“Un caso no borra la verdad histórica”: más de 70 organizaciones exigen justicia y denuncian negacionismo tras reportaje sobre Bernarda Vera

En un contundente pronunciamiento, más de 70 organizaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria y entidades defensoras de los Derechos Humanos alzaron la voz para rechazar el negacionismo y reafirmar la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar. La declaración se produce tras el reportaje de Chilevisión que aborda el caso de Bernarda Vera Contardo, registrada como detenida desaparecida desde 1973, y quien presuntamente estaría viviendo actualmente Argentina.

En el texto, las agrupaciones firmantes, no solo criticaron el enfoque del reportaje, sino que también exigieron al Estado chileno el cumplimiento irrestricto de sus obligaciones en la búsqueda de verdad y justicia.

Al respecto, indicaron «elude hacer referencia a la magnitud de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura» de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

Un caso no borra la verdad histórica

Las organizaciones plantearon la necesidad de mantener firme defensa de la verdad histórica frente a la posible instrumentalización de un caso individual y plantearon que la desaparición de Bernarda Vera, independiente de su desenlace, no puede ser utilizada para cuestionar la política sistemática de terrorismo de Estado que se vivió en Chile durante el régimen de Pinochet.

“Un caso no borra la verdad histórica. La dictadura implementó una política sistemática de desaparición forzada, ejecuciones y torturas que dejó miles de víctimas. Un caso, o el reconocimiento tardío de otro, no debilita esa verdad: por el contrario, la confirma. Cada hallazgo nos recuerda la magnitud de los crímenes de lesa humanidad y la urgencia de esclarecer cada uno de ellos”, afirmaron.

Exigencias a un Estado con “obligación ineludible”

El comunicado dirige una exigencia directa al Estado de Chile, recordando su responsabilidad de actuar con la máxima diligencia en la investigación de todos los crímenes cometidos durante la dictadura, así como la necesidad de que el Plan Nacional de Búsqueda se desarrolle con transparencia y eficacia.

“El Estado mantiene una obligación ineludible. El Estado de Chile está obligado a investigar y juzgar con la debida celeridad y diligencia, cada uno de los casos de desaparición forzada y ejecución política. Exigimos que el Plan Nacional de Búsqueda actúe con eficacia, transparencia y compromiso real. Las familias y la sociedad merecen información clara, oportuna y que la búsqueda no se detenga frente a obstáculos políticos, burocráticos o judiciales”, indicaron las agrupaciones.

La verdad, en manos de un “pacto de silencio”

Uno de los puntos más críticos del comunicado se refiere a la ocultación de la verdad por parte de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y sus cómplices, quienes mantienen hasta la fecha un “pacto de silencio».

“La verdad está en manos de los perpetradores y ellos la han ocultado. Agentes del Estado fueron los secuestradores, torturadores, mandos y cómplices de los crímenes y hasta hoy mantienen, un pacto de silencio. También hubo cómplices pasivos que actuaron por acción u omisión. La lucha por la verdad y justicia es la respuesta digna iniciada desde el primer día y que incansablemente continuará hasta alcanzarlas plenamente y se asuman las responsabilidades históricas y judiciales”, denunciaron.

Firme rechazo al negacionismo y la manipulación mediática

Las organizaciones fueron particularmente enfáticas en condenar lo que calificaron como un intento de negacionismo y sensacionalismo en el tratamiento mediático de los crímenes de la dictadura.

“Rechazamos el negacionismo y la manipulación. Denunciamos todo intento de relativizar los crímenes de la dictadura. Condenamos el sensacionalismo mediático que, ayer y hoy, en lugar de aportar al esclarecimiento, busca instalar dudas, encubrir responsabilidades o reabrir discursos justificatorios del golpe y del terrorismo de Estado. La memoria de las víctimas no puede ser usada como espectáculo, ni como arma política”, plantearon en el comunica.

Reconocimiento a la lucha histórica y demanda de justicia

El pronunciamiento incluye un reconocimiento explícito a la perseverancia y dignidad de las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los sitios de memoria, cuya labor ha sido fundamental para mantener viva la demanda de justicia frente la impunidad y el olvido.

Las más de 70 organizaciones plantearon que su exigencia es clara:» toda la verdad, y toda la justicia».

«No aceptamos beneficios indebidos para criminales de lesa humanidad, ni medias prescripciones, ni beneficios carcelarios. La impunidad no puede ser el cierre de esta historia. El Estado debe garantizar certeza judicial, reparación integral y memoria viva para las generaciones presentes y futuras”, enfatizaron.

“La verdad la tienen los criminales y sus cómplices. Seguiremos denunciando, recordando y exigiendo toda la justicia”, cerraron.

A continuación el texto íntegro de la declaración pública: