Amnistía Internacional alerta sobre el panorama chileno de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas

El informe Situación de los Derechos Humanos en el Mundo denunció la criminalización y la discriminación que azota a la población en movilidad humana.

El martes 29 de abril Amnistía Internacional lanzó el informe «Situación de los Derechos Humanos en el Mundo», documento en que expone tanto los avances como los retrocesos en los países en materia de protección de las garantías fundamentales. El mismo día de la publicación, un panel conformado por Catalina Bosch, codirectora de Organización Migrantas; Lucía Dammert, profesora titular de Estudios Políticos USACH, y Rodrigo Bustos, Director de Amnistía Internacional Chile, el cual fue moderado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes para evaluar y discutir la situación tanto de Chile como el mundo.

Uno de los aspectos abordados en el informe fue la situación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, se denuncia que entre 2024 y 2025 el Congreso discutía —y aún discute— proyectos de ley que criminalizan a la población migrante. En el texto se destaca la experiencia de los ciudadanos venezolanos en Chile, quienes no solo son objeto de discursos xenofóbicos, sino que además están sujetos al aprovechamiento político por parte de figuras públicas.

Sobre esto último, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, denunció que las personas migrantes han sido “instrumentalizadas este último año para obtener provecho político a corto plazo”. En esa línea, Catalina Bosch, precisó: “Este período de elecciones ha sido el período en que más proyectos antimigrantes se han presentado en el Congreso. Y, lamentablemente, a veces cuentan con un mayor apoyo del que esperaríamos”.

Como líder de un grupo migrante en clave feminista, Catalina Bosch puso en la palestra el álgido contexto en que nos encontramos como país. “Cada vez tenemos más reportes de experiencias de racismo, xenofobia y discriminación en los espacios laborales, en el transporte público, en las escuelas contra niños y niñas, también en los medios de comunicación y en el espacio político”, alertó.

También, Bosch hizo un llamado a no vincular la migración con la sensación de inseguridad que afecta al país, poniendo de relieve los efectos que esta conducta acarrea. «Si no hacemos un diagnóstico muy responsable sobre cuáles son los problemas de inseguridad y por qué se producen, entonces las soluciones no van a ser las más adecuadas: Vamos a expulsar migrantes, vamos a arrinconarlos, vamos a estigmatizarlos, vamos a criminalizarlos, y la inseguridad cada día va a ser mayor».

Desgraciadamente, esta retórica securitista no se vive solo a nivel país. Los primeros tres meses de Donald Trump a la cabeza de una de las potencias mundiales han marcado la pauta mundial en cuanto a prácticas autoritarias desde los estados contra las personas en movilidad humana. Sin embargo, el mismo informe de Amnistía Internacional recalca que, si bien esta dinámica se agudizó bajo el segundo mandato de Trump, los discursos racistas y xenofóbicos mantienen una larga data.

El informe «Situación de los Derechos Humanos en el Mundo» determinó que entre 2024 y 2025 los desafíos y retrocesos más importantes del panorama chileno en cuanto a garantías universales se enmarcan en siete ámbitos. Entre los aspectos más relevantes se encuentran el derecho a la verdad, justicia y reparación, derechos sexuales y reproductivos, uso excesivo e innecesario de la fuerza, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas refugiadas y migrantes, entre otras.

Por Monserrat Contreras Pérez