Denuncias por retrocesos en DD.HH. bajo el Gobierno de Kast llegan hoy a la CIDH en Washington

A partir de las 14:00 pm de este miércoles 5 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia pública en la que se expondrán denuncias por los retrocesos en materia de derechos humanos registrados en Chile desde que José Antonio Kast asumió la Presidencia el pasado 11 de marzo.

La instancia que tendrá lugar en Washington en el marco del 196 periodo de sesiones de la CIDH solicitada por organizaciones de derechos humanos, que alertaron al organismo internacional que tras la instalación de un nuevo gobierno de ultraderecha, se produjo en nuestro país un cambio acelerado en el abordaje de materias sensibles de derechos humanos, género y memoria y que las decisiones del Ejecutivo ponen en riesgo la continuidad de políticas públicas construidas durante décadas para garantizar verdad, justicia, igualdad, reparación, garantías de no repetición y persecución de crímenes de lesa humanidad.

Señalaron que las medidas y recortes aplicados por Kast afectan a unidades especializadas, presupuestos y mecanismos públicos orientados a la protección de personas en situación de vulnerabilidad, la prevención de violencias, la memoria histórica y el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.

En un documento enviado a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, las organizaciones solicitaron que el organismo requiera información al Estado chileno y analice las medidas denunciadas por sus posibles efectos.

Em el texto identificaron cuatro ejes críticos de preocupación:

Desmantelamiento de unidades de Derechos Humanos

Según las organizaciones, desde la llegada de Kast a la Moneda, el Gobierno ha procedido a suprimir o debilitar unidades técnicas especializadas, como la de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales. la del Servicio Nacional de Migraciones y la desvinculación anticipada de jefaturas vinculadas al Programa de Derechos
Humanos y al Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada en la dictadura cívico-militar, afectando la capacidad estatal para coordinar políticas de memoria, verdad y justicia.

Recorte presupuestario de programas estructurales

Señalaron que mediante un oficio del Ministerio de Hacienda, se proyecta la reducción o descontinuación de programas esenciales como el Programa de Derechos Humanos (PDH), el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada y el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), junto con otros 142 programas sociales en ámbitos de educación, salud, protección social, género y apoyo a grupos vulnerables, «lo que evidencia que no se trata de ajustes puntuales, sino de una reconfiguración presupuestaria de gran escala con efectos multisectoriales», que amenaza la continuidad de servicios vitales para víctimas y vulnera el principio de no regresividad de los derechos.

«Indultos pasivos» a criminales de lesa humanidad

En el texto denunciaron un cambio de criterio en el Ministerio de Justicia, que ha instruido a los abogados del Estado a no oponerse a solicitudes de beneficios penitenciarios de condenados por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante dela dictadura de Augusto Pinochet. Indicaron que esta omisión deliberada de defensa, calificada como «indultos pasivos», facilita la impunidad y contradice los deberes internacionales del Estado.

Debilitamiento de la memoria histórica

Las organizaciones alertaron a la CIDH que desde el 11 de marzo se evidencia un retroceso en las políticas de memoria, con amenazas a sitios de memoria y la paralización del proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad para convertirlo en un Sitio de Memoria. Indicaron que esta decisión, justificada en razones económicas, posterga la «reparación simbólica y preservación de sitios relevantes para el esclarecimiento histórico y las garantías de no repetición».

.Ante esta crítica situación, las organizaciones solicitaron a la CIDH que requiera información detallada al Estado chileno sobre cada uno de estos puntos. El objetivo es que la Comisión pueda evaluar si dichas acciones se ajustan a los estándares interamericanos, ya que su impacto conjunto representa un peligroso retroceso que debilita la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales en el país.

Organizaciones de DD:HH. buscan «detener y frenar el desmantelamiento institucional del Estado»

La abogada Paulina Zamorano, quien es integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria y quien participará en la audiencia de este miércoles, junto con representantes de Londres 38 – Espacio de Memoria y de la Asociación por la Memoria y los Derechos Colonia Dignidad y de la Agrupación Nacional de Funcionarios Públicos (ANEF), ,indicó que se abordarán «cuatro puntos principales que dicen relación con políticas administrativas que se han adoptado y la afectación a los derechos humanos en el Estado».

En conversación con el programa Sentido Común!, conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, señaló 1ue con esta presentación, las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos en Chile, buscan que la Comisión conozca los antecedentes reunidos y evalúe su relación con las obligaciones internacionales del Estado, con objetivo de «detener y frenar el desmantelamiento institucional del Estado».

Indicó que la política de desmantelamiento y eliminación de las instituciones de derechos humanos en el Estado y el reajuste presupuestario impulsado por la administración de Kast «impide que efectivamente las distintas instituciones puedan hacerse cargo de sus obligaciones y sobre todo no puedan dar respuesta a obligaciones internacionales en la materia»,.

Advirtió que según el cálculo de las organizaciones más de 1.800 millones de pesos que se han reducido en el Estado,» sin existir también una evaluación respecto del funcionamiento de dichos programas».

Zamorano destacó que este miércoles 5 de agosto, mientras se desarrolla la audiencia de la CIDH en Washington se realizarán en paralelo una serie de convocatorias a nivel nacional.

«Vamos a estar sosteniendo una serie de reuniones con organizaciones de derechos humanos, vamos a estar informando acerca de los siguientes pasos y también de trabajar de manera conjunta en cuáles van a ser las recomendaciones que se efectúen al Estado de Chile por parte de la Comisión Interamericana», señaló.