Un problema que tiene repercusiones globales, dado que muchos servidores de internet radican en Estados Unidos, y también dado que la legislación estadounidense inspira y condiciona la de los polos subordinados. Imaginemos lo «democrática» que es una regla similar en medio de una pandemia y con el peso que internet asume para el trabajo y la educación a distancia.

Se espera que el nombramiento de Ajit Pai caduque cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero. Sin embargo, una vez más el engorroso funcionamiento de la «democracia» estadounidense permitirá que las decisiones de Trump se mantengan: tanto porque el Senado “amigo” podría rechazar el nuevo nombramiento como porque el mandato de tres miembros trumpistas de la FCC se extiende mucho más allá de enero. Todo esto mientras Trump no ha dejado de golpear sus propias instituciones, afirmando que el sistema electoral estadounidense, considerado un «modelo» incluso por la vieja Europa, es «un sistema del Tercer Mundo».

Legalidad burguesa versus legitimidad de derechos. ¿Qué justificación puede tener el derroche de dinero por parte de los «donantes» occidentales para mantener la farsa de la autoproclamación, mientras faltan hospitales, viviendas, escuelas y puestos de trabajo en los países de la UE?

El mismo que justificó otros ríos de dinero pagados para promover la «democracia» en Cuba u Oriente Medio, por derrocar Gobiernos legítimos como el sirio. Para financiar solo «4 o 5» de los 54 mercenarios entrenados por Estados Unidos, se asignaron $ 500 millones, dijo Lloyd Austin en 2015 en el Senado. Austin es el general retirado que a Biden le gustaría poner como secretario de Defensa, y que en esta declaración, terminó, por decir así, disparándose involuntariamente en el pie.

Ahora, el sistema de alianzas vinculado al Consenso de Washington para América Latina critica los resultados del 6D cuestionando su «legitimidad». En primer lugar, los Gobiernos de la UE rechazaron la invitación del Gobierno venezolano a verificar personalmente la solidez de las instituciones bolivarianas acompañando el proceso electoral. Ahora, dicen que esos resultados no son válidos: no cuentan, porque no son «reconocidos» por la llamada comunidad internacional.

Una vez más, por «comunidad internacional» entendemos sólo el eje subordinado a EE. UU., o esos «50 países» que han respaldado la farsa del autoproclamado. Pero, ¿cuántos países hay en el mundo? Solo el Movimiento de Países No Alineados, la segunda institución más grande después de la ONU, incluye 120 estados más otros 17 observadores, y representa más de dos tercios de todos los del mundo (208).

Mnoal se ha pronunciado en contra de la injerencia en los asuntos internos de los países. El propio Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado reiteradamente los intentos de agresión e injerencia contra Venezuela, tras las denuncias presentadas por el embajador Samuel Moncada. Y ahora el Gobierno chino le ha pedido a Estados Unidos que respete la democracia venezolana.

Por otro lado, instituciones desacreditadas e incluso vaciadas toman partido en contra de Venezuela, basándose únicamente en el artificio neocolonial que busca Estados Unidos. Esto se aplica a la Organización de Estados Americanos (OEA) que encabeza Almagro, en la que el representante del Gobierno argentino, ahora progresista, hizo sentir su disconformidad. El «ministerio de las colonias», como acertadamente lo llamó Fidel Castro, también fracasó  por la falta de apoyo del progresista México y de la Bolivia que regresó al MAS. Por razones similares, se encuentra vaciado el Grupo de Lima. A vaciarlos es sobre todo la voz de los pueblos, que con fuerza ha vuelto a hacerse oír en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala… países donde la «brisa bolivariana» comienza a soplar.

«Nueva Zelanda se preocupa por las elecciones en Venezuela», tituló un periódico de la oposición venezolana sin temor al ridículo. Por lo contrario, un post de Samuel Moncada invitaba a la Unión Europea, que inmediatamente se levantó para «desconocer» los resultados de la votación en Venezuela, a considerar que: «9 países de la UE registraron una participación de menos del 40 % en las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y 4 una participación inferior a la registrada en Venezuela, que es del 30,50 %: República Checa (28,72 %), Eslovenia (28,89 %), Eslovaquia (22,74 %) y Croacia (22, 85 %)».

La posverdad, sin embargo, no se centra en la fuerza de los hechos, la que el presidente Maduro reclamó y argumentó durante una conferencia de prensa internacional posterior a las elecciones, sino en la ficción y la asimetría. Una ficción difundida incluso en el desprecio de la lógica, y avalada por quienes, en aquel momento en que contaban los hechos y contaba la consecuencia entre decir y hacer, se llamaban «grillos parlantes».

