VIH: Otro fracaso en políticas públicas

Por Fernando Manzur Freig, concejal de Recoleta

Naciones Unidas a través de su programa ONUSida, destinado a coordinar las actividades de los distintos organismos especializados de la ONU en la lucha contra el sida, entregó hace algunas semanas los datos anuales en cuanto a la tasa de contagios por VIH para América Latina, la que creció un 7% entre los años 2010 y 2018, y Chile lidera uno de los datos más preocupantes: somos el país donde más se ha propagado el virus con una tasa del 34% en ocho años. Simplemente impresentable.

El debate público se ha centrado en la forma y no en el fondo del aumento del VIH. Se cree que realizar campañas del uso de preservativos y exámenes de detección el virus son acciones suficientes, pero no es la solución para enfrentar este problema.

En nuestro país ha existido una falla en el diseño e implementación en las políticas públicas que el Estado ha realizado desde los años ’90 en esta materia, donde se ha concentrado en el uso de preservativo masculino y en la toma de exámenes sin tener más métodos de prevención, y menos aún la inyección de recursos para la promoción de la educación sexual en la población de contagio (personas mayores de 15 años). Esto es, principalmente, porque sectores políticos de extrema y centro derecha, como también gran parte de la Democracia Cristiana, tienen aprensiones y algunos directamente rechazan cualquier tipo de medida para tratar las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Todo pasa por tener una buena y correcta educación sexual que comience desde la Educación Básica, para que todas y todos tengan acceso, desde niños, al conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como qué son las ITS, y tomen conciencia de lo que ellas significan y cómo prevenirlas.

Pero para que esta medida pueda concretarse, esta debe venir de la mano de un cambio a la legislación actual. No es posible que las fundaciones internacionales, como AIDS Healthcare Foundation (AHF), no puedan ocupar test de detección de VIH de manera masiva y en espacios públicos por toda la normativa restrictiva vigente, así como que los programas actuales de Educación Sexual no tengan correlación alguna entre el Ministerio de Educación y el de Salud.

La UNICEF plantea que la educación sexual es un derecho de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Aún así, hay una resistencia a aceptar este derecho y un negacionismo en el derecho a la educación sexual libre, democrática y amplia para todas y todos. Pareciera que en Chile estamos acostumbrados a vivir en permanente ignorancia, o por lo menos hay un sector de la elite chilena que busca que nuestra sociedad esté en dicho estado, generando prohibición del amplio conocimiento.

En pleno Siglo XXI no hay una educación sexual desarrollada en la sociedad chilena; la consecuencia de la ineficacia de las políticas públicas que se han implementado hasta hoy han generado un estigma y discriminación relacionado con el VIH. Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH siguen siendo extremadamente elevadas. Hay que combatir los factores culturales de desigualdad y las barreras de prevención y tratamiento del VIH, especialmente la discriminación y la violencia por razón de género. Si el gobierno de Sebastián Piñera tiene una preocupación seria respeto a este tema, no puede seguir improvisando en un debate sin sustancia y sin objetivos reales, y debe avanzar rápidamente en cambios legislativos respecto al test de VIH, para que el dispositivo de detección pueda utilizarse ampliamente por la sociedad civil y llegar a todos los barrios y poblaciones. Está sería una medida efectiva para combatir la epidemia en Chile.

Una sociedad consciente y organizada tiene una mayor posibilidad de combatir las enfermedades de transmisión sexual. La permanente vulneración de derechos evidencia el fracaso del Estado en políticas públicas de prevención y promoción a una salud sexual digna. El Gobierno no puede permitirse continuar posponiendo el debate. Creo que el rol que podemos jugar las autoridades locales y con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, es fundamental para presionar y contribuir a la solución.