«Nos están asfixiando para que los sitios podamos morir de muerte natural», indicaron representantes de organizaciones de DD.HH. al denunciar los recortes aplicados por el Gobierno de José Antonio Kast ante la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Memoria, Verdad y Justicia, Andrea Pochak.
Actualmente, de los más de mil sitios de memoria que se registran a nivel nacional, solo 21 de ellos reciben financiamiento por parte del Estado para el funcionamiento de sus planes de gestión
Los montos para la mantención, administración y gestión de estos recintos resultan insuficientes, y en muchas ocasiones inciertos. Una situación que empeoró con la reducción presupuestaria ordenada por la administración de Kast, a través del Decreto 332 del Ministerio de Hacienda (de 24 de abril), mediante la cual se redujo el monto asignado al Programa Sitios de Memoria en un 43,90%, pasando de $1.183.527.000 a $663.593.000 millones de pesos (subtítulo 24 de la Subsecretaría de Derechos Humanos).
Tras este tijeretazo aplicado por el mandatario de ultraderecha 6 sitios de memoria, que habían recibido recursos parciales en años anteriores, no recibieron financiamiento estatal durante este año, lo que conllevó a que algunos anunciaran su cierre forzado, mientras que otros centraran sus esfuerzos en realizar actividades en búsqueda de financiamiento y aportes voluntarios.
Ante este escenario, representantes de distintos sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones como Londres 38, la Casa Memoria José Domingo Cañas y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entre otras, sostuvieron este jueves un encuentro con Pochak en el cual le expusieron sus preocupaciones por los recortes presupuestarios y las reformas impulsadas desde La Moneda.
“Nos están asfixiando para que los sitios podamos morir de muerte natural”
Durante la reunión celebrada en Londres 38, la directora ejecutiva de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisterna, indicó que Chile no cuenta con una política pública que garantice la preservación, el mantenimiento y la sostenibilidad de los sitios de memoria.
Señaló que aunque estos recintos representan la evidencia material de los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura de Agusto Pinochet, no cuentan con el amparo de una ley que los proteja ni incluya garantías para su funcionamiento.
Recordó que el sitio de memoria José Domingo Cañas, lleva 16 años abierto, tras lucha de 15 años que hizo posible recuperar inmueble. Sin embargo, tras la llegada de Kast a la Presidencia, este año se aplicaron recortes a los recursos destinados a su funcionamiento operativo, mientras que en el proyecto de Presupuestos para 2027 no se establecieron aumentos de los aportes a las instituciones colaboradoras.
“Nos están asfixiando para que los sitios podamos morir de muerte natural”, denunció Cisterna, al tiempo que señaló que con los recursos a los que tienen acceso solo pueden cubrir gastos básicos, como agua y electricidad.
Destacó que los fondos son insuficientes para cubrir el financiamiento de equipos de trabajo, mantener los archivos, desarrollar investigaciones, realizar actividades educativas y monitorear la situación de los derechos humanos en el país, consignó Diario U. de Chile.
Cisterna destacó que los fondos concursables para sitios de memoria ha disminuido en alrededor del 60% y se suprimió una glosa destinada a financiar mejoras de infraestructura.
Alertó que de aprobarse el Presupuesto 2027 bajo estas condiciones, José Domingo Cañas no tendría posibilidades de acceder a otros recursos el próximo año y señaló que este mismo escenario amenaza que se cierne sobre otros sitios de memoria, particularmente en el caso de los que dependen de fondos concursables.
Reforma al INDH y el «más grave retroceso en materia de derechos humanos»
La presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Mariela Santana, manifestó su rechazo y cuestionamientos a la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast que termina con la facultad del organismo para presentar querellas criminales, sustituyéndola por una «denuncia institucional» que consiste en «poner en conocimiento» de los organismos competentes los hechos que pudieren ser constitutivos de delito.
“Constituye el más grave retroceso en materia de derechos humanos en el último tiempo”, advirtió, señalando que su aplicación podría contribuir a instalar condiciones de impunidad frente a la posibilidad de que se registren nueevas vulneraciones de derechos.
La dirigenta vinculó la reforma con otros cambios y recortes presupuestarios, incluyendo los que impactan las diligencias de búsqueda de detenidos desaparecidos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda y el financiamiento de los sitios de memoria. También aludió a iniciativas legislativas de carácter represivo y al aumento de las atribuciones policiales dentro de un escenario que calificó de preocupante.
Respecto a las rebajas de condenas a responsables de crímenes de lesa humanidad, Santana indicó que estas decisiones podrían infringir las obligaciones internacionales suscritas por Chile y acarrear responsabilidad internacional para el Estado.
Gloria Elgueta, integrante de Londres 38, explicó que la organización convocó el encuentro dada la gravedad del escenario que enfrentan las agrupaciones de derechos humanos y acusó que las medidas aplicadas por la administración de Kast reflejan un retroceso autoritario y buscan debilitar los contrapesos institucionales.
A su vez, denunció lo que describió como una contradicción entre la concesión de beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos y las iniciativas que buscan ampliar el castigo penal para conductas que actualmente no constituyen delitos.
La integrante de Londres 38 advirtió que Chile se está alejando de los estándares internacionales de derechos humanos y destacó la importancia de presentar los antecedentes de las organizaciones ante instancias internacionales como en este caso la CIDH.
CIDH solicitó información al Gobierno sobre el INDH
Tras recibir los antecedentes, Andrea Pochak recordó que el derecho internacional establece obligaciones para los Estados frente a graves violaciones de derechos humanos, como el deber de «investigar lo que pasó, de esclarecer los hechos, de llevar adelante procesos de justicia, reparar a las víctimas, es un deber indelegable, inamnistiable, imprescindible”, afirmó.
“No es reemplazable ese deber por la lucha de la sociedad civil. Es un deber estatal”, subrayó la relatora de la CIDH.
Plantó que «ante el debilitamiento de las políticas de memoria, o ante el desmantelamiento del Programa Nacional de Búsqueda, o ante la falta de institucionalización del Programa Nacional de Búsqueda, ante el desmantelamiento de los programas de reparación, tiene que haber un Poder Judicial que actúe, y tiene que haber una sociedad que exija que el poder judicial actúe”.
Señaló que en primer lugar siempre se debe «exigir al Poder Judicial que actúe, a los poderes judiciales que actúen”, y que cuando las autoridades nacionales no responden, las organizaciones pueden recurrir al sistema interamericano de derechos humanos.
Sobre las herramientas de la CIDH, explicó que la Comisión puede incorporar los antecedentes recibidos en sus labores de monitoreo, elaborar informes y pronunciamientos, convocar audiencias y solicitar información a los Estados. También puede tramitar casos y peticiones que eventualmente lleguen a la Corte Interamericana, además de activar medidas cautelares en situaciones graves que pongan en riesgo la vida o la integridad física de personas defensoras de derechos humanos.
Con relación al casode Chile, Pochak señaló que la Comisión sigue con preocupación los cambios normativos en discusión y que ha solicitado información al Estado sobre asuntos específicos, entre ellos la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Diario U. de Chile recordó que la reunión se realizó después de que, en agosto, la CIDH celebrara una audiencia pública sobre las preocupaciones por posibles retrocesos en Chile en materia de memoria, verdad y justicia. Tras esa instancia, la Comisión solicitó al Gobierno de Kast antecedentes sobre el Programa Nacional de Búsqueda, los cambios institucionales y los ajustes presupuestarios.
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