Exclusivo: La trastienda de las negociaciones entre Gobierno y ex presos políticos que permitirán avances en materia de reparación

Foto de portada: José María Núñez, Ramón Núñez, Viviana Fernández, Haydeé Oberreuter, Nelson Aramburu y Armando Elgueta. Dirigentes del Comando Unitario de Ex PP y Familiares, en el Salón Blanco

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció ayer miércoles que, para fines de este año, las pensiones de reparación de las personas que son parte de los informes Rettig y Valech, y exonerados y exoneradas políticas, no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Esta corrección administrativa, que se aplicó en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, permitirá beneficiar directamente a 13.427 hogares (23.180 personas) en el país, que fueron víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“El objetivo central es tratar de contribuir a corregir esta distorsión que tiene el sistema institucional chileno de confundir las pensiones de reparación con otro tipo de prestaciones sociales que debe ejecutar el Estado”, explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Destacó que el mecanismo de cálculo, permitirá la “corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el programa PRAIS, que también ha sido una preocupación relevante para el Ejecutivo, y de los otros aspectos asociados a la agenda de Derechos Humanos en el caso de las personas que fueron víctimas de tortura y prisión política”.

Reparación a los daños que produjo el Estado

El Gobierno decidió incorporar este mecanismo de cálculo, tomando en consideración que la naturaleza de las pensiones de reparación no se encuentra asociada al ingreso proveniente del mercado laboral, sino que tiene su génesis en los actos de desagravio a familias y personas, que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

“Anunciamos la decisión de corregir el mecanismo de cálculo del RSH para excluir de su consideración como ingreso las pensiones de reparación a las víctimas de la dictadura, entendiendo que son un mecanismo de reparación a los daños que produjo el Estado”, aseguró la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.

La secretaria de Estado destacó, que “como Estado y autoridades tenemos el deber de ir siempre más allá, sobre todo cuando se trata de la defensa de los Derechos Humanos, y hacernos cargo también de cuando es necesario corregir políticas públicas que ayudarán a hacer justicia».

«Nos parece que es de toda justicia que finalmente estas pensiones de reparación no terminen implicando una exclusión o limitación de acceso a distintos beneficios del Estado, distintos elementos de la protección social”, agregó Toro.

En representación de las y los sobrevivientes de la dictadura, Nelson Aramburú, valoró el anunció y planteó que “esta corrección que subsana un problema serio que tenemos a nivel social básico para la postulación de vivienda, para tratamientos de salud, e incluso para temas educacionales».

«Esta corrección nos ayuda en concreto. Somos una generación en extinción y una generación que durante mucho tiempo ha estado abandonada”, expresó.

Trastienda de las negociaciones entre el Gobierno y ex presos políticos

De acuerdo con información exclusiva a la que tuvo acceso El Ciudadano, el anuncio de que las pensiones de reparación no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del RSH, se produjo luego de un encuentro que sostuvo el miércoles, la ministra Javiera Toro con ex prisioneros políticos de Temuco, Concepción, San Felipe, Valparaíso y Santiago.

Los ex presos políticos llegaron a las 8:30 de la mañana al Salón Democracia del Palacio de La Moneda, tras haber sido convocados por la secretaria de Estado a asistir a un desayuno, en el que se les informaría sobre una decisión orientada a terminar con la exclusión de las víctimas sobrevivientes de la dictadura de los beneficios sociales, a los que como ciudadanos de Chile, tienen derecho.

Además de Toro, participaron en el encuentro el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, y la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quienes estuvieron acompañados sus equipos de apoyo.

Asimismo, los ministros invitaron a Haydée Oberreuter, quien en su calidad de subsecretaria de Derechos Humanos, colocó el tema en la agenda desde 2021.

«Las autoridades explicaron en qué consistía la medida, que en síntesis determina que el bono reparatorio mensual, conocido como pensión Valech y el bono reparatorio para personas exoneradas, no será considerado como «ingreso» al momento de evaluar la situación social, a través del Registro Social de Hogares», indicaron las víctimas de la dictadura a este medio.

Destacaron, que la medida beneficiará a 89 mil personas y 23 mil 180 bajarán su calificación, cuando entre en vigencia a partir de enero de 2024, lo cual facilitará la postulación a subsidios y bonos para más de 13 mil hogares del país.

«Si bien corregir un sistema de cálculo es aún insuficiente, es un paso en la dirección correcta y visibiliza la exclusión de que son objeto las víctimas sobrevivientes de la dictadura», señalaron.

Una vez que las autoridades terminaron su exposición, los dirigentes de las diversas organizaciones procedieron a plantear diferentes temas que requieren de una respuesta por parte del Estado.

«Se le aclaró al ministro Luis Cordero que los testimonios de los sobrevivientes desde 1976, han sido la base judicial para establecer su permanencia en los centros de detención y torturas, y muchos de los presentes en este desayuno son testigos declarantes, y que la decisión de desclasificar los “archivos Valech”, no solo puede ser útil para el Plan de Búsqueda, sino que es un componente esencia de la verdad y la memoria histórica», relataron a El Ciudadano.

En el encuentro, también plantearon a las autoridades la necesidad de establecer una instancia permanente de calificación de víctimas de la represión, «que acredite a las personas vulneradas desde 1973 a la fecha, y les otorgue una reparación adecuada, oportuna y proporcional al daño causado, como establece la legislación internacional».

Felipe Loncon (Temuco) y Patricia Riquelme Cayuan, (Talcahuano), quienes fueron detenidos por la dictadura cuando aún eran niños, informaron acerca de las discriminaciones que sufren por el hecho de ser mapuche, incluso en instancias como el Programa PRAIS, «programa de reparación en salud mental para el cual todos pidieron mayores recursos materiales y principalmente profesionales calificados para un tema sensible».

Manuel Silva de la Agrupación de Ex PP de Aconcagua, José María Nuñez de San Pedro de la Paz, Viviana Fernández de Valparaíso, Ramón Nuñez y Rodrigo Ochoa, documentaron situaciones, «que hablan de ninguneo y exclusión de quienes son reconocidos como «memoria vida» de un negro período de la historia nacional».

De acuerdo con el relato de los sobrevivientes y víctimas de la dictadura, «los ministros, subsecretarios y funcionarios escucharon respetuosa y empáticamente», cada uno de los planteamientos de los dirigentes que asistieron al desayuno.

También les invitaron a dejar un registro gráfico de este encuentro en el Patio de los Naranjos, el cual fue compartido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en sus redes sociales.

Luego en un punto de prensa, expusieron la ministra Javiera Toro y el ministro Luis Cordero, así como el vocero del grupo Nelson Agustín Aramburu, quién dejó constancia de la invisibilización que por décadas ha afectado a los sobrevivientes del régimen de Augusto Pinochet, por lo que expresó que esta invitación a dirigentes nacionales y de bases, «manifiesta la voluntad del Gobierno del Presidente Boric de avanzar en los temas pendientes».

Como gesto final, se les ofreció un recorrido por el Palacio Presidencial.

«Estar del otro lado de la puerta de Morandé 80, visitar el Salón Blanco y conocer el sitio de trabajo de Salvador Allende, caminar por el Salón Montt Varas y empaparse de la historia del Palacio Toesca, para personas que nunca habían estado al interior de La Moneda fue una experiencia emocionante», destacaron las víctimas y sobrevivientes de la dictadura.

Sigue leyendo: