Amnistía Internacional reportó 2.591 condenas a muerte en 53 países en un año

Amnistía Internacional (AI) calcula que a lo largo de 2017 se registraron un total de 2.591 condenas a muerte en 53 países y se llevaron a cabo 993 ejecuciones en 23 naciones.

Según su último informe, Estados Unidos fue el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones de condenados a muerte. No obstante, hay varias docenas de otras naciones en el mundo que aún ejecutan a personas tras condenarlas a la pena capital.

La ONG calcula que China lideró la lista con miles de ejecuciones, aunque, al estar estos datos clasificados como secreto de Estado, la cifra exacta se desconoce y no se incluye en los 993 casos computados.

Al gigante asiático lo siguieron Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Juntos, estas cuatro naciones concentraron el 84 % de todas las ejecuciones conocidas.

La mayor parte de los países que llevan a cabo ejecuciones se encuentran en Oriente Medio, Asia y África. En Europa, el único país que aplica la pena de muerte es Bielorrusia, si bien en 2017 las ejecuciones registraron un descenso significativo (50 %).

América Latina

En América Latina, la mayoría de los países no contemplan la pena de muerte en su legislación. De hecho, Venezuela se convirtió en 1863 en el primer país del mundo en prohibirla.

Por otro lado, Guatemala, El Salvador, Perú, Brasil y Chile han abolido la pena de muerte para delitos comunes, pero la retienen para delitos graves, como los cometidos en tiempos de guerra. Cuba mantiene la pena de muerte, pero no la ha aplicado desde 2003.

Otros países de América que sí aplican la pena capital, aunque no registraron condenas ni ejecutados en 2017, son Bahamas, Jamaica, Belice y Guyana, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves (St. Kitts and Nevis), Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Barbados y Granada.

Por su parte, Estados Unidos fue por noveno año consecutivo el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones, ocupando el octavo lugar en la lista global, con 23 casos registrados.

Delitos cometidos

Aunque en la mayoría de los países la pena de muerte se reserva para delitos considerados como muy graves, también se siguen aplicando ejecuciones por crímenes en los que no había existido intención de matar.

Así, en 15 países –entre ellos China, Irán, Arabia Saudita y Singapur– se aplica la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas.

En China o Vietnam una persona puede ser ejecutada por corrupción. En Arabia Saudita se aplica la pena de muerte por brujería y adulterio, mientras que en Irán y Pakistán los delitos condenados con la pena capital incluyen la blasfemia o los insultos al profeta Mahoma.

Métodos de ejecución

Los métodos de ejecución empleados incluyen el ahorcamiento, la inyección letal, la muerte por arma de fuego y la decapitación.

En agosto de este año, un hombre fue ejecutado y crucificado en la ciudad santa de La Meca. Arabia Saudí reserva esta inusual forma de castigo para los crímenes más graves (en este caso, el criminal irrumpió en la casa de una mujer, le disparó con un arma de fuego y la acuchilló en repetidas ocasiones hasta la muerte). El delincuente fue decapitado, después de lo cual su cuerpo crucificado fue expuesto en público.

Trato humanitario

Las personas condenadas a muerte deben ser tratadas con humanidad y dignidad y recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así lo defiende Amnistía Internacional .

La organización ha lanzado una nueva campaña para presionar a algunos países con el objetivo de que pongan fin a las condiciones inhumanas de detención de las personas condenadas a muerte y avancen hacia la abolición total de la pena capital.

No importa el delito que hayan cometido, nadie debe ser obligado a soportar condiciones inhumanas de reclusión. Sin embargo, en muchos casos, los presos condenados a muerte permanecen en aislamiento estricto, sin acceso a medicación que necesitan y viviendo en un estado de constante ansiedad por la amenaza de la ejecución”, manifestó Stephen Cockburn, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de AI.

“El hecho de que algunos gobiernos notifiquen a los presos y sus familiares la ejecución con tan sólo unos días o, en algunos casos, momentos de antelación es una práctica cruel”, señala.

Por último, AI reclama que “todos los gobiernos que mantienen la pena de muerte deben abolirla de inmediato y poner fin a las terribles condiciones de reclusión que se ven obligados a soportar demasiados condenados a muerte”.

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