Terratenientes vinculados a asesinatos de indígenas y campesinos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenaron los asesinatos de defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que han tenido lugar recientemente en Guatemala.

La CIDH y la OACNUDH expresan su preocupación ante la situación de riesgo en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y el incremento de hechos de violencia y ataques en su contra.

Los asesinatos de Luis Arturo Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); José Can Xol, líder del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Mateo Chamán Paau y Ramón Choc (CCDA) y Alejandro Hernández y Florencio Nájera (Codeca) dejan en evidencia la situación de violencia e indefensión de las comunidades indígenas y sus defensores en Guatemala.

Estos asesinatos están estrechamente relacionados con la situación de discriminación y exclusión que enfrentan, así como la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios. A estos asesinatos se suman a los de otros tres defensores de derechos humanos y dos periodistas desde inicios de 2018.

La CIDH y la OACNUDH piden investigar estos asesinatos de manera urgente, exhaustiva y objetiva a fin de esclarecer los motivos y circunstancias, tomando en consideración la labor que realizaban los defensores asesinados, en particular el derecho a la tierra y al territorio de sus comunidades. Asimismo, confían en que posteriormente se avance en el juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales.

Paramilitares y terrratenientes

En Guatemala el problema de la tenencia de la tierra sigue siendo estructural, en distintos momentos históricos se ha despojado de la tierra a las comunidades de los pueblos originarios en el país.

La implementación de los megaproyectos extractivos y la extensión incontrolada del monocultivo para la producción industrial de aceites están provocando el desplazamiento, el despojo y la adquisición irregular de las tierras.

De momento, el Estado no regula, mientras la corrupción es el instrumento para que empresas nacionales, transnacionales, terratenientes y empresarios pueden imponer sus intereses. a sangre y fuego, en detrimento de la población.