Fuera del balance que hará como siempre el socialismo bolivariano en los lugares establecidos, fuera de la evaluación de las consecuencias del bloqueo económico-financiero impuesto por el imperialismo, el ejercicio de cifras y comparaciones matemáticas sobre el porcentaje de participación en estas elecciones solo corre el riesgo de ser engañoso.

“La revolución –dijo Mao Tse Tung– no es una cena de gala; no es una obra literaria, un dibujo, un bordado; no se puede hacer con tanta elegancia, tranquilidad y delicadeza, ni con tanta dulzura, amabilidad, cortesía, respeto y magnanimidad. La revolución es una insurrección, un acto de violencia con el que una clase derroca a otra”. La revolución no es un paseo por el parque, incluso cuando se materializa en formas posteriores al siglo XX y en forma electoral. En todo caso, si hay una anotación que conviene tener en cuenta es que los problemas que surgieron en el socialismo del siglo pasado acaban pasando factura incluso al «socialismo del siglo XXI».

Y lo sabe muy bien el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuevamente acusado para la ocasión por los “maestros de la revolución del teclado”, dado que, entre los congresos internacionales que se realizaron después del Foro de Sao Paulo, ha habido dos particularmente significativos en este sentido: la Plataforma Obrera Antiimperialista y el Congreso sobre el Bloque histórico, que declinó el tema del consenso, como lo entendía Gramsci, en la senda del socialismo bolivariano.

«Quedamos 25 millones en Venezuela», dijo el excandidato presidencial derrotado Henrique Capriles. Si los que, en Europa, se cuelgan de sus labios toman estas cifras para bien, ¿qué porcentaje de participación electoral debe considerarse en un país que tiene 20,7 millones con derecho a voto y una población de más de 32 millones de personas?

Admitido y no concedido que el señor Capriles, además de lleno de dinero (como él mismo admite en la larga entrevista con la BBC), también es lleno de estadísticas, se debe calcular que se ha ido supuestamente una composición de personas en proporción de edad homogénea con la población. En este caso, los que tienen derecho a votar entre los que permanecen en Venezuela se convertirían en aproximadamente 17,5 millones. La participación en la votación sería entonces al menos del 36 %: muy por encima del 30,5 % registrado por el CNE.

Lo cierto es que Capriles intenta abrirse paso en la nueva etapa, entre la farsa y la realidad. La farsa de que a EE. UU. y Europa les gustaría seguir respaldando indefinidamente un supuesto Gobierno paralelo para incentivar una solución “a la líbica”, y la realidad de un país que lucha por recuperar sus recursos y seguir utilizándolos a favor del pueblo. Recursos extraordinarios, muchos de ellos estratégicos para un capitalismo en crisis estructural que debe robárselos a los pueblos del sur para sobrevivir.

Ahora, con Biden, el imperialismo quiere probar la “solución” propuesta por Europa y su fallido «grupo de contacto». Una propuesta que, sin embargo, necesita tiempo para intentar unir a la desprestigiada oposición venezolana, presentando al Gobierno bolivariano la trampa de «suavizar las sanciones» a cambio de concesiones políticas.

Para ello, es necesario encubrir esta ridícula «consulta popular» sin ningún control democrático, en un dispositivo jurídico destinado a desvirtuar la constitución bolivariana. En este sentido, está circulando un audio propagandístico muy explicativo: sostiene que, con el apoyo de supuestos grandes juristas internacionales, la continuidad de Guaidó en su «Gobierno paralelo» puede basarse en el concepto de «continuidad administrativa».

Condición prevista por la constitución bolivariana cuando un factor impide la renovación de cargos, por ejemplo, en un Concejo comunal o en una gobernación. Por la constitución, todas las asambleas de ciudadanos pueden tomar decisiones al respecto.

El fraude de la derecha es, por tanto, dar a la «consulta» de la burguesía el mismo valor que una asamblea popular, deslegitimando las decisiones ya tomadas por el pueblo soberano, como se pretendía hacer con la «consulta» paralela (y fraudulenta), después del voto por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

El programa de las BRICS-PSUV titulado «La legitimidad democrática en la prueba de fuego», que se llevó a cabo como seminario de la Universidad Internacional de la Comunicación, fue por tanto muy oportuno. Como ponentes estuvieron la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, y la segunda vicepresidenta, Gladys Requena, ambas diputadas electas al nuevo parlamento, junto al coordinador Carlos Sierra y el director de Cuatro F, Gustavo Villapol.

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