Escándalo sexual y de abuso de menores sacude al fútbol argentino

Fue a fines de la semana pasada cuando se destapó un escándalo mayor en el fútbol trasandino.

La investigación por abusos a tres futbolistas menores de edad del club Independiente de Avellaneda -dado a conocer por uno de los jugadores infantiles a un psicólogo del club- “es obra de una red” de pedófilos que “podría extenderse a otros clubes”, afirmó el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, al respecto.

La Justicia investiga los serios abusos a tres jóvenes de entre 14 y 17 años de las divisiones inferiores del club trasandino y a otro futbolista de 19 años, de la cuarta división, que habría actuado como facilitador de los chicos a una red de prostitución que los vinculaba con adultos.

El caso comenzó tras una denuncia realizada el martes pasado por el propio club de Avellaneda, luego que uno de los chicos abusados se quebrara y contara lo que estaba ocurriendo al psicólogo de la institución.

La pensión de Independiente de Villa Dominico, la misma que se convirtió en el epicentro de la investigación judicial por presunta corrupción de menores, les da alojamiento hoy a 53 chicos de entre 13 y 19 años que forman parte de las distintas categorías de las divisiones inferiores del fútbol del club.

El coordinador de la pensión, Fernando Langenauer, indicó que “en este momento el 90% de los chicos son del interior y tenemos algún caso de habitantes del Gran Buenos Aires cuyas familias atraviesan una mala situación económica”. Además, Langenauer confirmó que ninguno de los chicos se retiró del establecimiento tras publicarse los hechos y que están en “contacto permanente con los padres”.

En busca de mayores elementos de prueba, la fiscal Garibaldi anunció que se entrevistará con todos los chicos que viven actualmente en la pensión. Algunos de ellos declararán esta semana en cámara gesell.

Y el primer golpe efectivo se dio hoy, cuando Martín Bustos, el árbitro involucrado en el abuso de jugadores menores de edad fue detenido tras un operativo montado por la Policía de la Provincia en la localidad bonaerense de Talar de Pacheco, en Tigre.

Desde que estalló el caso en la prensa, el juez de línea de 35 años había asegurado que iba a entregarse. Se lo comunicó a la fiscalía interviniente, también a la policía, pero no cumplía su palabra. Por esa razón, los investigadores comenzaron a sospechar que su intención era fugarse.