¿Y por qué no marchan los jueces y magistrados?

Las protestas que en diversas ciudades del país se efectuaron por parte de personal adscrito al Poder Judicial de la Federación en rechazo a la extinción, por parte de la Cámara de Diputados, de 13 fideicomisos que dotaban de privilegios a su burocracia dorada y cúpula, reflejan la infamia y capacidad de manipulación de quienes en México buscan mantener sus privilegios a toda costa.

En un intento por confundir a la opinión pública, líderes del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, movilizaron a personal administrativo, de mantenimiento y hasta auxiliares de oficina, para protestar por lo que ellos llaman un atentado contra sus derechos laborales, argumentando que sus pensiones, prestaciones y apoyos se verían afectados por esta iniciativa planteada por el grupo legislativo de Morena.

Esta manipulación es tan inverosímil como imaginar una manifestación en la planta Volkswagen porque les bajen el sueldo a los directivos de la armadora alemana, o una protesta de los miles de trabajadores de Facebook ante un recorte a las ganancias de Mark Zuckerberg.

Si bien uno de los sueños dorados del neoliberalismo es que el proletariado defienda a la patronal, lo que la cúpula del Poder Judicial logra mediante las movilizaciones organizadas en todo el país por los también privilegiados líderes seccionales del sindicato, es exponer aún más la podredumbre de la institución encargada de impartir justicia en nuestro país.

¿Por qué no marchan jueces y magistrados? ¿Por qué la burocracia dorada del PJF no sale a defender lo que considera un agravio a sus derechos laborales? Si estas personas encabezaran las protestas y cargarán hombro a hombro las pancartas de las demandas, quizá obtendrían algo de credibilidad.

Pero son ellas quienes reciben cerca de 400 millones de pesos anuales para apoyo en alimentación, es decir un sobresueldo de miles de pesos para literalmente engordar a una clase burocrática intocable y privilegiada. Son también estas personas, magistradas y jueces, quienes reciben más de 76 millones de pesos para dar mantenimiento a sus viviendas y son ellas quienes recibirán pensiones multimillonarias tras su retiro.

En la misma narrativa han puesto los derechos laborales del personal operativo y administrativo del PJF y las prebendas de jueces y magistrados. La opacidad en gastos de infraestructura, apoyo para sentencias y hasta los millonarios gastos en papelería parecen convertirse en beneficios sociales compartidos con la clase trabajadora de esta institución.

En 2012 fue la última vez que en el Poder Judicial de la Federación se otorgó un aumento del 6% al personal operativo, sin embargo, en la última década ni el sindicato, ni los propios trabajadores afectados salieron a marchar por esta situación.

En Tijuana, María del Carmen asegura que fue la primera vez que salía a defender sus derechos laborales, ella es secretaria en una de las oficinas y comentó para un canal de televisión que el líder de la sección 25 del sindicado, Raúl Ochoa les convenció para marchar, pues su pensión y apoyos médicos se verían afectados.

Así decenas de personas en todo el país fueron engañadas y manipuladas por la élite burocrática de un poder que por décadas ha sido clave para una impartición de justicia ineficiente, al alcance de sólo unos cuantos, con negocios familiares en los juzgados y la saturación de un sistema que ha mantenido a miles de personas en prisión, sin una sentencia y a centenares de delincuentes exonerados gracias a su cercanía y poder adquisitivo.

Hasta la próxima.

Por: Luis Martínez

Foto: Archivo El Ciudadano

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