Comisión Chilena de DD.HH: “Es un deber ético concurrir a las urnas y Aprobar la nueva Constitución”

En una declaración pública, la Comisión señaló que rechazar la nueva Carta Magna “retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional”.

Comisión chilena

La Comisión Chilena de Derechos Humanos exhortó este martes a la ciudadanía a concurrir a las urnas el 4 de septiembre para participar en el Plebiscito de Salida y aprobar la propuesta de la nueva Constitución , debido a que en el texto redactado por la Convención, se ratifican»los tratados internacionales de derechos humanos».

En una declaración pública, la Comisión señaló que rechazar la nueva Carta Magna “retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional”, refiere Radio U. Chile.

En este sentido, señalaron que la propuesta “no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos”.

Al respecto, desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos destacan se puede visualizar como se aplica los principios del derecho internacional, los cuáles el Estado de Chile está obligado a cumplir.

La propuesta «no hace sino aplicar el principio de Derecho Internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga), y adecúa la principal Ley del ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional de Derechos Humanos a la que Chile se encuentra obligado», refiere la declaración pública, citada por Radio U. Chile.

Para el organismo no gubernamental, el texto legal sirve como pilar para construir un nuevo pacto social en el país, donde se brinden garantías para el respeto a los derechos humanos.

Los derechos humanos “pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al respeto de los derechos humanos”, expresa la entidad.

La Comisión, además, destaca los avances alcanzados en materia de derechos laborales, el reconocimiento a los pueblos originarios, así como la inclusión de las disposiciones de los Convenios alcanzados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) o declaraciones realizadas desde las Naciones Unidas (ONU), en materia de los pueblos indígenas, los cuales ya fueron suscritos por Chile en su momento.

El derecho humano al agua, normas para hacerle frente al cambio climático, así como los derechos de los niños y adolescentes, son articulados que destaca la institución y que se puede ver en la Nueva Carta Magna.

Con la nueva Carta Magna – detalla la declaración -, se sientan, además, las bases de la democracia participativa, tras la inclusión de mecanismos que garantizan la participación ciudadana.

Esto permite avanzar «hacia una efectiva descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia participativa”.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos también destaca la creación de una “nueva institucionalidad de Derechos Humanos, instituyendo la Defensoría del Pueblo, dejando atrás al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que se encuentra en una crisis terminal”.

El organismo subraya que la nueva Constitución consagrará el Derecho a la Memoria como un derecho humano y establece el deber permanente del Estado de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras y se hace cargo de las demandas surgidas durante el estallido social de octubre de 2019.


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