Demora en reglamento mantiene barreras al aborto legal en Chile: Un año esperando justicia

"¿Cómo se puede ejercer el derecho si no hay quien lo garantice? ¿Cuánto más se va a dilatar una decisión política que debiese ser técnica, ética y urgente?", cuestionan las organizaciones feministas y de derechos humanos.

Demora en reglamento mantiene barreras al aborto legal en Chile: Un año esperando justicia

Autor: Leonardo Buitrago

A un año del ingreso del nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia a la Contraloría General de la República, diversas organizaciones feministas y de derechos humanos alzaron la voz para expresar su preocupación y denunciar la demora en su aprobación, debido a que esta situación afecta directamente el ejercicio del derecho al aborto legal en Chile, tal como lo establece la Ley 21.030 bajo las tres causales: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación.

Por medio de un comunicado, firmado por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Corporación Miles, Observatorio de Género y Equidad, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Corporación Humanas, Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Colectiva Feminista La Grupa – Collipulli, Red Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe, Organizando Trans Diversidades (OTD) Chile. Así como por Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe; Colectiva Janequeo; CEM, Chile; Catholics for Choice, Washington, D.C; MEMCH y Colectiva Conspirando, entre otras organizaciones, se advierte que este extenso período de tramitación «cuesta dignidad, salud y derechos a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar».

En la misiva las agrupaciones denuncian que “cada día sin actualización del reglamento es un día en que se siguen vulnerando derechos humanos bajo la excusa de una regulación deficiente” y sostienen que cada jornada de espera “es una más en que una niña violada puede ser forzada a parir, o una mujer con diagnóstico de inviabilidad fetal debe peregrinar por la red de salud para ejercer un derecho garantizado por ley, pero no siempre garantizado en la práctica”.

“La normativa actual permite que profesionales de la salud, incluso en servicios públicos, nieguen el acceso al aborto legal, amparándose en una interpretación extensiva y permisiva de la objeción de conciencia. En algunos hospitales del país, más del 45% del personal ginecológico se declara objetor ante la causal de violación, lo que imposibilita una atención adecuada”, exponen en el texto.

«Las niñas y mujeres en Chile no pueden seguir esperando»

Mediante este comunicado, las organizaciones firmantes cuestionan: «¿Cómo se puede ejercer el derecho si no hay quien lo garantice? ¿Cuánto más se va a dilatar una decisión política que debiese ser técnica, ética y urgente?».

Ante este escenario de demora y falta de acción, exigen a la Contraloría General de la República (CGR) que “dé curso a la toma de razón del nuevo reglamento”.

“Este documento no restringe la libertad de conciencia personal, pero regula aspectos clave para garantizar el derecho de las personas a la salud y el acceso a una atención oportuna, digna y legal, como mandata la ley vigente”, señalan.

Para cerrar, las agrupaciones feministas y de derechos humano recuerdan que Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas y normativas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos por ley.

«¡Las niñas y mujeres en Chile no pueden seguir esperando!, advierten.

*Imagen destacada: Diario U de Chile


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